EL PAíS › DOS CONDENAS POR LA APROPIACION DE SEBASTIAN CASADO TASCA
Una médica de policía que falsificó una partida de nacimiento para ocultar la apropiación ilegal de un niño nacido durante el cautiverio de su madre y la mujer que lo crió como hijo propio fueron condenadas ayer por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Se trata de Nora Manacorda, ex empleada de la División Sanidad de la policía de la provincia de Buenos Aires, y de Silvia Molina, la apropiadora, quien al hacer uso de sus últimas palabras insistió en que desconocía el origen de Sebastián Casado Tasca, que recuperó su identidad en 2006. Tanto el Ministerio Público Fiscal como los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo habían pedido penas más altas que las aplicadas por el tribunal, que en su falló ordenó que se investigue la posible apropiación ilegal de la joven inscripta como María José Capitolino, criada como hermana de Sebastián.
Casado Tasca, quien no asistió a la lectura del veredicto, nació en marzo de 1978. Su madre, Adriana Leonor Tasca, estudiante de Derecho secuestrada en La Plata cuando transcurría su quinto mes de embarazo, estaba cautiva en el centro clandestino La Cacha. Tasca permanece desaparecida, igual que el padre de Sebastián, Gaspar Casado, también estudiante de Derecho y quien según testigos estuvo en la ESMA. El niño fue entregado por un oficial de las Fuerzas Armadas a un matrimonio allegado que integraban Angel Capitolino, ya fallecido, y Silvia Molina, que lo inscribieron como hijo propio gracias a la partida firmada por Manacorda.
El tribunal condenó a la apropiadora a cinco años y medio de prisión, y a la médica a diez años de cárcel. El fallo destacó en ambos casos la “complicidad en el genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar al participar del traslado por la fuerza de un niño de su grupo familiar a otro grupo”. Las condenas fueron como coautoras de los delitos de retención y ocultamiento de un menor de 10 años, supresión de identidad y falsedad ideológica de un documento público.
Los fiscales Hernán Shapiro y Gerardo Fernández habían pedido la semana pasada penas de 10 años de prisión para Molina y doce para Manacorda. Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas, había pedido 13 y 19, respectivamente. Fernández se mostró ayer disconforme con las penas. “No conocemos aún los fundamentos, destacamos lo de cómplices de genocidio para ambas por el traspaso de un niño a otro, que no lo habíamos pedido en ese sentido”, dijo. Colleen Torres, abogada de Abuelas, admitió que “nos parecen poco las penas, será cuestión de apelar a Casación, pero estamos muy contentos con la condena por genocidio”.
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