La Sala I de la Cámara Federal rechazó los planteos de Amado Boudou, de su socio José María Núñez Carmona y de Alejandro Vandenbroele para anular la causa en la que se investiga qué papel tuvieron la quiebra y el rescate de la ex Ciccone Calcográfica así como el origen del dinero para reflotarla antes de su estatización. El tribunal, en una votación dividida, avaló la validez del testimonio de Laura Muñoz, quien dijo que su ex marido –Vandenbroele– era “testaferro” del vicepresidente. También convalidó el allanamiento realizado en un departamento de Puerto Madero que pertenece a Boudou, así como la actuación del fiscal Carlos Rívolo, quien intervino en el expediente hasta que el juez federal Ariel Lijo lo unificó con otro sobre presunto enriquecimiento ilícito.

Con esta decisión, Lijo y el actual fiscal, Jorge Di Lello, podrán seguir avanzando con la investigación, donde los dos principales delitos que se investigan son supuestas negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de dinero. El expediente apunta a determinar si existió algún interés de Boudou, en sus tiempos de ministro de Economía, en beneficiar a alguien y/o a sí mismo, con el pase de control de Ciccone tras un proceso de quiebra que también dejó dudas planteadas en el plano judicial. En ese contexto está bajo la lupa el papel de Vandenbroele, director de The Old Fund, controlante de la imprenta, y de Núñez Carmona. Si bien Vandenbroele sostuvo por escrito en la causa que el dueño de The Old Fund que puso los cerca de 50 millones de pesos para levantar la quiebra es el ex banquero Raúl Moneta, se investiga el origen de ese dinero y el que se utilizó para pagar sueldos de empleados de la imprenta.

Los tres hombres investigados habían hecho planteos de nulidad de la pesquisa, pero al final la Sala I ayer los rechazó. Los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero confirmaron el testimonio de Muñoz. También respaldaron las medidas adoptadas por el fiscal Rívolo, incluso específicamente el allanamiento a su departamento en el edificio River View de Puerto Madero. En este último punto coincidieron con el tercer camarista, Eduardo Farah, en que no se violó ninguna norma al realizar ese procedimiento. Boudou decía que, como presidente del Senado, tiene inmunidad. Los jueces dijeron que la ley de fueros no apunta “al dueño registral”, sino al “efectivo tenedor” de la propiedad. “El inmueble allanado, se comprobó, no constituía su domicilio particular (de Boudou) ni tampoco le servía de oficina”, afirmaron.