Junto a jueces, camaristas y fiscales como Alejandro Slokar o Félix Crous, la procuradora ante la Corte Suprema, Alejandra Gils Carbó, firmó el documento “Una Justicia legítima”, que pregonaba la independencia de los magistrados no solo respecto del Legislativo o el Ejecutivo sino del poder económico.

–El Poder Judicial, o los funcionarios judiciales, ¿de qué deberían ser independientes y por qué?

–No solo del poder político sino de los poderes fácticos. Entre ellos, del poder económico, que trasciende todo acto electoral. En muchas oportunidades puede ser más poderoso que el poder político. Y extrañamente el tema de la independencia de los jueces respecto del poder económico es bastante silenciado. Incluso hay cierta promiscuidad. Hay casos donde se mezclan con los mismos nombres grandes estudios, cátedras y jueces. Los que más aprecian el tema son los afectados por un fallo determinado y a veces los jueces o los fiscales que se encuentran con obstáculos. Todo magistrado sabe que enfrentarse al gran poder económico puede traerle problemas y presiones.

–Usted fue fiscal del fuero comercial. ¿Qué problemas tuvo?

–Querellas falsas, con imputaciones inventadas. Cuando el poder del querellante es tan fuerte a veces algún fiscal sigue la causa adelante aunque la imputación sea impresentable. Hay una asociación informal porque a veces algunos intereses quieren disciplinar al magistrado que se enfrenta a los poderes económicos. Cuando hay una denuncia falsa debería ser descartada de inmediato. Pero en estos casos ocurre lo contrario. Luego aparecen notas en medios de comunicación con falsos datos. Hace poco leí una presunta denuncia contra mí porque había ido a España por un congreso de derechos del consumidor. Además de haberme pagado el viaje yo misma, no se puede comparar una asociación de derechos del consumidor con fundaciones de empresarios que tienen intereses en los juzgados de los magistrados que invitan. Esto no puede no ser advertido. Hay un conflicto de intereses que se plantea al recibir una simple invitación.

–Es que tal vez ése sea un tema virgen en la Argentina: el registro de cuando en el ejercicio de la función aparezcan intereses encontrados. Recuerdo que los lores ingleses, que entre otras cosas tienen una función judicial, deben informar incluso si son coleccionistas de arte por si algún asunto relacionado puede generar contradicciones.

–En la Argentina existe poca cultura de revelar el conflicto de intereses. Se usa muy poco en lo jurídico y en lo académico. Y en el conflicto de intereses está la base de muchísimos delitos económicos: la manipulación de información societaria, las operaciones en competencia con la sociedad, la compra de títulos con información privilegiada. También se da en el ámbito de la Justicia. Existe conflicto de intereses cuando yo tengo un motivo secundario para decidir de determinada manera. Ese motivo no es el principal, que consiste en aplicar la ley.

–Si uno se pone en abogado del diablo podría decir que los firmantes del documento “Una Justicia legítima” hablaron también de la independencia respecto del poder económico para quitarle importancia a la división republicana de poderes.

–Es una falsa oposición. Es obvio que el Poder Judicial debe ser independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Pero de eso sí se habla habitualmente. Hablemos, entonces, también de lo que no se habla. De la independencia de los poderes fácticos. “Lo que no se nombra no existe”, decía Ludwig Wittgenstein. Si tocamos la cuestión de la independencia hay que hablar de todo. Si miramos el mundo veremos cómo algunos jefes de Estado de los países centrales han sucumbido en manos de los poderes fácticos. Financieros, por ejemplo. Directivos de grandes corporaciones llegaron a reemplazar a jefes de Estado o de Gobierno en Europa. Y esas corporaciones financieras eran las que habían causado, justamente, la crisis financiera internacional sin que nadie hablara demasiado de ese conflicto de intereses. No hablar de eso y actuar en consecuencia equivale a saltearse los límites que hubiera merecido cada situación. Límites entre el sector financiero y el poder político. Como se ve, no solo aquí sino en el mundo está en el tapete el objetivo de la independencia completa. Tanto el funcionario del Ejecutivo como el legislador, y también el magistrado, deben velar por el interés general. Y ese interés general tiene que ser un equilibrio de intereses entre el poder económico y el resto de la organización que se dan los ciudadanos en un proyecto común que tienda al bienestar general. Cuando uno se transforma en una marioneta del poder económico porque le conviene, porque le da buena prensa, porque es cómodo y porque así evita las notas falsas, se está alejando de su función. Lo cual es una paradoja en este tiempo.

–¿Por qué una paradoja?

–Porque pese a estos problemas la contracción del funcionario público al interés general es más fuerte en esta etapa que en otras épocas. En otros tiempos el discurso único consistía en una campaña para convencer al ciudadano de que el interés de determinados sectores privilegiados era lo mismo que el interés general. Muchos ciudadanos se convencieron de esa idea. Y la verdad es que muchas veces la realidad es antagónica. Si las decisiones de políticas públicas se toman en función de los intereses privilegiados, es que hay un olvido de sectores que no tienen posibilidades, por falta de recursos o de educación, de tener una vida acorde a la riqueza que se genera en la Argentina. Esto solo puede ser suplido por políticas de Estado que contemplen la situación de la mayoría de los ciudadanos. El olvido y el abandono de este tipo de políticas durante casi tres décadas es lo que derivó en la crisis de 2001.

–Usted cursó la maestría de estudios económicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿De qué le sirvió?

–Aprendí lo suficiente para que no me engañen.

–Cuando se habla de crimen organizado, ¿de qué hablan los juristas exactamente? ¿De mafia, de lavado?

–A mí me gusta distinguir en un sentido amplio la criminalidad económica del crimen organizado. En el mismo sentido amplio, la criminalidad económica puede abarcar delitos penales y delitos no penales. Tiene que ver con conductas que afectan no solo una cuestión patrimonial sino con conductas que producen un daño social. Van más allá de los bienes de un individuo. El crimen organizado es un rango superior de criminalidad. Es más clandestino. Pensamos en tráfico de armas, de personas, de drogas. Pensamos en contrabando. En mafias. Es más complejo y expandido.

–¿El lavado cruza todo?

–Sí, e incluye la evasión tributaria. Todo crimen organizado tiene la finalidad de introducir las ganancias en el circuito de la economía legal. El lavado de activos viene a ser la punta de la madeja de todo crimen organizado. El famoso juez anti-mafia Giovanni Falcone...

–Que fue asesinado.

–Sí. Para Falcone lo principal para llegar a los delincuentes era seguir la ruta del dinero. En italiano, seguire i soldi.

–¿En la criminalidad económica también habría que comenzar por la ruta del dinero?

–Hay varias facetas. Lo que acabamos de resolver en la Procuración es una unidad especial de investigaciones que a su vez está dividida en varias áreas. Por ejemplo, la de defraudaciones bancarias, que a veces no es crimen organizado sino la obra de los llamados delincuentes de cuello blanco. Personas que tienen status social como profesionales u hombres de negocios. Ese status les da prestigio social y entonces ni siquiera se ven ellos mismos como delincuentes sino como meros infractores a la ley. Hay delitos más efectivos como el tributario, el de contrabando. Hay delitos de flujo de capitales ilícitos desde países en desarrollo hacia afuera. Según Global Integrity, entre el 2001 y el 2010 a los países periféricos ese flujo les significó una pérdida de seis trillones de dólares. Por lo tanto eso nos revela que en los últimos 20 años la criminalidad económica y el crimen organizado se expandieron enormemente. Cada año esa cifra aumenta un 13 por ciento. Por lo tanto pensamos que el Ministerio Público tiene que estar a la altura de estos nuevos desafíos del siglo XXI. Hay un reclamo social contra la impunidad en la criminalidad económica. Cualquier argentino sabe que entre 1976 y 2001 se sucedieron crisis bancarias, vaciamientos, un proceso de desindustrialización, la desnacionalización de la economía, la deuda externa que llegó a ser astronómica. Todos estos hechos acontecen como si fuera un fenómeno meteorológico del que, además, nadie puede dar una explicación.

–O sea: natural y misterioso.

–Muchas investigaciones penales sobre desfalcos bancarios y fraudes financieros fueron tan largas que terminaron en prescripciones. Si hay dinero para pagar buenos abogados hay muchas estrategias a mano para hacer que un proceso demore. Y muchas veces la Justicia es funcional, porque siempre es fácil perseguir a los culpables fáciles.

–¿Qué es un culpable fácil?

–Alguien que no se puede defender. Vaya a una cárcel y advertirá quiénes son sus pobladores. Hay una persecución penal selectiva. La sociedad, además, les da más importancia a delitos de robos o relacionados con hechos de sangre. Son importantes, y no niego su relevancia. Pero no pasan de la esfera del individuo. Las últimas estadísticas de la Corte Suprema revelaron que la mayor tasa de homicidios se daba entre conocidos.

–También decían los informes sobre el sur de la Capital Federal y el Departamento Judicial de San Martín que el móvil principal era la riña, en muchos casos por disputas territoriales entre sectores marginalizados.

–Cuando hay un homicidio siempre hay una víctima. Tiene nombre y apellido. La sociedad lo visibiliza. El fiscal sabe a quién acusar. Hay un querellante que reclama justicia. En cambio eso no ocurre con los delitos económicos. Con mucha suerte son percibidos por expertos en el ámbito en que ocurren. Y sin embargo producen un daño exponencial.

–Tomemos un ejemplo: la quiebra fraudulenta.

–De acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público, ¿sabe cuántas condenas hubo en los últimos años?

–No lo sé.

–Cinco.

–¿Solo cinco?

–Sí. Y no hay, por tomar un año solo, solamente cinco procesos por quiebra fraudulenta, ¿no? Por lavado de dinero, ¿cuántas condenas?

–Ya no me animo a decir ningún número.

–Una.

–¿Una?

–Sí. Una condena en las últimas décadas. Y eso que solo sabiendo quiénes son los beneficiarios es como se detecta el fenómeno y es posible llegar al origen del crimen. Lamentablemente, las estadísticas todavía son pobres. Incluso esas estadísticas revelan que solo llega a condena el 10 por ciento de los delitos económicos. Pero yo a eso le agregaría que habría que hacer una estadística sobre criminalidad no detectada. Cuando una persona no puede acceder a los planes sociales o no puede acceder a un servicio por su discapacidad, esa persona no suele advertir que esa vulneración de derechos se produce por las grandes pérdidas que significan para el Estado la evasión tributaria, el lavado por fuga de capitales...

–¿Cómo distinguirán los fiscales entre fuga y remesa?

–Por el principio de legalidad. La remesa es legal. La fuga tiene muchas variantes y a menudo parte de una situación de explotación de las riquezas de este país, como sucedía antes con el petróleo. A veces por un lado no hay reinversión de riquezas y por otro lado una violación de la legalidad a través de la fuga mediante circuitos ilícitos. Puede suceder que las entidades financieras que estimulan y atraen capitales para la fuga sean las mismas que controlan a las calificadoras de riesgo. Por su sola decisión pueden provocar y aumentar el flujo de capitales. De eso debe protegerse la sociedad. Recién en los últimos años el Estado comenzó a tomar medidas para que la riqueza de este país llegue de manera directa o indirecta a los ciudadanos.

–¿Qué harán los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica?

–Ya había unidades especializadas dentro del Ministerio Público. Pero estaban a cargo de un fiscal que al mismo tiempo atendía otros asuntos. No podía tener entonces la dedicación plena que requiere un tema tan complejo. La Procuraduría tendrá seis coordinadores por área, como fraude económico y bancario, mercado de capitales, lavado de activos, delitos tributarios, delitos contra la administración pública, porque muchas veces en los delitos económicos hay una pata estatal que debe ser estudiada, concursos y quiebras... Trabajamos mucho. Percibimos en este último rubro que existen acreedores ficticios y compra de votos con un sinnúmero de maniobras para licuar activos y eludir la responsabilidad financiera. Por supuesto estos acuerdos abusivos terminan sin condena.

–¿Los fiscales tienen capacitación suficiente como para conocer tanto el plano legal como el ilegal en un mundo globalizado?

–La capacitación nunca es suficiente y debe ser permanente. Si hay algo que caracteriza al fraude es que cuando alguien lo esclarece, la vez siguiente muta y se transforma en un nuevo artificio. La Argentina estaba retrasada en la construcción de herramientas para investigar estos delitos complejos. Ahora estamos creando estas estructuras.

–Si los delitos a veces no afectan a personas con nombre y apellido, ¿los fiscales seguirán una política de actuar de oficio ante la sospecha de un delito complejo?

–Sí. La Procuraduría no solo asistirá y colaborará con los fiscales en casos en curso sino que tendrá la facultad de realizar investigaciones preliminares. Tendrán investigadores propios del Ministerio Público, lo mismo que cuerpos técnicos. Así, cuando la causa llegue al juzgado tendrá un bagaje de investigación importante y después quedará garantizado el seguimiento de esa causa. El Ministerio Público debe hacer política criminal: avanzar en causas de gran impacto social y económico que de otro modo pasan desapercibidas. Incluso pasan desapercibidas dentro de un medio de comunicación.

–Es que entre los medios y los periodistas hay una cuestión de intereses, como puede suceder entre jueces y fiscales, pero también una necesidad de mayor rigor y persistencia en la investigación.

–En el actual sistema del Ministerio Público se dedican los mismos recursos a investigar un solo cheque sin fondos que una banda criminal. Además, en la Argentina todavía rige el sistema mixto. Es el juez quien decide si investiga él o si investiga el fiscal. Esa no es la forma más eficiente. El juez tiene un papel más acotado y más distante de las partes que el fiscal. Los fiscales pueden interactuar con organismos de control del Estado, con otras agencias, con las fuerzas policiales. Esperar informes en un escritorio no es la mejor forma de investigar. Y desde el punto de vista de las garantías quien investiga no debería juzgar.

–¿Habrá un énfasis mayor para que el Ministerio Público haga denuncias?

–El Ministerio Público ya de por sí tiene un gran caudal de información propia. Debe ordenar y procesar esa información. Con personas de plena dedicación habrá alertas para prevenir riesgo sistémico. Hay una tendencia mundial a que crezcan los controles económicos y financieros. Los organismos del Estado vienen avanzando mucho en la última década. Se ve en la reciente ley sobre mercado de capitales. En la búsqueda de que los argentinos no solo quieran comprar moneda extranjera sino que vayan reemplazando esa meta por la de comprar el bono de una empresa pública. El Ministerio Público debe acompañar este aumento de controles y garantías del Estado a través del Banco Central y de la Comisión de Valores. Debe relacionarse con estas agencias y proteger a los ciudadanos y consumidores de los fraudes incluso antes de que se produzcan. Porque a veces, cuando llega la reparación económica es tarde, muy tarde.

–¿No hay riesgo de que el Ministerio Público reemplace con su política criminal a los otros organismos?

–La política criminal la realiza el Congreso ya cuando sanciona leyes. También el Poder Ejecutivo cuando asigna recursos. El Ministerio Público puede enfatizar la persecución penal hacia áreas determinadas. Por ejemplo, la criminalidad económica. La reforma quiere dotar a los fiscales de áreas y técnicas investigativas propias para que pueda avanzar rápidamente. Por eso es la idea de contar con equipos propios y cruzar la información de la que ya dispone el Ministerio Público. También vamos a reforzar el criterio regional. Hay provincias con siete puertos, o sea siete ingresos por agua, y ninguna causa abierta por contrabando. Es raro, ¿no?

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