Se ha dictado sentencia en la causa del Circuito Camps, veintitrés sentencias de las cuales dieciséis son condenas a prisión perpetua.

Este fallo, ejemplar en sus considerandos, trae además un salto cualitativo en materia del juzgamiento del genocidio de la última dictadura cívico-militar: uno de los condenados a prisión perpetua es Jaime Lamont Smart –ministro de Gobierno del ex gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Saint Jean– primer civil de alto rango condenado por genocidio. Una nueva muestra de la enorme potencia que tiene la convergencia de las luchas populares con la voluntad política de un Gobierno que no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Queremos expresar un profundo agradecimiento a todos y todas los que han atestiguado en los juicios a lo largo y a lo ancho del país.

Qué fuertemente repiquetean en nuestra memoria las palabras del genocida Smart: “Tenemos el deber de desenmascarar a quienes armaron a los delincuentes subversivos, porque si no corremos el riesgo de que dentro de unos años vuelvan de las sombras.... Lo cierto es que esa subversión no es la subversión meramente armada. Muchas veces se equivocan los términos cuando se limita exclusivamente el de subversión al combatiente, que es abatido por las fuerzas del orden. En la subversión debemos incluir a quienes armaron a esos combatientes, pues si nos ponemos a analizar creo que son más responsables que los mismos combatientes. Esos responsables son los profesores de todos los niveles de enseñanza”.

Pocas veces la dictadura militar se expresó con tanta claridad respecto de sus ideas “civilizatorias”, que en ese reportaje que publicara La Nación el 12 de diciembre de 1976, el mismo medio que abogó por Smart durante todo el juicio.

Estos argumentos son el soporte ideológico y político del asesinato de Isauro y Arturo Arancibia, la desaparición de Marina Vilte, Eduardo Requena, Susana Pertierra –dirigentes de Ctera– y los más de seiscientos docentes detenidos desaparecidos, los miles de compañeros y compañeras presos, exiliados, cesanteados.

Este pensamiento, que aún hoy tiene seguidores, los mismos que hace treinta y siete años también fundamentaron la prohibición de libros y la quema de un millón y medio de ejemplares del Centro Editor de América Latina en un baldío de Avellaneda.

Reflexionar sobre estas declaraciones, hechas desde la impunidad que creyeron eterna, nos ayuda a reponer el sentido del trabajo docente: la formación de sujetos críticos, creativos, con sus capacidades para las prácticas sociales, científicas, artísticas, deportivas, comunicacionales, políticas, desarrolladas al máximo. Nos ayuda a recordar con John W. Cooke que “las oligarquías son los dueños de los diccionarios”, por lo tanto es tarea de la escuela construir los diccionarios populares que permitan a nuestros estudiantes leer el mundo en clave de justicia social, de libertad, de soberanía, de solidaridad, de latinoamericanidad, de democracia participativa, de igualdad. Los enemigos del pueblo tuvieron muy claro por qué perseguir a los docentes y atacar a la escuela pública. Esa misma claridad debemos tener hoy los educadores para reafirmar nuestro compromiso con una educación emancipatoria.

En donde hay una escuela, está la Patria.

* Secretaria general de Ctera.