“Lo concreto es que los sospechosos iraníes se van a sentar en el banquillo y se someterán a la indagatoria en los términos de la ley argentina, ante un juez argentino y un fiscal argentino. Quien sostenga que esto es una cesión de soberanía o actúa de mala fe o tiene desconocimiento.” Con estas palabras, el canciller Héctor Timerman resumió lo que considera es el núcleo central del acuerdo firmado el domingo entre Argentina e Israel. Timerman habló con este diario al final del encuentro que mantuvo ayer con los dirigentes de la AMIA, la DAIA, las distintas vertientes de los familiares de las víctimas, que estuvieron acompañados por sus abogados. El canciller les aclaró una cuestión básica: que la comisión que se menciona en el acuerdo será básicamente de asesoramiento de los poderes ejecutivos de Argentina e Irán y su tarea fundamental consistirá en garantizar el proceso, incluyendo la seguridad de todos los que viajen a Teherán. Por otra parte, dirigentes de la comunidad judía y familiares de las víctimas sugirieron dos nombres para integrar esa comisión, ambos de alto impacto: el ex juez español Baltasar Garzón y el jurista chileno Claudio Grossman, que fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Fue una reunión poco formal, fogosa e inteligente. Estamos conformes”, le dijo a Página/12 uno de los dirigentes de la comunidad judía que participó del encuentro. “El canciller estuvo muy bien predispuesto a nuestros planteos”, dijo Guillermo Borger, titular de la AMIA. Y su par de la DAIA, Julio Schlosser, expresó que Timerman “nos explicó que esta comisión, independientemente del nombre que le pongamos, no va a interferir en el accionar de la Justicia, y que la Justicia que va a intervenir es la argentina, a través del fiscal”. También el canciller se fue conforme: “Fue un trabajo muy intenso con los familiares y la dirigencia comunitaria. Creo que quedaron claros algunos puntos clave”.

Lo cierto es que nadie está seguro del éxito del proceso que se está poniendo en marcha, pero surgió en forma bastante nítida la decisión de avanzar, de intentar destrabar algo que no avanza desde hace 18 años. Los iraníes siempre negaron su participación en el atentado y nunca aceptaron que sus funcionarios declaren. La Justicia argentina no pudo dar ningún paso decisivo. Todo quedó en el plano de la denuncia internacional.

Las cuestiones que se abordaron ayer y que despejaron bastante las dudas fueron las siguientes:

- Que el proceso se hace en los términos legales argentinos. Es decir que a los imputados iraníes se los indaga formalmente, de acuerdo al Código Procesal Penal. Esto es posible desde el punto de vista legal, tiene antecedentes que fueron avalados por la Corte Suprema y se supone que el máximo tribunal dará el visto bueno. Por otra parte, el juez requiere de autorización para viajar y lo mismo ocurre con el fiscal.

- Que la llamada Comisión de la Verdad no tendrá efectos vinculantes, ni tiene poder sobre el proceso legal. Sus funciones serán dos: garantizar el debido proceso, es decir que se respeten las leyes de Argentina y de Irán. Y garantizar la seguridad y los derechos de todos los que participen. Por ejemplo, la función de la comisión es asegurar la llegada y la salida de Irán del juez Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal Alberto Nisman, de los abogados querellantes que representan a las familias de las víctimas y demás autoridades y personas que viajen. Esa comisión no emitirá un dictamen opinando sobre validez de las pruebas ni podrá objetar los fallos judiciales. Aquí hay otro punto que no estaba claro en el acuerdo y que tiene su importancia, según sostienen algunos abogados que intervienen en la causa, la comisión no podría estar presente en el momento mismo de la indagatoria, porque no lo permite el Código. Habrá que ver la opinión de Canicoba Corral en este terreno. Según coincidieron los letrados presentes, deberán seguirse los pasos procesales en forma estricta para evitar nulidades en un futuro.

- Dio cierta tranquilidad conocer dos de los nombres que se podrían proponer para esa comisión. Ambos de extraordinario prestigio e indudable ecuanimidad. Baltasar Garzón es un jurista reconocido internacionalmente y Claudio Grossman tiene, además, la ventaja de conocer el expediente al detalle. Como observador de la CIDH en el juicio oral del caso AMIA, realizó un dictamen muy elogiado. Como se sabe, la comisión tendrá cinco miembros, dos propuestos por Argentina, dos por Irán y un quinto, que será el presidente, que surgirá del consenso entre ambos países. Ninguno de los cinco pueden ser argentinos o iraníes.

- Queda claro que no se bajarán las alertas rojas de Interpol, es decir que los imputados seguirán prófugos hasta que el juez y el fiscal cambien su situación.

- Es obvio que el proceso judicial en la Argentina continúa sin interrupciones. Es más, para las indagatorias, tendrá que haber un auto de procesamiento en el que se pongan sobre el tapete las pruebas contra los imputados. Desde hace meses se sabe que el fiscal Nisman tiene a la firma un dictamen con nuevas evidencias.

A la distancia, no es fácil comprender la magnitud y el impacto que tienen las indagatorias que se tomarán en Teherán.

- Tendrán que sentarse en el banquillo dos candidatos a presidente, de los cuales uno, Ali Velayati, tiene grandes chances de ser presidente de Irán en junio. El otro, Mohsen Rezai, viene rezagado en las encuestas, pero hoy por hoy también se postula a la presidencia. Velayati es el principal asesor del máximo líder religioso de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y el diario francés Le Monde reveló en octubre que Velayati habría viajado en secreto a Washington para mantener diálogos confidenciales con el gobierno norteamericano en torno de la cuestión nuclear. Velayati desmintió esa versión, pero en cualquier caso muestra que se trata de uno de los mayores protagonistas de Irán en la actualidad.

- Será indagado también Ahmad Vahidi, actual ministro de Defensa de Irán.

- Si los indagados son únicamente los iraníes buscados por Interpol, con alerta roja, no se sentará en el banquillo el ex presidente Ali Rafsanjani, quien era presidente en el momento del atentado. La organización internacional de policía no admitió el alerta roja contra él por su rango, pero en la causa argentina sigue imputado. Rafsanjani tiene 79 años, integra un Consejo de Arbitraje y fue una figura de la renovación, enfrentado al presidente Mahmud Ahmadinejad.

- No será indagado tampoco el ex embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour, sobreseído en Londres por jueces ingleses que consideraron que las pruebas aportadas en ese momento por el juez Juan José Galeano eran insuficientes. Pero sí habrá indagatoria para el ex agregado cultural Mohsen Rabbani, considerado el coordinador del atentado, y para el ex tercer secretario de la embajada en 1994, Ahmad Reza Asgari.

Quien tampoco llegará al banquillo de los acusados es el libanés Imad Mugniyeh, ex jefe militar de Hezbolá. Fue asesinado en Damasco, Siria, en febrero de 2008, con una bomba colocada en el cabezal del asiento del conductor de su auto.