“Una ley perfectamente puede encuadrar los procedimientos de los que habla el acuerdo entre Argentina e Irán. Hay antecedentes de indagatorias tomadas en otros países, aunque por lo general en las embajadas. Pero no veo inconvenientes en que se extienda la jurisdicción. Respecto de la comisión de la que se habla en el acuerdo, me parece que puede hacer recomendaciones, como un amicus curiae, pero desde ya que no puede actuar como si fuera una Cámara.” Las afirmaciones fueron realizadas ayer por el juez Rodolfo Canicoba Corral, el magistrado que está a cargo de la causa AMIA, en diálogo con este diario.

“Si nuestra investigación es seria –señaló el juez– puede estar perfectamente abierta a recomendaciones de una comisión de juristas. No serán recomendaciones vinculantes, por supuesto. Y menos aún puede tener las facultades de una Cámara que revisa fallos de los jueces. Hablar de inconstitucionalidad es desconocimiento, porque todo esto no está regido por la Constitución, sino que son procedimientos que se originan en leyes. Y una ley le puede dar marco a lo vertido en el acuerdo. No veo objeciones.”

Una de las dudas que se plantean es qué sucede si, tras las indagatorias, el juez decide que alguno de los imputados quede detenido. El criterio es que en ese caso Irán debería entregar a ese individuo. De no hacerlo, quedará en rebeldía, con la resonancia internacional que tendría.

En principio, en el juzgado sostienen que la indagatoria podría llevarse a cabo a corto plazo, no requiere de pasos previos, ya que los fundamentos de las sospechas, la base de la imputación, fue presentada hace rato por el fiscal Alberto Nisman y la convalidó el juez con las órdenes de captura que se emitieron justamente porque los iraníes no se presentaron.

El otro tema señalado en el juzgado es que los alertas rojos deben mantenerse porque, al menos hasta ahora, nada ha cambiado. Después de las indagatorias, el magistrado tendrá que tomar decisiones. La causa no cesa –afirman en el juzgado– con las indagatorias, sino que continúa el proceso.

Más allá del aspecto jurídico, el próximo paso estará indudablemente en el Congreso. Como lo señala el acuerdo, éste no entrará en vigencia si no es aprobado por los Congresos de Argentina e Irán. Hasta ahora, casi toda la oposición está en contra, argumentando la pérdida de soberanía. Tal vez lo dicho por el juez y el diálogo entre Timerman, los familiares y las instituciones judías cambie la postura de los opositores, aunque parece poco probable. El debate seguramente se dará en marzo.