El Gobierno estudia seriamente la posibilidad de intervenir el PAMI como respuesta a la férrea resistencia del directorio a producir cambios de fondo en la obra social de los jubilados. Así lo confirmaron a Página/12 fuentes oficiales, al entender que el margen de negociación con las actuales autoridades del Instituto es cada vez más estrecho.
La idea de la intervención fue elevada al Gobierno por Juan González Gaviola, uno de los dos representantes estatales en el PAMI. El delegado oficial se inclinó por esa alternativa al no conseguir el aval del directorio para remover a la actual línea gerencial. No son cargos menores: a ese nivel jerárquico se deciden las habilitaciones de fondos y de contratos.
Gaviola conversó el tema con Alberto Fernández. El jefe de Gabinete a su vez supeditó cualquier tipo de decisión a una conversación que ambos mantendrán hoy con Néstor Kirchner. Ayer el presidente no pudo analizar a sus anchas el conflicto ya que viajó a Brasil, donde se reunió con su par Luiz Inácio Lula da Silva.
Lo que sí recomendó Fernández fue la suspensión de una conferencia de prensa en la que Gaviola pensaba contar pormenorizadamente la resistencia interna en el PAMI. La estrategia del silencio fue para no producir mayores desgastes en un área sensible y a pocos días de haber asumido el poder. Desde la misma obra social de jubilados, algunos, interesadamente, echaron a rodar el nombre de José Corchuelo Blasco como posible interventor.
Ginés González García fue otro protagonista que se rindió al bajo perfil. El ministro de Salud no es partidario de la intervención y hasta preferiría tener un mano a mano con la cúpula de la CGT oficial para poder avanzar con los cambios en el PAMI sin mayores inconvenientes. Eso le dijo anteanoche al diputado nicoleño José María Díaz Bancalari, durante una abundante cena en el restaurante Vasco-Francés.
El líder de esa central, Rodolfo Daer, se encuentra en Ginebra participando de la asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo. Ginés aspira a que, tratativas mediante, los dos representantes sindicales en la obra social de lo jubilados sean rápidamente reemplazados, algo que a la luz de los hechos parece casi imposible.
Uno de ellos, Reynaldo Hermoso, anticipó la guerra en caso de intervención. Dijo que defenderá el PAMI “con las masas” de trabajadores y reconoció su vinculación con Luis Barrionuevo, un enemigo acérrimo de Kirchner. El otro, Domingo Petrecca, que viene de la gestión del ultramenemista Víctor Alderete, fue un poco más cauto. “Realmente no veo causa fundada para una intervención y no tenemos nada contra el Presidente”, dijo a Página/12.
Uno de los métodos para la intervención es que la Sindicatura General de la Nación la pida al Congreso y éste defina. Pero los diputados se habrían negado debido a que hace sólo cinco meses asumieron los nuevos directores, aunque en una votación que sólo convocó al 10 por ciento del padrón.
Justamente el titular de la Sigen, Alberto Iribarne, iba a asistir a la conferencia de prensa convocada por Gaviola. Lo mismo pensaban hacer el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, y el ombudsman de la tercera edad, Eugenio Semino.
La otra alternativa es la firma de un decreto de necesidad y urgencia, el más directo y el que, según coincidían fuentes del PAMI, ya se encuentra analizando Kirchner. “Cada vez que se intenta encarar un proceso serio en el PAMI aparecen los comportamientos mafiosos. El Presidente sigue atentamente los acontecimientos”, señaló anoche un vocero oficial.
Desde la Casa Rosada también descartaron que el ex presidente Eduardo Duhalde estuviera fogoneando la pelea. “Un ministro habló con él y no puso reparos”, señalaron. El conflicto se suscitó durante la reunión de directorio en la que Gaviola invitó a los otros 10 miembros a avalar la remoción de todos los gerentes, subgerentes y directores de la Unión de Gestión Local, como se conocen a las sucursales del PAMI en el interior del país.
El gobierno sospecha, aunque no lo dice públicamente, que en esos ámbitos se generan nichos de corrupción y por eso pretende hacer una limpieza masiva. Pero Gaviola no encontró la respuesta esperada.
En principio la mayoría presentó reparos formales. Aseguró que ese punto del acta nunca había sido tratado antes, ni siquiera en el último encuentro de autoridades, el 5 de junio pasado, y por lo tanto exigió las 48 horas que establece el reglamento del funcionamiento interno del directorio para analizar el tema.
“La ley dice que este es un cuerpo colegiado, no estatal, y las decisiones las debe tomar el conjunto de los directores. Nosotros no le vamos a firmar ningún cheque en blanco a nadie”, expresó Petrecca.
–¿Y por qué se niegan a la remoción de los gerentes, subgerentes y directores de provincias? –preguntó este diario
–Primero porque no vamos a votar a libro cerrado. Después porque el PAMI fue normalizado el 15 de enero y los nuevos gerentes terminaron de asumir hace apenas tres meses en sus cargos. ¿Con qué razón ahora vamos a cambiarlos? Este es un organismo autárquico, no un organismo estatal.
Poco después de la conversación de Petrecca con este diario, el grupo de directores rebeldes, en el que se encuentra el propio hombre de la CGT, hizo circular un “paper” con un resumen de lo ocurrido cronológicamente en la controvertida mañana. Los puntos más destacado son:
- Se aprueba la designación de Gaviola como presidente del directorio del PAMI “con la firme decisión de apoyar y acompañar la nueva gestión del Presidente de la Nación” (la versión del Gobierno era que impulsaban a Ramón Granero, el otro representante estatal, para chicanear a Gaviola).
- Los directores, en su mayoría (serían 6 contra 5), rechazan la firma del acta “por la inclusión de puntos que no fueron discutidos ni votados” previamente.
- Por esa negativa Gaviola “se ofusca y manifiesta que así él no acepta la presidencia del directorio, que deja acéfalo a ese cuerpo y que hace responsables a los directores de tal situación”.
- Se endilga al hombre de Kirchner una expresión en el que acusa al directorio de “perdedor” por haber apoyado a Carlos Menem en las últimas elecciones y que como representante “del candidato ganador” se autofaculta para “designar a toda la línea gerencial para responder a la política del Gobierno Nacional”.
Hubo omisiones curiosas. La más llamativa: nada se dice allí de la reducción salarial del cuerpo directivo anunciada por Gaviola para que nadie supere el techo de 3 mil pesos. Esa disposición sería una, entre tantas, de las que gran parte de las autoridades se resisten a aprobar.
Para hoy se espera un nuevo capítulo de la guerra.