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La investigación judicial sobre el patrimonio de Carlos Menem sigue teniendo un camino sinuoso. La Cámara Federal ordenó que se tramitaran por separado las denuncias contra el ex presidente por presunta omisión maliciosa de bienes en sus declaraciones juradas y enriquecimiento ilícito, y que esta última causa se acumulara con la que instruye el juez en lo penal económico Julio Speroni, por contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Ese expediente está prácticamente congelado en ese juzgado que siempre le dio buenas noticias a Menem. La sala II emitió ayer cuatro resoluciones, una de las cuales ratifica el rol de querellante de la Oficina Anticorrupción (OA), pero no abordó aún la cuestión de fondo: ratificar la falta de mérito que el juez Norberto Oyarbide le dictó a Menem, ordenar sobreseimiento o su procesamiento. A principios de abril, el entonces fiscal de Cámara Norberto Quantín, en respaldo de la posición de Federico Delgado, solicitó que se inclinaran por esta última opción.
Los abogados del ex presidente habían planteado que Oyarbide no podía avanzar con la denuncia de la OA porque su cliente riojano ya estaba siendo investigado por el mismo delito en otros dos juzgados. Los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi les respondieron que la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ya había resuelto que el delito de enriquecimiento ilícito forma parte del mismo expediente en el que el juez Speroni investigó el contrabando de armas. Por lo tanto, revocaron el fallo por el que cual Oyarbide había rechazado desprenderse de la causa.
Ese proceso se reactivó a partir de la declaración de un testigo del sumario por el atentado contra la AMIA: Abolghasem Meshbahi relató que Menem habría recibido de las autoridades de Irán 10 millones de dólares, que ese dinero estaría depositado en Suiza y que habría sido entregado “en contraprestación por las declaraciones que (Menem) debería efectuar en favor de la desvinculación del gobierno de ese país en el atentado a la sede de la AMIA”. Los abogados del ex presidente plantearon, sin éxito, que existía identidad entre la causa de Oyarbide y la investigación por el ataque a la mutual judía. Pero la acusación que volvió a poner en jaque a Menem fue haber omitido en su declaración jurada una cuenta suya en Suiza, cuya existencia confirmó durante una entrevista con la cadena CNN. El ex presidente atribuyó el origen del dinero a una indemnización de 200 mil dólares que logró cobrarle al Estado por su prisión durante la dictadura.
Al separar el trámite de las causas, la Cámara decidió que en el sumario por la “omisión maliciosa” siga interviniendo el fiscal Carlos Stornelli, cuyo apartamiento había sido impulsado por Oyarbide. El magistrado había marginado a Stornelli cuando acumuló las causas, ya que en la denuncia por enriquecimiento ilícito, en la que también aparecen involucrados otros funcionarios menemistas, había intervenido el fiscal Miguel Osorio. La sala II ordenó que Oyarbide retenga la parte de la denuncia por enriquecimiento ilícito que implica al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, al ex secretario privado de Menem, Ramón Hernández y al ex titular de la Casa de la Moneda, Armando Gostanian. Los camaristas también desestimaron un planteo de nulidad de la defensa de Anzorreguy y Gostanian por la actuación preliminar y como querellante de la OA.