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El caso Correo Argentino S.A. será todo un test para el gobierno de Néstor Kirchner y su proclamada decisión de exigir el cumplimiento estricto de los compromisos asumidos por las privatizadas. Si se aplica ese criterio a la empresa postal que asumieron en 1997 el Grupo Macri y Banco Galicia, el desenlace previsible es la rescisión del contrato, teniendo en cuenta sucesivos pronunciamientos en ese sentido de organismos como la Auditoría General de la Nación, la Sigen y otros por el cúmulo de incumplimientos. En el mismo sentido se pronunció un dictamen requerido hace casi dos años por Jefatura de Gabinete cuando la ejercía Chrystian Colombo. Sin embargo, el retiro de la concesión plantea perspectivas complejas y hasta temibles para el Estado según advierten diversos expertos, aunque no siempre de buena fe. Se argumenta, por ejemplo, que la decisión beneficiaría en la práctica a Oca, del Grupo Exxel de Juan Navarro, con un management heredado de la época de Alfredo Yabrán, esto dando por sobreentendido que el Estado volvería a ser un mal administrador.
Aunque la reestatización del servicio se plantee como provisoria, no es posible prever por cuánto tiempo se extenderá, ya que Franco Macri podría trabar judicialmente el proceso de relicitación. Este es uno de los problemas concretos que se le presentan ahora a Guillermo Moreno, nuevo secretario de Comunicaciones, y a su jefe, Julio De Vido, ministro de Planificación Federal e Inversión Pública. Aun suponiendo que se supere rápidamente ese escollo, quedaría el desafío de encontrar interesados en un negocio que ha perdido, por razones tecnológicas, buena parte del atractivo que tuvo en el pasado.
Ya seis años atrás sorprendió el canon de 103 millones anuales que ofreció pagar Macri para adjudicarse la licitación, además de 25 millones por año de inversión. Los suspicaces se sintieron justificados cuando en 1999 el consorcio cesó en sus pagos, comenzando a acusar al Estado de supuestos incumplimientos, mientras pretendía computar las indemnizaciones por retiros voluntarios como inversiones (un sorprendente criterio que aplica el Banco Mundial para premiar el despido de empleados públicos). La táctica consistió en ampararse en los reproches a la otra parte para no cumplir lo pactado. Al respecto, el mencionado dictamen que se elaboró en Jefatura de Gabinete rechazaba la “pretensión de no cumplir invocando en forma unilateral el incumplimiento del otro”.
Ahora, después de que los anteriores gobiernos prefirieron diferir la cuestión y eludir la confrontación con poderosos empresarios, el actual no puede volver a barrer bajo la alfombra. Sabe, sin embargo, que, aun en caso de una licitación exitosa, el nuevo adjudicatario no ofrecería obviamente un canon ni siquiera parecido al que Correo Argentino prometió y no pagó. Macri podría en tal caso argumentar, políticamente, que le quitaron la concesión para dársela a otros por mucho menos dinero. De todas formas, la rescisión se apoyaría en abundantes razones, entre ellas que la adjudicataria se presentó en convocatoria de acreedores en octubre de 2001, lo que configura una clara causa. También es cierto que el balance para CASA no sería brillante: los activos de la empresa volverían al Estado, junto con la explotación del negocio, y Macri se quedaría con un abultadísimo pasivo, contra el cual intentaría jugar acreencias bastante abstractas, como el resarcimiento por “asimetrías laborales”.