En agosto del 2000, el juez Jorge Ballestero escribió que así como en 1984 el gobierno de Raúl Alfonsín se había dirigido por nota al FMI para denunciar las características del endeudamiento argentino y obtener mejores condiciones de pago, “tal vez ha llegado el momento de reiterar similar petición para lograr una reducción en los costos financieros de la deuda, sin perjuicio de otras ventajas que pudieran obtenerse de los países acreedores”. En la Casa Rosada estaba Fernando de la Rúa y el magistrado concretaba el cierre de una causa iniciada por Alejandro Olmos el 4 de abril de 1982 contra el ex ministro de la dictadura militar José Alfredo Martínez de Hoz por el crecimiento desorbitado de la deuda externa argentina. En su fallo, el juez sostuvo que remitiría copias al Congreso para que los legisladores adopten “las medidas que estimen conducentes para la mejor solución en la negociación de la deuda que, reitero, ha resultado groseramente incrementada a partir de 1976 por una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país”. A casi 3 años del fallo, en el Congreso no prosperó ninguna de las muchas iniciativas presentadas para formar comisiones de seguimiento de las negociaciones de la deuda o que revisen las dudosas maniobras que produjeron su desmesurado crecimiento, durante la dictadura o luego del Plan Brady o el Megacanje.
Ballestero firmó su sentencia cuatro meses después de la muerte de Olmos, principal impulsor de la causa. Desde el retorno a la democracia en 1983 hasta 2001, en el Congreso se presentaron 106 proyectos vinculados a la deuda externa. En Diputados se concretaron 76 iniciativas y en el Senado las restantes 30. La mayoría de ellos, sesenta y cuatro, reclamaban la formación de comisiones investigadoras. En todos los casos los pedidos se perdieron en la intrascendencia. Los primeros fueron formulados por los entonces diputados del Partido Intransigente. Los últimos corresponden a una iniciativa de los senadores Raúl Baglini y Oscar Lamberto de conformar una comisión que realice el seguimiento de las negociaciones de la deuda y otra propuesta del arista Mario Cafiero que, en consonancia con el fallo de Ballestero, reclama la formación de una comisión que investigue los ilícitos que rodearon al endeudamiento.
Desde el fallo de Ballestero, Cafiero vino sin éxito reclamando investigar la deuda externa. Este año algo parece que será distinto. La iniciativa cuenta con el expreso respaldo del titular del bloque justicialista en Diputados, el duhaldista José María Díaz Bancalari. “Vamos a avanzar no sólo sobre la deuda de la dictadura, como investigó Ballestero, sino también sobre iniciativas como la del Megacanje de Domingo Cavallo”, le confirmó Bancalari a este diario.
Dejando en claro que tal vez en el 2003 se pueda concretar lo que no se pudo desde el retorno de la democracia, Cafiero, le dice a Página/12 que “hoy hay otro escenario. Hay que discutir si el futuro modelo económico se asentará sobre el endeudamiento o sobre el sector productivo”. Cafiero sostiene que “es posible investigar los ilícitos que rodean a la deuda ya que hasta hay resoluciones de los propios bancos en los que se admiten los riesgos del sobreendeudamiento que estaba teniendo la Argentina”. Para el legislador hay un aspecto que debe tenerse en cuenta y es el principio de “deuda odiosa”. Figura que está en el derecho estadounidense y que fue aplicado en 1898 cuando los Estados Unidos intervinieron en Cuba luego de la guerra de la isla contra España. En aquella ocasión los norteamericanos desconocieron la deuda de Cuba con España porque había sido tomada por un Estado colonial. “El mismo argumento lo utiliza George W. Bush para pedir el perdón de la deuda del Irak de Saddam Hussein”, se explaya Cafiero. Incluso recuerda que el Citibank dejó de prestarle a Sudáfrica cuando ésta impulsaba la segregación racial conocida como “apartheid” por temor a que fuera considerada “odiosa” y por lo tanto no le fuera reconocida. En el 2000 este debate ya se había insinuado en Diputados. En aquella oportunidad, el mendocino Raúl Baglini había afirmado que el problema era que la deuda externa es fungible y no se puede diferenciar a las ovejas blancas de las ovejas negras. Lejos de querer investigar los manejos ilícitos que rodearon al endeudamiento argentino, el proyecto que el mendocino presentó en el Senado, plantea que una comisión formada por los presidentes de las comisiones de Hacienda y Finanzas de ambas cámaras realizaran el seguimiento de las nuevas negociaciones.
“La negociación de la deuda es una atribución del Ejecutivo, quiero ver si ese proyecto es aprobado por los diputados”, adelanta a este diario un destacado legislador del oficialismo. Si no es aprobada, la iniciativa de Baglini perderá estado parlamentario este año. Por lo pronto se encuentra en la comisión de Presupuesto que dirige el jujeño Carlos Snopek y el expediente no se ha movido mucho. Consultado por este diario, el radical Jesús Rodríguez señala que “la deuda externa se discute todos los años cuando se analiza el presupuesto nacional”. Rodríguez, último ministro de Economía de Raúl Alfonsín, no se mostró muy entusiasmado con la creación de comisiones investigadoras y suscribió a la iniciativa de Baglini.
“Realizar una comisión investigadora puede servir como método de investigación histórica. Cuando el radicalismo en el Club de París se hizo cargo de la deuda, ahí se terminó la discusión. La deuda la legalizaron los radicales y luego con el Plan Brady se recontralegalizó”, opinó el senador santafesino Oscar Lamberto, en diálogo con Página/12.
Lo cierto es que más allá de los límites legales, el tema de la deuda externa es un tema político y si el oficialismo exhibe en este punto parte de la voluntad que supo mostrar para obtener la renovación de las cúpulas de las Fuerzas Armadas y policiales o de la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, ninguna batalla parece imposible.
“Esta es una cuestión nacional que está por arriba de la cuestión de Estado. Nuestro objetivo es ayudar al Ejecutivo para que luego éste logre mejores condiciones para negociar la deuda externa. Que nadie nos diga que por crear la comisión subirá el riesgo país o que no van a venir las inversiones extranjeras”, concluye Cafiero.
El tema está abierto, pero si los legisladores se zambulleran en la causa a la que dio origen Alejandro Olmos con su denuncia sobre la deuda externa encontrarían muchos puntos esclarecedores. Como declaraciones formuladas por Martínez de Hoz en las que admite que en gran parte “la deuda fue contraída para solventar al sistema financiero internacional”, o puntualizaciones de peritos que dejan al descubierto que “se habrían fraguado 10 mil millones de dólares en pagos de intereses de la deuda externa” durante la dictadura militar o bien que antes de su conversión al neoliberalismo, Carlos Saúl Menem se presentó a los tribunales para denunciar el vaciamiento de YPF, que fue obligada a tomar créditos en dólares y que luego el Banco Central no le reconoció el seguro de cambio, con el que sí benefició a muchos deudores privados. En marzo de 1986, en el histórico debate que en Diputados se hizo de la deuda externa, para desmentir la falta de voluntad política para investigar los ilícitos, Baglini señaló que Martínez de Hoz estaba siendo investigado por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. También dijo que el BCRA estaba investigando la deuda ilegítima. Concluyó que esto mostraba que “los tribunales funcionan”. Un año antes, en 1985, en La Habana, Fidel Castro había afirmado que “un análisis matemático demuestra que la deuda (de los países latinoamericanos) es impagable” y que “si se trata de saldarla a toda costa, se van a producir grandes conmociones sociales.” Escribir con el resultado puesto puede resultar fácil, pero la historia está allí para sacar conclusiones. A pesar de tantos intentos fallidos, los legisladores tienen ahora otra oportunidad de corregir sus propios pasos en falso. De ellos dependerá.