Estatización de sus deudas en la dictadura, cuestionadísimos contratos durante el alfonsinismo, privatizaciones escandalosas durante el menemismo y pesificación con el duhaldismo. Ejemplo típico de la gran empresa local, el Grupo Macri aprovechó cada vaivén político y económico de los últimos 20 años para expandir sus negocios. Por eso, en momentos en que Mauricio Macri pelea la jefatura de gobierno con un discurso de transparencia y eficiencia, conviene repasar la trayectoria económica del holding, del cual el presidente de Boca fue hasta hace poco su figura estelar.
La historia del Grupo está resumida en dos informes. El primero fue elaborado por Claudio Lozano, economista, titular del Centro de Estudios de la CTA y candidato a diputado en las listas de Aníbal Ibarra. El segundo fue elaborado por Jorge Argüello, un técnico de origen frepasista que no tiene ninguna relación con el ex titular del Consejo Deliberante.
La Patria Financiera
La nacionalización de la deuda de los privados a través de los sistemas de seguros de cambio implementados durante la dictadura fue uno los primeros beneficios de las empresas vinculadas con Macri. Según el informe de Argüello, “la deuda de Fiat, de 170 millones de pesos, terminó transformándose en bonos del Estado, lo que le permitió a Macri pagar su deuda a un valor que en términos reales equivalió a menos de un 10 por ciento del original”. Lozano sostiene que “importantes empresas controladas y/o vinculadas al Grupo (Sideco Americana, Pluspetrol, Socma, Dragados y Obras Portuarias, R.S.Z. y A. Producciones, Iecsa y Manliba) acumulaban un endeudamiento con el exterior cercano a los 180 millones de dólares, que fue transferido a la sociedad a través de los seguros de cambio”.
La Patria Contratista
Aunque Manliba comenzó a recolectar la basura porteña en 1979, las principales denuncias sobre irregularidades en los contratos aparecieron en 1989, con la llegada a la Municipalidad de Carlos Grosso, ex empleado de Macri. El estudio de Argüello sostiene que, apenas llegó al poder, “el intendente consiguió que se prorrogara el contrato a pesar de los incumplimientos de la empresa en la renovación de la flota de camiones, al cambio del barrido mecánico por el barrido manual con el consecuente y desmesurado incremento de la factura, o lo más oneroso del servicio comparado con el prestado por la empresa Cliba”.
Pero la recolección de la basura no fue el único servicio prestado por los Macri a la Municipalidad. Itron, de la que participaba el Grupo, logró alzarse con la contratación de la facturación de ABL y del impuesto automotor. “El contrato era de 10 millones de pesos anuales”, señala el informe de Argüello, que cita una serie de objeciones formuladas por la Auditoría de la Ciudad, entre las que se destaca “un bajo nivel de exigencia técnica, operativa y jurídica para los concesionarios, situación que no fue corregida en las sucesivas negociaciones y prórrogas pactadas”. Por su parte, Lozano recuerda que los contratos de Rentas fueron rescindidos por el actual Gobierno de la Ciudad. “Los resultados son elocuentes: el Estado de la Ciudad de Buenos Aires gasta 30 millones de pesos menos”, señala.
La Patria Protegida
El crecimiento de Sevel, la automotriz de los Macri, está directamente asociado a los mecanismos de protección. “Si bien favoreció a las terminales, destruyó la integración del sector afectando a los autopartistas y promovió un fuerte déficit en intercambio comercial con elexterior que indujo mayores niveles de endeudamiento”, sostiene el informe de Lozano.
A esto hay que agregar el procesamiento por contrabando dispuesto en 1993 contra Mauricio Macri, en ese entonces presidente de Sevel. Según la DGI, la empresa evadió unos 55 millones de pesos: la denuncia acusa a Sevel de enviar autopartes a Uruguay bajo el régimen de exportaciones definitivas, con las cuales habrían armado coches que después habrían sido importados a la Argentina, cobrando los reintegros correspondientes. En aquel entonces, la Corte Suprema ordenó el sobreseimiento de Mauricio Macri y del resto de los directivos de la empresa. Justamente, el fallo es uno de los casos que podría utilizar la Comisión de Juicio Político para desplazar a Julio Nazareno.
La Patria Privatista
Con la llegada del menemismo al poder, el Grupo Macri amplió sus negocios a través de algunas de las privatizaciones más escandalosas. En 1990, Servicios Viales S.A. se adjudicó la concesión de los peajes de 1.080,51 kilómetros de rutas nacionales. Argüello cita un informe de la Auditoría General de la Nación del 28 de diciembre de 2001 sobre la empresa. “La evolución de las tarifas de peaje durante los 10 años de convertibilidad demuestra que la administración otorgó un aumento del 31,01 por ciento promedio”, sostiene el informe.
Además, los dos estudios incluyen una denuncia de la Oficina Anticorrupción contra Fernando De la Rúa y varios de sus ministros por fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, a raíz de dos decretos que favorecieron a los concesionarios de las principales rutas nacionales. Entre los denunciados figura el subsecretario de Obras Públicas, Edgardo Gastón Plá, quien elaboró el acuerdo impugnado. Un mes y medio antes de ser designado, Plá se desempeñaba en la empresa Civilia Engenheria de Brasil, y antes en Sideco Americana de Chile, dos firmas que forman parte del conglomerado empresario de los Macri. “El Grupo contó con personas allegadas a sus intereses en la Secretaría de Obras Públicas en los momentos estratégicos del desarrollo de estos contratos, tanto al redactarse los pliegos como al acercarse el fin de la concesión”, sostiene el informe de Lozano, citando la denuncia de la OA.
Pero el contrato más escandaloso es el del Correo, que podría convertirse en la primera privatización revisada por el gobierno de Néstor Kirchner. Los informes recuerdan un dictamen de la Auditoría General de la Nación del 5 de septiembre de 2002 que indica que “Correo Argentino S.A. adeudaba a esa fecha el pago del canon correspondiente a 4 semestres e incumple con las inversiones y las obligaciones previsionales y sociales, redondeando una deuda de unos 207 millones de pesos”. El estudio de Lozano detalla otras irregularidades, entre las que se destaca “la reducción del plantel de trabajadores en más de 10.000 personas con la particularidad que el costo de tales retiros (casi 100 millones de pesos) fue considerado como una inversión de la empresa”.
La Patria Licuadora
La pesificación de las deudas de las grandes empresas privadas, la mayoría de las cuales ya habían trasladado sus activos financieros al exterior, fue una de las primeras medidas de Eduardo Duhalde. El estudio de Lozano señala que algunas empresas del Grupo Macri (Correo Argentino, Sideco y Socma) resultaron favorecidas por el proceso. “La transferencia de ingresos desde el conjunto de la sociedad argentina hacia estas tres compañías que integran el grupo fue del orden de los 200 millones de dólares”, señala el informe.
En conclusión
Los estudios revelan cómo el conglomerado de empresas de los Macri se fue amoldando con astucia a cada etapa política y económica de la Argentina. Aunque el jefe económico siempre fue Franco, su hijo Mauricio ocupó cargos de relevancia en las diferentes firmas y fue ganando un lugar cada vez más protagónico. Luego de una exitosa experiencia como presidente de Boca, el empresario lanzó su candidatura para la jefatura de gobierno. “Es un intento de un grupo parásito del Estado por mantener o profundizar sus políticas”, sostiene Argüello.
“No hay que marearse con los discursos de eficiencia, porque la trayectoria del Grupo demuestra que no hubo ni innovación ni riesgo, sino la coptación sistemática del Estado. La candidatura de Macri busca llevar esto al máximo, diluyendo totalmente los límites entre lo público y lo privado”, concluye Lozano.