Los jueces Alejandro Slokar, María Laura Garrigós de Rébori y Mariano Borinsky.

Están los jueces que festejaron los anuncios de reforma judicial de Cristina Kirchner casi como una victoria propia. Se sienten frente a un cambio de paradigma, ven con muy buenos ojos la creación de nuevas Cámaras de Casación y creen que la Presidenta dio en la tecla al impulsar la votación popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, aunque duden en algunos casos sobre la “incompatibilidad” de que los magistrados se postulen para ser consejeros a través de partidos políticos. El debate está abierto, es espinoso, es novedoso, y encuentra también a los que ven un avance del Gobierno sobre el Poder Judicial. Página/12 recogió algunas de las impresiones que estos días inundan los tribunales.

Alejandro Slokar, camarista de Casación Penal y activo participante de “Justicia legítima”, es de los que celebran, como “un modelo innovador” y “democratizador”, el proyecto que habilitaría la participación popular en el Consejo. “La democracia participativa es un concepto superador. ¿Por qué sólo los abogados pueden elegir al consejero abogado? ¿Por qué solo los rectores pueden nominar a un académico? ¿Y los jueces a los jueces? No es que la ciudadanía va a elegir directamente a los jueces, sino a los que van a seleccionar a esos jueces”, explica. Aunque no está claro cómo se implementaría esa votación, hay una suposición general de que deberían presentarse en elecciones junto con algún partido político o en una lista que, de un modo u otro necesitará financiamiento y campaña.

–¿No le hace ni un poquito de ruido?

–No, para nada. A los que les molesta que el común de la gente elija miembros del Consejo de la Magistratura, entre ellos jueces que hagan campaña, es porque tienen una tara corporativa.

“Hay que pensarlo bien. No me imagino a los jueces haciendo campaña para ganar un lugar en el Consejo. ¿Cómo sería el financiamiento sin que implicara compromisos futuros, o sea, manteniendo la independencia?”, duda la presidenta de la Cámara del Crimen, María Laura Garrigós de Rébori. “Lo que no estaría mal –señala– es que se incorporen consejeros que no sean abogados.” Mariano Borinsky, integrante de la Cámara de Casación Penal, es determinante: “El juez debería estar abstraído de la política, no estoy de acuerdo. Los demás estamentos, abogados, académicos, sí pueden hacer campaña y que los vote el pueblo”.

“Para que a los consejeros los elija el pueblo no es imprescindible que tengan una identidad política. Los jueces hacen campaña en la Asociación de Magistrados, cuando se eligen autoridades, y hasta se pasean por los canales de televisión. No veo mal que la gente sepa qué posición tiene un juez. Lo que me hace dudar es que el Reglamento para la Justicia les prohíbe la afiliación política”, analizó la camarista del fuero de Seguridad Social Victoria Pérez Tognola, también a favor de que haya consejeros de otras disciplinas. “Imagino que puede generar un cambio importante que el ciudadano se sienta partícipe y responsable de la Justicia”, resumió.

“Creo que hoy ya es democrática la elección de los consejeros y están representados los partidos mayoritarios”, contrapone el juez de tribunal oral Miguel Angel Caminos, ex presidente de la tradicional Asociación de Magistrados, alineado con la lista oficialista de la entidad. Luis Cabral, el actual titular de la asociación, dijo ayer que la elección popular de consejeros “no es compatible con la Constitución”. “La Constitución –-señaló– habla de que (los consejeros jueces) son representantes de los jueces y a los representantes de alguien los elige ese alguien.”

El anuncio de la Presidenta de su intención de crear cámaras de Casación en varios fueros también es motivo de debate. “Puede ayudar a descongestionar a la Corte Suprema, que su función quede reservada a revisar el respeto de las garantías constitucionales y mejorar su calidad”, sostuvo Borinsky. Aunque la Presidenta no lo dijo, todo el mundo presume que crear varias casaciones pretende modificar el “control de constitucionalidad difuso” que existe en la actualidad, donde cualquier juez puede fallar sobre la constitucionalidad de una ley. La idea que subyace es que si se descarga de trabajo a los jueces supremos, se podrán dedicar al control de constitucionalidad y no hará falta crear un tribunal constitucional (lo que requiere una reforma de la Carta Magna).

Dos jueces que prefirieron hablar desde el anonimato creen que en realidad el objetivo de crear varias casaciones es recortar poder a la Corte Suprema. “No lo veo así, al contrario, favorece a la Corte: le alivia trabajo y se puede dedicar a su función rectora, se garantiza la revisión constitucional y la satisfacción de los derechos de las partes. Para eso hacen falta estos organismos intermedios”, sostiene Slokar. “Este modelo intermedio surge de Augusto Morello, una especie de Zaffaroni del procesalismo, que decía, textual, que ‘nadie puede negar la conveniencia de organizar un filtraje razonable y previsible’”, instruye el camarista. “No se trata de unificar la jurisprudencia sino de evitar la injusticia”, sostiene Slokar, tras explicar que hay cientos de expedientes que la Corte rechaza sin siquiera mirar.

“Poner una instancia equivale a extender y demorar los procesos judiciales”, opina Caminos. “La doble instancia está asegurada en todos los fueros. La propia Corte fue ampliando la revisión de recursos extraordinarios, con la doctrina que acepta analizar la arbitrariedad de los casos. Pero ya lo está revirtiendo”, dice. En cambio reclama que se cree una Casación (que en rigor está creada y sus cargos concursados, pero el proceso de selección paralizado) para el fuero Penal ordinario. “Hoy una sentencia en la única Casación Penal que hay puede tardar tres o cuatro años”, advierte. A la inversa, Pérez Tognola cree que “las casaciones agilizarían los expedientes, soluciona, podrían resolver con más premura planteos que podrían estar años en la Corte”. Garrigós de Rébori acota que, con un buen sistema que permita controlar la gestión de tribunales y juzgados, la tercera instancia debería servir para acelerar.

Los jueces que prefieren no identificarse dicen también que lo único que le interesa al Gobierno es crear tribunales con jueces afines, en fueros donde –además– se tramitan juicios contra el Estado, como el Contencioso y el Civil y Comercial. Garrigós de Rébori responde: “Se me hace difícil presuponer que un jefe de Estado que plantea semejantes reformas judiciales quiera actuar de mala fe. ¿Cuál sería la ganancia? Es corto de vista. Prefiero pensar que tiene una proyección de mejora”.