El juez Andrés Gallardo está empezando a empacar para volver a su juzgado el 3 de abril. Dejará así su lugar en la Defensoría General porteña, del que se había tomado licencia como magistrado. En su carta de renuncia, dejó en claro que regresa para impulsar las reformas que reclama un sector del Poder Judicial y para las que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió siete proyectos de ley al Congreso. Gallardo recibe a Página/12 en el despacho que está dejando de la Defensoría, que se encuentra en una casona antigua sobre la calle México. Expone por qué considera que es un momento de “confrontación entre los modelos de justicia en nuestro país”.

–¿Cuáles son esos modelos?

–Hay una Justicia que, en la confrontación social del pueblo argentino entre grupos minoritarios y grupos populares, siempre actuó convalidando a las minorías. Por ejemplo, en 1930, la Corte convalidó a Uriburu cuando derrocó a Yrigoyen; también el sistema judicial convalidó Revolución Libertadora, todas las persecuciones y estados de sitio; luego el Camarón en 1972; de 1976 en adelante todas las convalidaciones del terrorismo de Estado y del genocidio económico.

–¿Y quiénes representan al otro modelo?

–El otro modelo tuvo varios intentos de emerger hasta el presente y siempre fue sofocado. Podemos encontrar hitos en los gestores de la Constitución de 1949 con Arturo Sampay a la cabeza. Sampay es un olvidado, que no tiene ni el nombre de un ascensor en la Facultad de Derecho de la UBA. También podemos ver las experiencias del Instituto de Historiografía del Derecho con Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Duhalde en 1973, la Gremial de Abogados y en ese mismo año la intervención de la facultad. Porque el déficit empieza con la producción de abogados, con los programas académicos, con quién soporta a los institutos de investigación.

–¿Hoy existen otros casos de debate sobre la Justicia?

–En América latina están los casos de Venezuela y Bolivia y hoy emergen en nuestro país. Es un conflicto que se discute en la sociedad y que nos habilita a hablar a los que venimos denunciando esto y poniendo en crisis los mitos de la neutralidad, la objetividad y la imparcialidad de los jueces.

–¿Qué cosas observa que deberían cambiar en el Poder Judicial?

–Hay cambios que se pueden dar en forma rápida y otros que requieren de mayor cantidad de tiempo. Una medida rápida para democratizar la Justicia podría ser modificar el régimen de control de constitucionalidad. Una idea para incluir la participación popular es la creación de un Consejo Constitucional, que controle la constitucionalidad y le cambie el efecto, porque hasta ahora rige el control difuso que solo rige para un caso. Esto obliga a las personas a hacer planteos aunque sean homólogos. Desde hace varios años trabajo en este tema sobre cómo se integraría ese tribunal, con jueces, académicos y representantes del Congreso nacional. También podría resolver cuestiones de paridad y de falta de definición en los tribunales colegiados con el uso de la consulta popular.

–La Legislatura porteña votó la semana pasada la designación de catorce nuevos jueces para el fuero Contencioso Administrativo. ¿Qué perfil tienen?

–Bueno, si bien hay una pluralidad, en esta tanda prevalece un perfil conservador. Esto lo digo por los antecedentes que conozco. Siempre les podemos dar la posibilidad de que modifiquen sus posturas. Pero mayoritariamente se trata de un desembarco de sectores conservadores. Por otra parte, ya ha pasado que gente que venía con un perfil progresista y, al momento de la sentencia, no son tan progresistas.

–Del debate que se viene sobre la Justicia, ¿qué características específicas tiene el sistema judicial porteño?

–En la Ciudad, lo que se fue perfilando es que los emergentes de una Justicia comprometida con los derechos humanos y los sectores desfavorecidos, como dice la Constitución porteña, se ubicaron en la primera instancia. En las cámaras apareció ya un primer filtro mientras que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se constituyó como el sector conservador. La única excepción es Alicia Ruiz. El resto marcó pautas sobre derechos sociales y sobre el derecho a la vivienda que son contrarias a nuestro trabajo.

–¿Cuál es esa diferencia de pautas?

–Consideramos que el derecho a la vivienda es operativo y el Estado debe garantizar la tenencia de una vivienda. El TSJ dijo en el fallo Alba Quintana que el “abrigo” es una garantía suficiente. ¿Qué quiere decir? Si la persona no tiene vivienda, pero la ubican en un parador o le dan un subsidio, eso satisface ya la política pública. Luego la Corte revisa esta cuestión y dice que el derecho a la vivienda no es lo que planteaba el TSJ.

–¿Esta confrontación se plasmó en el “conflicto de poderes” que planteó el TSJ contra usted y otros dos jueces?

–Eso ocurrió junto con el fallo sobre vivienda, como una maniobra de pinzas. Pero el conflicto se vive hoy. Hay sectores de la fiscalía que manejan los desalojos con un criterio –para mi gusto– preconstitucional. Ha habido muchos casos de expulsiones violentas. Esto muestra la existencia de dos bloques dentro de la Justicia. Estos sectores conservadores tienen el beneplácito del TSJ y del Gobierno de la Ciudad.

–Uno de ellos ocurrió el año pasado en La Boca...

–Fue un disparate cómo sacaron a los chicos con palos, con la Policía Metropolitana, cuando era un caso de un conflicto interno en un hotel. A la jueza no le importó y la gente quedó en la calle. Cuando denunciamos a la magistrada ante el Consejo de la Magistratura porteño no se llegó con los votos ni a un sumario. Se hizo una recomendación para que los jueces respeten los tratados de derechos humanos. Y cuando votó eso, donde dicen “por favor, respeten los tratados de derechos humanos”, las Asociaciones de Magistrados –encabezadas por el camarista Fernando Lima– se alzaron contra el Consejo y denunciaron una intromisión. Esto para que se vea hasta qué punto están apañadas estas prácticas.

–¿Aquí se ve cómo la Justicia actúa cuando los demandantes son pobres?

–La primera barrera para las personas pobres es la información: muchas veces no conocen sus derechos. Creen que todo es un favor que se les está haciendo. “Gracias, doctor, por haber venido a hacer una inspección para ver que se nos cae la mampostería.” No. No hay nada que agradecer al juez: es un funcionario que tiene la obligación de hacerlo. La segunda barrera es el acceso. Por más que las puertas de los tribunales están abiertas, no cualquiera accede. Para una persona en Villa Soldati, no es sencillo. Necesita acceder a algún sistema, como la Defensoría General. Hay mucho más dinero para los fiscales y los sistemas represivos que para defensores públicos. La última barrera es el juez. Si el magistrado no opera con discriminación inversa hacia los más débiles, reproduce las desigualdades. Por decir esto, nos acusan de garantistas o de querer gobernar la Ciudad. No se trata de eso: creemos que hay que hacer viva la letra de la Constitución porteña.

–Algunas de esas críticas provinieron del jefe de Gobierno. ¿Cómo se comporta Macri ante los fallos judiciales adversos?

–Tiene un claro doble discurso. Para la problemática nacional, Macri sostiene que son buenas las medidas cautelares, que garantizan el derecho a la propiedad privada y la libre expresión. En la ciudad donde él gobierna, las cautelares hay que eliminarlas de los códigos o recusar a los jueces. El macrismo presentó proyectos en este sentido. Con las recusaciones por la ley de medios también fue muy cómico. Se escandalizó por tres o cuatro recusaciones, pero Macri tiene un record en mi caso: centenares de recusaciones a un mismo juez en una misma semana. Una cosa nunca vista.