La Auditoría General de la Nación se apresta a emitir su último informe sobre la privatización de los principales aeropuertos del país. El documento del organismo de control pondrá en relieve una serie de incumplimientos contractuales del concesionario y reiterará su recomendación de sancionarlo, inclusive con la rescisión. El inmimente trabajo de los auditores apuntalará el esfuerzo político que días atrás hicieron dos legisladores de la oposición que integran la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, órgano parlamentario al que se remite la AGN. Los ex aliancistas José Vitar y Gerardo Morales pidieron por nota al presidente Néstor Kirchner que no admitiera la renegociación contractual aprobada por Eduardo Duhalde y, haciéndose eco de la Auditoría, le sugirieron que exigiera a Aeropuertos Argentina 2000 ponerse al día en el pago del canon “bajo apercibimiento de ejecución de garantía” o de dar por caída la concesión. Dos prerrogativas de las que hoy dispone el Estado según el contrato de concesión.
La directa intervención de la senadora y primera dama Cristina Kirchner les dio alguna tranquilidad a esos legisladores de la oposición que elevaron su misiva al Presidente el 23 de mayo, dos días antes de que éste asumiera. El 27, el nuevo mandatario ya había decidido invalidar esa renegociación y aprovechó para ello el dictamen judicial que dispuso suspender su vigencia hasta resolver sobre la validez del nuevo contrato.
Esa cuestionada versión transformó el canon anual original de 171 millones de dólares en un aporte en pesos, variable, y proporcional a los futuros ingresos de AA2000. Según calcularon los legisladores en aquella carta a Kirchner, esta modificación privaría al Tesoro Nacional de percibir “358 millones, que podrían destinarse a motivos mucho más nobles que otorgar una ganancia extraordinaria a quien ha incumplido sus obligaciones”.
Las faltas aludidas son las señaladas en sucesivos informes de la Auditoría. El último de ellos, girado al Congreso, es lapidario y menciona incumplimientos en los planes de obras, falta de actualización de las garantías del contrato, modificaciones societarias no admitidas por éste y, por supuesto, el no pago del canon, dolarizado hasta que no haya una renegociación válida que lo pesifique definitivamente.
El mismo dictamen de los auditores también pone de relieve las deficiencias en el control estatal, a cargo del Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, Orsna, que comandaron entre otros Rodolfo Barra, Eduardo Sguiglia y Orlando Caporal. Por esta razón, la Auditoría también formuló recomendaciones para mejorar la operatividad de los controles al Orsna, la Jefatura de Gabinete –de quien depende orgánicamente– y el ministro de Economía, en este caso por su lentitud en resolver una serie de recursos administrativos interpuestos por la empresa que comanda Eduardo Eurnekian para discutir multas y reclamar la falta de entrega de una estación aérea.
En el informe aprobado por la nota 99 de 2002, la Auditoría recomienda al poder concedente castigar las faltas de AA2000 con las sanciones previstas en el contrato, penas que incluyen la rescición. Pero el proyecto de dictamen en curso es mucho más directo ya que, ante la “reiteración de los incumplimientos”, recuerda que el numeral 23.1 del acuerdo contractual firmado en 1997 prevé dar por caída la concesión sin costo para el Estado. Este último trabajo computa también la falta de pago de las cuotas semestrales sexta y séptima del canon, que la sociedad presidida por Eduardo Eurnekian no pagaría íntegramente desde 1998.
Según los cálculos consignados en trabajos anteriores de la Auditoría, a junio del 2001 la empresa había pagado 181,62 millones de dólares, pero para entonces ya adeudaba 467,70 millones en esa moneda dura, incluyendo intereses por mora y el aporte porcentual de esa contribución quedirectamente debía destinarse a la Seguridad Social. Gran parte de esta discusión hoy se dirime en los tribunales.
También los planes de obras dieron lugar a entredichos con el gobierno y generaron millonarias obligaciones incumplidas. A fines del año 2000, los técnicos de la AGN detallaron que Aeropuertos Argentinos 2000 había informado inversiones por 229 millones, de los cuales sólo 55,56 estaban acorde con los programas previstos.
La AGN es un órgano de control externo que se remite al Parlamento, a través de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, encargada de aprobar esos informes. Pero dar por caída una privatización, aunque sobren razones legales para hacerlo, es en definitiva una decisión eminentemente política que Kirchner aún no habría tomado.
Ese mismo cuerpo parlamentario, presidido por el justicialista Oscar Lamberto e integrado por otros legisladores oficialistas influyentes como José Luis Gioja, Carlos Verna y el radical Raúl Baglini, produjo un dictamen en mayoría en el que aprueba el informe de AGN y deja al arbitrio del Poder Ejecutivo una última decisión sobre el tema.
Mientras, la empresa presidida por Eduardo Eurnekian, espera, confiando que los argumentos con los que convenció a la gestión duhaldista para cambiar los términos de su contrato también serán atendidos por Kirchner. Uno de ellos, que el tráfico de pasajeros es menos de la mitad del que el consorcio previó en el momento de realizar su oferta (23 millones anuales contra los 11 millones efectivos actuales). O que el grupo ejecutó millonarias obras “adicionales”, es decir, no previstas en el plan original, a cambio de las otras.