En diciembre la Justicia federal de San Martín citó a indagatoria a cuatro ex directivos de Ford Motor Argentina por el secuestro de 20 delegados y 5 trabajadores, cercanos al gremio, de la planta de Pacheco. Las indagatorias acaban de pasar de febrero a marzo, pero más que un dato desalentador la demora es leída entre los querellantes incluso como un avance: la empresa Ford, que nunca se había presentado en la causa, nombró abogados y responde requerimientos. “Estamos en una etapa muy importante, pero que nos llena de desafíos”, dice el abogado Tomás Ojea Quintana, representante de la querella.

Un dato clave de la causa es que tiene toda la prueba necesaria para las indagatorias desde hace cinco años. A diferencia de otras causas sobre empresarios y dictadura, no hubo aquí desaparecidos entre los secuestrados y, por eso, el expediente está “lleno de pruebas”, dice Ojea Quintana. En los últimos cinco años, el expediente pasó del juzgado de Daniel Rafecas a San Martín, donde no avanzó durante cuatro años gracias al empeño en la instrucción del ex juez Juan Manuel Yalj y el fiscal Jorge Sica. La jueza Alicia Vence tiene el expediente hace un año. A mitad de año ordenó una inspección ocular, pendiente hacia cuatro años, pero que aún así conmovió a los trabajadores. Y, veinte días después del procesamiento en Jujuy de Carlos Pedro Blaquier, ordenó indagatorias de los directivos. Ojea Quintana analiza aquí datos y ejes simbólicos de la causa: el modo en el que los viejos delegados empezaron a leer sus secuestros en clave de trabajadores de Ford o “una marcha del 24 de marzo, cuatro o cinco años atrás, en la que por primera vez marcharon con un cartel que decía: los desaparecidos de Ford”. Además, se plantea: “Al igual que cualquiera de las limitaciones que se le ponen a una persona que es acusada por crímenes de lesa humanidad, una empresa debería afrontar las mismas limitaciones porque no es posible establecer un tipo de relación económica con alguien que esté acusado de violación a los derechos humanos”.

–¿Qué posición asumió la empresa en estos años?

–Sus ejecutivos nunca tuvieron la cortesía, por decirlo así, de comunicarse con los trabajadores y decirles: “Estamos a disposición”. O “hagamos un espacio de memoria”. Hay una negación absoluta de lo que pasó. En el año ‘84, con la Conadep, Ford se negó a dar información. Por eso esto no es sólo un juicio, es el tema del factor del poder económico de hoy que tuvo protagonismo en los ‘70, y tenemos que ponerlo en discusión.

Ojea Quintana conoció a uno de los ex delegados de Ford cuando llevó su coche a un taller mecánico. Pedro Troiani puso el taller cuando “salió” de Ford. “Había sido uno de los protagonistas de la Comisión Interna. Comentó el caso y apareció la idea de hacer algo. El le había hecho un juicio a la Ford por despido injustificado, porque lo echaron por abandono de trabajo, cuando en realidad estaba secuestrado. Perdió el juicio ante la Corte porque lo dieron por extemporáneo e hicimos un reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todavía sigue en trámite. A partir de eso descubrimos evidencias de participación criminal de la empresa. No nos habíamos percatado de eso hasta ese momento.”

–¿Cuándo fue?

–Sería el año 2000. Las leyes de impunidad seguían vigentes. Pedro se juntó con sus compañeros. Los que estaban vivos empezaron a poder interpretar lo que les había pasado en clave de responsabilidad de Ford.

–¿Antes cómo lo veían?

–En el ’84, la Conadep recibió testimonios y los incluyó en el informe, con lo cual algo hubo. En los ‘80, ellos se movilizaron con los juicios de despido y presentaron una nota creo en el Ministerio del Interior donde decían que no eran “activistas políticos”. Sabían que habían sido catalogados como subversivos y no lo eran.

–¿Intentaban legitimarse?

–Más que eso, trataban de despejar elementos: lo que ellos son y a ellos les pasó. Ellos estaban firmes en eso. No es que renieguen de los movimientos políticos del ’70, pero no eran activistas políticos en ese sentido. Después empezamos a evaluar qué hacer porque con las leyes de Obediencia debida y Punto final había una especie de confusión. Un salvoconducto fueron los juicios por la verdad en La Plata, algunos declararon, pero no conducían a una condena.

–Mientras intentaban abrir una causa contra Ford Motor Company en Estados Unidos, se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. El fiscal Félix Crous escuchó a Pedro Troiani en el juicio por la verdad de La Plata e impulsó una denuncia penal. Tres días mas tarde, el grupo entero se presentó como querellante. En el juzgado de Rafecas declararon todos los trabajadores, sus esposas, aportaron documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, buscaron testigos y expertos convocados como peritos para construir “un marco histórico sobre el rol sindical y económico desde donde entender que Ford usó esto para beneficiarse económicamente”, dice el abogado.

–¿Cómo definen el rol?

–Creemos que los militares conocían lo que pasaba en Ford en términos de activismo. Conocían perfectamente que no había militancia gremial vinculada a las organizaciones. Sí había casos aislados, gente que trabajó en Ford, que pertenecía a grupos políticos y fueron secuestrados, pero después, en otro tiempo, en sus domicilios, pero no está vinculado a esto. Por eso, cuando me preguntan si hay desaparecidos en la Ford, mi respuesta es no. Al menos hasta ahora no hay evidencias de desaparecidos que permanezcan desaparecidos.

El abogado Federico Casiraghi explica que los trabajadores tenían “una organización de base muy fuerte. Lo que molestaba a la empresa era que limitaban su poder de dirección y su capacidad de ganancia. Llevaban demandas concretas, como mejorar la salud porque había problemas con el laminado y el plomo”. Ojea Quintana agrega: “El documento desclasificado que encontramos decía claramente cómo el informante de la embajada de Estados Unidos describía que los militares no querían atender a los empresarios porque denunciaban a los militantes gremiales”.