Desde distintos sectores de la oposición insistieron en cuestionar las propuestas anunciadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para democratizar el sistema judicial. El diputado radical Ricardo Alfonsín dijo que “el Gobierno pretende controlar aún más el Poder Judicial”, mientras su compañero de bancada e integrante del Consejo de la Magistratura, Oscar Aguad, afirmó que la elección directa de los miembros de ese organismo es “inconstitucional”. La filomacrista Patricia Bullrich sostuvo que las iniciativas apuntan a construir un “Ejecutivo gendarme que quiere imponer una ideología dominante a la sociedad y a las instituciones” y el denarvaísta José “Pepe” Scioli dijo que “el Gobierno demoniza a la Justicia para intentar dominar y controlarla”.

Aunque enfrentados en la interna partidaria, los radicales Alfonsín y Aguad coincidieron en criticar las propuestas anunciadas por la Presidenta en la apertura del año parlamentario para democratizar al Poder Judicial. “En el plano teórico, nadie podría estar en contra de cualquier idea orientada a profundizar la democracia, pero ocurre que las cosas no son en teoría sino en la realidad. No podemos incurrir en la actitud propia del tonto útil”, aseguró Alfonsín. Para Aguad, la elección directa de los miembros del Consejo de la Magistratura es “inconstitucional” y afirmó que “la única razón” que tiene el Ejecutivo para avanzar con la iniciativa es que “no alcanza los dos tercios para manejarlo a gusto”.

“El camino que recorre el kirchnerismo es el de modelar el Estado en sus tres poderes, cambiar la esencia de un modelo de organización con controles, balances, contrapoderes, para absorber todo el poder en un esquema coercitivo sobre la sociedad y las instituciones. En este marco, ahora le toca a la Justicia y ordena desestructurarla como poder independiente”, insistió Bullrich a través de un comunicado. Por la misma vía, el hermano del gobernador bonaerense y dirigente denarvaísta, Pepe Scioli, afirmó que “el Gobierno busca avanzar sobre la Justicia, avasallar la división de poderes y violentar garantías constitucionales”.