La Justicia federal de Bahía Blanca revocó por segunda vez el arresto domiciliario de un marino imputado por delitos de lesa humanidad luego de comprobar que se paseó orondo por las calles bahienses con una pistola y un revólver en su poder. Se trata del capitán retirado Arturo María Quintana, ex miembro de una de las unidades que integraban la Fuerza de Tareas 2 de la Armada durante el terrorismo de Estado, quien ya había violado el arresto hogareño el año pasado. El juez federal Santiago Martínez destacó en su resolución “la absoluta falta de interés” del represor “para someterse a la autoridad judicial” y “una fuerte sospecha de que puede intentar eludir la acción de la Justicia o entorpecer las investigaciones”. El nuevo destino del marino es la Unidad 19 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Saavedra.

Quintana fue procesado como coautor mediato de secuestros y tormentos mientras integraba el Batallón de Comunicaciones 1, una de las unidades que integraban la FT2 con epicentro en la base naval de Puerto Belgrano, a 30 kilómetros de Bahía Blanca. A comienzos de 2012, cuando cumplió 70 años, el entonces juez ad hoc Eduardo Tentoni le otorgó automáticamente el arresto domiciliario. Cinco meses después una trabajadora del Patronato de Liberados se topó con el marino cuando salía de una panadería. “No tenía nada para desayunar”, se burló bolsa en mano. El juez le revocó el beneficio, pero dos meses después la Cámara Federal bahiense lo autorizó a volver a casa. Una mañana de octubre, bajo los efectos del alcohol, amenazó a dos asistentes sociales que controlaban su arresto. El fiscal federal Abel Córdoba reclamó el traslado a una cárcel, pero Tentoni se limitó a sancionarlo con siete días de arresto y le prohibió el alcohol.

La semana pasada, a pedido del fiscal Córdoba, el Registro Nacional de Armas (Renar) informó que Quintana tenía en su poder una pistola Sauer calibre 7.65 mm y un revólver Smith & Wesson calibre 44. El fiscal reiteró la solicitud de trasladarlo a una cárcel, recordó que la tenencia de armas en manos de procesados es por ley una “falta disciplinaria grave”, destacó el ocultamiento deliberado y “el riesgo que implica la existencia de armas en poder del mismo, para sí y para terceros, e incluso para los fines del proceso”. Cuando el juez allanó el departamento, el marino dijo que había llevado las armas a una armería. Se rectificó al advertir su torpeza pero ya era tarde: el dueño y una empleada de la armería La Recarga, citados a declarar, confirmaron que el represor había ido en persona e incluso había firmado un boleto de compra-venta. Quintana también tenía en su poder una réplica de un arma de puño con la inscripción Pietro Beretta y un rifle de aire comprimido. Ante la sumatoria de faltas disciplinarias, el juez Martínez ordenó el traslado de Quintana a la cárcel de Saavedra.