“El Poder Judicial no es de los jueces ni de los abogados, sino del pueblo”, dijo Alak.

Entre sandwichitos de miga y gaseosas, el ministro de Justicia, Julio Alak, recibió ayer a un nutrido grupo de participantes del movimiento “Justicia legítima”. Fue un primer testeo cara a cara del combo de propuestas que lanzó una semana atrás la presidenta Cristina Kirchner en su plan de democratizar el Poder Judicial. Como era de esperar, la sintonía fue casi plena, aunque los invitados se quedaron con las ganas de conocer el contenido detallado de los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso. La reforma para que los integrantes del Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto popular y se incorporen consejeros ajenos a la abogacía fue tema medular. La procuradora Alejandra Gils Carbó propuso que esa elección se haga con los comicios nacionales y que los candidatos al Consejo, jueces inclusive, se postulen con partidos políticos. Hubo reclamos por la “falta de transparencia” en el sistema judicial y de una reforma procesal en todos los fueros que maximice la oralidad en los expedientes y el papel de los fiscales.

“El Poder Judicial no es de los jueces ni de los abogados, sino del pueblo”, proclamó Alak al inicio del encuentro, en un salón del piso 11º del Ministerio de Justicia. La integración actual del Consejo de la Magistratura –órgano que elige y sanciona a los jueces– incluye diputados, senadores, jueces, abogados y un académico del ámbito del Derecho, pero no un científico (algo que prevé la Constitución). Los eligen las corporaciones a las que pertenecen. El ministro recapituló las ideas de la Presidenta: la “elección por voto popular” sería un “mecanismo más democrático y más pluralista”. “No es lo mismo que voten 800 jueces a que lo hagan 20 millones de argentinos”, ilustró. Debe haber equilibro entre estamentos, pero la Carta Magna no dice cuál es el método de selección.

En la reunión, donde había un clima entusiasta como el que se vivió en el encuentro de “Justicia legítima” la semana pasada, hubo jueces, fiscales, defensores y organismos: las Abuelas de Plaza de Mayo (con la propia Estela de Carlotto), el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y el Observatorio de la Justicia. Gils Carbó es una figura aglutinante del movimiento anticorporativo. “Lo más urgente es luchar contra la falta de transparencia”, comentó en alusión a las dificultades para conocer las declaraciones juradas en el Poder Judicial y a la falta de publicidad del trámite de las causas. El fiscal Jorge Auat, de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuración, denunció que ni la Comisión Interpoderes que impulsa las causas contra represores publica el estado de los juicios.

El Consejo de la Magistratura fue otro tema clave. “Nadie se puede oponer a la reforma, cualquier abogado sabe que no funciona”, advirtió después Gils Carbó, mientras todos asentían. Igual que frente a la preocupación sobre cuál es el perfil de los jueces que allí se eligen.

Del proyecto presidencial para elegir consejeros por voto popular no se conocen detalles (en rigor, de ninguno de los proyectos), pero ya se debate: mientras la Asociación de Magistrados anticipó que lo cree inconstitucional, también se planteó la polémica sobre si los jueces, para ser consejeros, pueden hacer campaña política. Frente al ministro, Gils Carbó no sólo avaló la iniciativa sino que dijo que se debería elegir a jueces, abogados, académicos y científicos para integrar el Consejo en elecciones nacionales, donde se postulen con fuerzas políticas. “No le tengo miedo a eso”, espetó. Para señalar la constitucionalidad, el defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim, ejemplificó: que los senadores representen a una provincia no quiere decir que los elija el gobernador, los elige el pueblo. La defensora Fernanda López Puleio dijo que incluso es “discriminatorio” impedir la afiliación política de jueces, aunque esa regla no les impediría candidatearse. El ex camarista y titular de la Oficina Anticorrupción en tiempos de la Alianza José Massoni deslizó la posibilidad de ampliar el número de científicos y académicos en el Consejo e incluir otras disciplinas.

La posibilidad de crear tres nuevas cámaras de Casación (Civil y Comercial, Laboral y de Seguridad Social, en lo Contencioso Administrativo) fue especialmente defendida por Alejandro Slokar, camarista de Casación Penal, quien dijo que era un diseño clave para descomprimir a la Corte Suprema y que se concentre en su función de “control de constitucionalidad”. También dijo, y en esto volvió a reinar la coincidencia, que debería haber una reforma procesal que acompañe. Para “Justicia legítima”, instalar la oralidad en los procesos judiciales –no sólo en el fuero Penal, sino en el resto– es parte de la garantía de transparentarlos, y que incluso los jueces tengan que sentarse a escuchar a las partes y, finalmente, a opinar y fundamentar sus decisiones a la vista de todo el mundo. Para el fuero Penal, en particular, fue alentada la creación de un régimen acusatorio que delegue las investigaciones en los fiscales y transforme el rol de los jueces en garantes del proceso.

El subsecretario de Justicia, Julián Alvarez, se deshizo en elogios a los miembros de “Justicia legítima” presentes y dijo que el Gobierno está concentrado en la batalla de cambiar el paradigma judicial. Alak les dijo que estaban abiertos a recibir todas sus propuestas. Gils Carbó anticipó que le pidió una reunión a la Corte para impulsar la derogación de la eximición del pago de Ganancias, para derogar el privilegio también en el Ministerio Público Fiscal.