“Es muy tarada la conclusión a la que nos quieren llevar y no me presto para esas conclusiones de tarados”, dijo ayer el senador Aníbal Fernández cuando le preguntaron acerca de la investigación sobre el posible espionaje ilegal por parte de efectivos de Gendarmería. El ex ministro de Seguridad dijo que durante su gestión al frente de esa cartera nunca dio una orden oral o escrita para que se realizara una tarea de ese tipo.

El juez federal Sebastián Casanello está investigando si miembros de Gendarmería realizaron seguimientos ilegales a dirigentes políticos y sociales. La denuncia fue presentada por los abogados del PTS Myriam Bregman y Agustín Comas, representantes de dirigentes sociales acusados por cortar rutas. Ellos alegan que las pruebas aportadas por los organismos de seguridad que sirvieron para procesarlos son inválidas porque fueron obtenidas en base a seguimientos ilegales realizados durante las gestiones de Fernández y Nilda Garré al frente el Ministerio de Seguridad.

“Tendría que estar loco decididamente para hacer una cosa de esas características. ¿Qué sentido hubiese tenido una cosa de ésas?, que me digan quién ha recibido de mí una orden por escrito o in voce al respecto. Nunca, ¿y por qué razón?, porque no me interesó nunca semejante cosa. Como yo no juego al policía, cada vez que tomo o tomé una decisión en tal sentido lo mío estaba dirigido al cuidado de la persona, a no extralimitarse de lo necesario y el que se extralimitaba sabía que se llevaba las consecuencias inmediatas y no tenía solución de otra características”, señaló Fernández sobre su gestión en Seguridad.

La documentación secuestrada por la Justicia en Campo de Mayo corresponde a la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud). Allí se junta la información elaborada por pedido de jueces o fiscales o como tarea de prevención de algún delito. En esos registros hay fichas vinculadas con el juicio por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, en Neuquén, donde se destaca la participación de las Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini y Nora Cortiñas. El juez Casanello debe definir si esos documentos fueron elaborados legalmente.

El Ministerio de Seguridad que conduce Nilda Garré, a través de la secretaria de Cooperación con el Poder Judicial, Cristina Caamaño, presentó un escrito en la causa para poder tener acceso al expediente, cooperar con la investigación e impulsar “acciones administrativas pertinentes que pudieran corresponder”. Ayer, Comas y Bregman anunciaron que pidieron que el juez rechace la petición del ministerio. Y le respondieron a Aníbal Fernández asegurando que el supuesto espionaje habría servido “para que los delegados antiburocráticos de la comisión interna de Kraft tengan procesamientos y embargos”.

“Vamos a esperar la palabra final del juez y que no quepan dudas de que la ministra no va a amparar a ninguna fuerza de seguridad que haya cometido un delito”, dijo el jueves un colaborador de Garré a Página/12.