Delegados gremiales y organismos de derechos humanos pidieron al juez federal Sebastián Casanello que cite “en forma urgente” a declaración indagatoria a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y al senador nacional Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete, por el supuesto espionaje político en el marco del Proyecto X. Basaron su pedido en que Garré y Fernández “tenían el control, responsabilidad y obligación de supervisión” de las “tareas ilícitas” llevadas a cabo por la Gendarmería, y por “la profundidad y la duración” resulta “manifiesta la responsabilidad que corresponde atribuir a quienes ejercían funciones ministeriales”.

Además, integrantes de las comisiones internas de Kraft y Pepsico, acompañados por personalidades y dirigentes de organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, le pidieron al magistrado “mayor celeridad” en la causa. “Cada día que pasa pueden estar destruyendo pruebas”, señaló la abogada Myriam Bregman y le recordó al juez que “la denuncia se inició hace dieciséis meses, en noviembre de 2011”.

En la presentación, una parte de la querella denunció “un verdadero plan nacional de inteligencia ilegal de larga duración” que “se viene desarrollando desde hace muchos años en todo el país”, y describió que éste “persigue, investiga, infiltra y hace inteligencia, en especial sobre organizaciones y referentes sociales, partidos políticos, organizaciones y dirigentes gremiales y sindicales, organismos de derechos humanos y religiosos con tareas de índole social”. Gendarmería está siendo investigada por presunto espionaje interno a dirigentes sindicales, sociales y políticos y por acopio de información de sus movimientos y actividades en el llamado Proyecto X, una de las base de datos que el titular de la fuerza, Héctor Schenone, reconoció que existía.