”El objetivo es seguir casos de corrupción para recuperar el dinero para el Estado”, anunció Alberto Binder, uno de los abogados que comandará una nueva ONG, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), dedicada a colaborar con la reparación de los daños que la criminalidad económica provoca al Estado. La entidad comenzará retomando los informes de la Comisión de Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados y algunas grandes causas como la de la venta ilegal de armas, las coimas en IBM-Banco Nación y la mafia del oro. “Podemos jugar el papel de una auditoría externa del pueblo”, dijo el investigador de la UBA David Baigún. El plan de trabajo está inspirado, en parte, en experiencias concretadas en otros países como Perú y Nigeria.
La ONG de estreno aseguró en su presentación que en cada caso de “criminalidad económica” que ponga bajo la lupa contabilizará el perjuicio al Estado y diseñará “políticas públicas para la reparación de los daños”. Otra de sus misiones será “cooperar” con organismos estatales de investigación, pero “también vigilarlos”. En el proyecto del Cipce convergen cuatro organizaciones preexistentes: el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas), el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales A.L. Gioja de la Facultad de Derecho (UBA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
–¿Cómo surgió la idea de crear esta ONG? –le preguntó Página/12 a Binder, especialista en derecho penal.
–Se conoce una enorme cantidad de casos en que están involucradas fuertes sumas de fraude con dinero público. Esto implica delitos como lavado de dinero o fuga de capitales entre tantos otros. Este complejo mundo de criminalidad económica causa costos sociales inmensos y como no tiene un seguimiento permanente los niveles de impunidad son altísimos. Poco es lo que se recupera para el Estado. De ahí esta iniciativa.
–¿Cuáles son esos costos sociales?
–Costos sociales especialmente en términos de dineros públicos que son sustraídos. También apuntamos a otra dimensión, que es la de la corrupción estructural, que genera un costo social muy alto. Y, en tercer lugar, a los grupos mafiosos que se han enquistado en la vida pública argentina y, en muchos casos, aprovechan la institucionalidad.
–¿Cómo actuarán concretamente?
–Vamos a hacer investigaciones e inventariar los cientos de causas que existen para cuantificar daños, vamos a controlar las cuentas en el exterior y mantener vivos los embargos e inhibiciones que muchas veces pierden efecto después de un tiempo. Por ejemplo, ¿qué plata se ha recuperado de IBM-Banco Nación? Ninguna. Queremos salir de la lógica de tortuga del Estado y de la espectacularidad de los medios, donde los escándalos duran unos días y después se olvidan. Pondremos énfasis tanto en el aspecto penal como en la recuperación del dinero.
–¿Cuáles son los primeros casos que tomarán?
–Vamos a empezar con los informes de la Comisión de Lavado de Dinero (de Diputados) y una de las primeras tareas es hacer un inventario para luego diseñar estrategias y acciones. También tomaremos algunos casos paradigmáticos: venta de armas, IBM, mafia del oro, entre otros. El eje será apuntar a congelar bienes, sobre todo las cuentas en el exterior, para lo que habrá que conseguir la cooperación de los países que corresponda. La idea es colaborar con, y vigilar a, los organismos del Estado que tratan de hacer este tipo de cosas como la Unidad de Información Financiera (UIF) o la Oficina Anticorrupción (OA), e incluso las fiscalías de instrucción.
–¿Qué les hace pensar que serán bienvenidos? –No creo que seamos bienvenidos, pero también hay funcionarios y gente del Poder Judicial que tratan de hacer cosas similares. Lo que no hay es una política permanente desde el Estado. Por eso tomamos esta iniciativa desde la ciudadanía. Queremos tomar el ejemplo de los organismos de derechos humanos, que han mostrado gran perseverancia y obtenido logros. Ojalá podamos tener ese espíritu.
–¿Tomaron experiencias de otros países?
–Contamos con la de Perú, donde se recuperaron cerca de 200 millones de dólares al lograr que Suiza congelara fondos bancarios del ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos para luego ser devueltos a las arcas públicas. Nigeria también repatrió dinero proveniente del vaciamiento del Banco Central (encabezado por los hijos del ex dictador Sani Abacha).
–¿Cómo serán los mecanismos de devolución del dinero al Estado?
–Lo más importante es inmovilizar los dineros afectados, con cooperación internacional cuando sea necesario, sobre todo teniendo en cuenta que la causa penal puede durar años. Se trata de lograr la confiscación del dinero aunque aún no haya condena de las personas responsables individualizadas. Así se pueden lograr devoluciones o indemnizaciones.
–¿Con qué financiamiento cuenta Cipce para funcionar?
–Esta ONG surge de un acuerdo de organizaciones que ya tienen su propio financiamiento. Cada una aportará recursos propios. No estamos más que retomando una vieja iniciativa que el profesor Baigún desarrolló en el Banco Central en 1985 y que fue disuelta en 1989. Para evitar lo que entonces ocurrió (los investigados pasaban a los directorios de los bancos) preferimos que esté en manos de la sociedad civil.