Por Luis Enrique Ramírez*

En la medida en que se aproxima el juicio político a Julio Nazareno, aumenta el parloteo histérico de “conocidos constitucionalistas”, que claman por la seguridad jurídica, el respeto a las instituciones, a la división de los poderes y al derecho de defensa de los “cortesanos”. Intelectuales que pontifican desde la probeta y el laboratorio de sus impolutas cátedras o, peor aún, desde sus concretos intereses comprometidos con el “statu quo” judicial.
¿Alguien recuerda haberlos escuchado cuando en la Argentina desaparecía la seguridad jurídica con la colonización del Poder Judicial por el menemismo? ¿Alguno de ellos se desgarró las vestiduras, como ahora, mientras en nuestro país se barría con el principio de la división de poderes y tres integrantes de un mismo estudio jurídico de La Rioja ocupaban la cabecera del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial?
Estoy harto de quienes guardaron silencio mientras la Corte Suprema actuaba como servil vasallo del gobierno de turno y avalaba todas sus felonías y negociados.
¿Acaso es más importante la seguridad jurídica de Nazareno que la seguridad jurídica de todos los argentinos? Claro que no, y por eso hay que desenmascarar algunos mitos que estos “prestigiosos constitucionalistas” pretenden imponer. El juicio político no es un proceso penal. En éste, al acusado se lo rodea de una serie de garantías y defensas, ya que se presume su inocencia y está en juego su libertad. En cambio, el juicio político pretende proteger a la sociedad de un mal funcionario. Y no sólo en los sujetos protegidos está la diferencia sino también en la naturaleza de los hechos que se les imputa, ya que a los “cortesanos” no hay que probarles “delitos” o gravísimas irregularidades sino, simplemente, “mal desempeño” (C.N. art. 53) o “mala conducta” (C.N. art. 110). ¿Cabe alguna duda de que Nazareno & Cía. están incursos en estas causales de remoción?
* Coordinador Junta Promotora para la Remoción de la Corte Suprema.