El diputado socialista Jorge Rivas presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto el decreto que impide extraditar a los represores acusados de delitos de lesa humanidad. “Derogar esta norma sería facilitar al gobierno nacional el cumplimiento del compromiso que el presidente de la República ha adoptado públicamente con la defensa de los derechos humanos”, afirmó el legislador al fundamentar el pedido.
El gobierno de Fernando de la Rúa, al igual que el de Carlos Menem, firmó un decreto en el que estableció las pautas a seguir con los pedidos de asistencia y de extradición firmados por los jueces extranjeros que llevan adelante procesos sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Como el 111/98, su par 1581/2001 rechazó todo tipo de colaboración con los tribunales extranjeros que investigan los crímenes del terrorismo de estado, aunque este último dejó la puerta abierta para que la Justicia local interviniera en los casos que sean trabados afuera. El decreto sirvió al gobierno de Eduardo Duhalde como sostén para liberar al represor Alfredo Astiz cuando Suecia solicitó su captura por la desaparición de la joven Dagmar Hagelin. Antes de firmar la resolución, De la Rúa había liberado al marino de un reclamo italiano.
En un reportaje publicado el domingo en este diario, el canciller Rafael Bielsa aseguró que “los abogados deberían pensar si es constitucional un decreto del Poder Ejecutivo que quita de la esfera de la Justicia una decisión que le es asignada legalmente” y ratificó la estrategia de “paso a paso” o caso por caso en relación a los eventuales pedidos de detención internacional.
La constitucionalidad del decreto fue impugnada en los tribunales por el abogado Alberto Zuppi, quien representa al Estado alemán en los pedidos de extradiciones del ex jefe de la policía federal Juan Bautista Sasiaiñ y el coronel Pedro Durán Sáenz, jefe del centro clandestino de detención El Vesubio. “El decreto se limita a decir algo que ya está en el Código Penal, Argentina siempre fue partidaria de la territorialidad. Pero Argentina no es sólo partidaria de la territorialidad, porque es parte de convenciones internacionales, en las que también se acepta la extraterritorialidad. Rechazar los pedidos de extradición in limine es una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, es un disparate..., hubo quien lo llamó mamarracho”, explicó Zuppi.
Un argumento similar esgrimió Rivas al presentar ayer en el Congreso el proyecto de ley para derogar el decreto. El diputado había impulsado una iniciativa similar en enero del año pasado. “El Ejecutivo se arroga facultades propias del Poder Judicial, que es el que debe establecer, según la ley, cuándo procede o no la concesión de la extradición”, aseguró. El socialista recordó, al igual que Bielsa, que “Argentina ha suscripto el Tratado de Roma y participado de la creación del la Corte Penal Internacional”, que están basados en el principio de extraterritorialidad.
“Hay una impronta discursiva que va en una dirección, y actos de gobierno que muchas veces entran en contradicción. Si el canciller plantea que está en la voluntad del Ejecutivo respetar los pactos internacionales y asumir el principio de extraterritorialidad, esto se tiene que compadecer con hechos y se tienen que remover los obstáculos que impiden llegar a eso y por eso se debe derogar el decreto 1581/2001”, dijo Rivas, quien pedirá hoy una entrevista con Bielsa para tratar este tema y entregarle el proyecto.