“El desafío de una democracia sin violencia institucional necesita de los familiares y las organizaciones, de los funcionarios, jueces y fiscales que creen que una Justicia democrática es posible, de fortalecer un Estado que castiga a los responsables de violar los derechos de aquellos a quienes deben cuidar.” La voz de Estela de Carlotto sonaba firme mientras leía el documento. Unas quinientas personas se agolpaban en una de las cinco carpas montadas para el primer Encuentro contra la Violencia Institucional que se llevó a cabo ayer en la plaza del Congreso y en el interior del Palacio Legislativo. Afuera, como durante todo el día, la lluvia caía sin pausa, constante como un corredor de fondo, obligando a los que se quedaron hasta el final de la jornada a apretujarse bajo el gacebo de tela para no mojarse. Más de dos mil participaron, a lo largo de todo el día, en diez mesas distintas de debate, con el concurso de miembros de los tres poderes del Estado, activistas de los derechos humanos, referentes políticos y sociales y familiares de víctimas del abuso del poder estatal.

“Esta fuerza que está aquí hoy, aguantando la lluvia, es un pueblo que quiere seguridad, pero también pide que no exista la represión institucional, que es un crimen terrible, porque participa el Estado”, dijo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo a Página/12 al concluir la actividad. Carlotto iba a encabezar el acto de cierre en un escenario montado en una punta de la plaza pero la inclemencia del clima obligó a realizar la lectura del documento en una de las carpas. “Es importante distinguir que en estos casos no es el Estado como tal quien provoca la violencia, como sucedía en la dictadura, sino que se trata de personas e instituciones que desde su interior no se adaptan a la democracia”, aclaró.

El encuentro había sido inaugurado horas antes por el vicepresidente Amado Boudou en el Salón Azul del Senado, en compañía del juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y el titular de la Cámara baja, Julián Domínguez (ver aparte). A lo largo de la tarde se sucedieron las mesas de debate, donde se discutieron temas como la represión de la protesta social, el tratamiento que le dan los medios a la violencia institucional, la problemática de género en estos casos, el control político y civil de las fuerzas de seguridad, entre otros tópicos. De los paneles participaron entre otros la ministra de Seguridad, Nilda Garré; la fiscal general Alejandra Gils Carbó; el titular de la Afsca, Martín Sabbatella; dirigentes oficialistas como Luis D’Elía (Miles) y opositores como Fernando Esteche (Quebracho) y familiares de víctimas como Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, y Susana Trimarco, madre de Marita Verón.

“La política de no represión que tan lejos llevó la gestión de Kirchner a partir de 2010 sufre algunos golpes. Es necesario terminar con el autogobierno de las fuerzas de seguridad y plasmar esta discusión en una ley”, planteó Ferreyra al ser consultado por este diario acerca de las cuentas pendientes en este ámbito. El hermano del militante del PO asesinado por una patota ferroviaria en 2010 también manifestó su preocupación acerca de que el protocolo de seguridad que emanó del Ejecutivo nacional debería ser adoptado por todas las provincias para evitar situaciones de violencia.

Al respecto, durante toda la tarde sobrevoló la plaza el recuerdo de lo sucedido la semana pasada en el Hospital Borda a partir de la represión de la Policía Metropolitana, una fuerza que no adhiere a los lineamientos que dicta el Ministerio de Seguridad de la Nación. En ese sentido, el vicepresidente Boudou denunció que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, creó esa fuerza porque “quería espiar y reprimir a los vecinos de

la ciudad de Buenos Aires cuando algo no le gusta”. Fresneda, en tanto, fue más allá al asegurar que “las fuerzas de seguridad no van a reprimir donde las autoridades políticas no las envían”, por lo que destacó que es “la clase política la que tiene que tener la capacidad de conducir” para acabar con la violencia institucional.

“El control político del correcto desempeño de las fuerzas de seguridad no es una actitud antipolicía, porque son los malos policías los que desprestigian y le hacen mucho daño a la institución”, señaló a su turno la ministra Garré, quien descartó la idea “que dice que no puede haber políticas de seguridad eficientes si se respetan los derechos humanos”. En ese sentido, el documento final que leyó Carlotto en la carpa atestada de gente que se refugiaba de la lluvia volvía a poner la mirada en “las dificultades que la democracia todavía tiene para entrar de lleno y apropiarse de las instituciones de seguridad y de justicia.”

El texto concluye señalando que “la lucha de familiares y militantes ha demostrado que denunciar a la policía ya no es imposible, pero convive con hechos cotidianos de impunidad y complicidad, con la violencia y la ilegalidad policial”. En todas las mesas de discusión se coincidió en que la necesidad de erradicar estos casos, más que nunca, recae en el único responsable de que sucedan: el Estado, a través de sus tres poderes debe gobernar, legislar y juzgar en consecuencia con una concepción democrática de la seguridad y la relación entre el poder institucional y la ciudadanía.