En las distintas exposiciones que se sucedieron durante el día de ayer en la jornada contra la violencia institucional, funcionarios políticos, miembros del Poder Judicial, de organizaciones de la sociedad civil y víctimas expusieron sus preocupaciones y propuestas. Aquí se destacan algunas de ellas:

- Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema: “Hace 30 años estábamos muy solos quienes hablábamos de la violencia institucional. Solos contra las instituciones, solos contra una opinión pública manipulada por la televisión. El gatillo fácil era algo sistemático; no eran hechos aislados, que se registraban mediáticamente como ‘miren cómo eliminamos al enemigo’. Tenemos una enorme deuda política, que tiene que ver con repensar nuestra policía y sus estructuras y ver qué es lo que se ha hecho después de 30 años. Copiamos la Constitución de Estados Unidos, pero no copiamos la policía comunitaria de los condados de los Estados Unidos, copiamos la policía de ocupación territorial militarizada de los Borbones. Tenemos que repensar nuestra policía, sus estructuras. Sabemos que si alguien tiene que prevenir violencia, y para eso le damos el llamado monopolio de la violencia al Estado, es la fuerza policial. Ni disculpo, ni justifico, ni mucho menos encubro actitudes judiciales. Pero lo penal y lo policial llegan tarde, llegan cuando la víctima ya está judicializada. Lo primordial y lo fundamental es prevenir, y quienes deben prevenir son las fuerzas policiales, el servicio de seguridad, no hay otra forma. Hay otra manera, por supuesto, que son las políticas sociales, a mejor calidad de vida, baja la violencia en una sociedad, pero eso es prevención primaria y pertenece a la política general. No se puede prestar ningún servicio de seguridad eficaz si ese servicio está contaminado con la formación de cajas y recaudación autónomas. Se descontrolan los mandos medios y los mandos bajos porque las cajas son más grandes. Es absurdo y es totalmente evidente que hay delitos que jamás se podrían cometer sin encubrimiento. Nadie puede aceptar que se cometa trata de personas sin encubrimiento”.

- Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación: “Hay una Justicia doble: que mira de una manera a las víctimas que tienen poder, pero cuando las víctimas son personas vulnerables, no les interesa escucharlas, eso también es violencia institucional. Tenemos que volver a construir un tejido social cohesionado que le grite al Estado: ‘Usted me tiene que proteger’. Porque si el Estado no me protege, no es un Estado legítimo; y si la Justicia no me protege, esa Justicia tampoco es legítima. La Justicia es legítima cuando cuida al pueblo y a los derechos humanos. En la Argentina de hoy sigue habiendo torturas y apremios, por eso la Defensoría General de la Nación querella en todos los casos de violencia institucional que llegan a su conocimiento. También es violencia institucional que la Cámara Civil diga que la ley de salud mental no existe, argumentando que al no estar reglamentada no se puede aplicar”.

- Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados: “La respuesta a la violencia institucional debe darse desde la política. O ponemos el oído en las demandas populares y convertimos las frustraciones en realizaciones; o criminalizamos el dolor y la respuesta es la represión, la impotencia cuando no hay razones. Y después de 30 años de democracia, no podemos hacer de la represión la respuesta a los reclamos de la sociedad. La protección de la vida humana debe ser la tarea que guíe las acciones del Estado. Existe la posibilidad de transformar democráticamente las estructuras de seguridad y justicia, entendiendo de una vez y para siempre que la violencia institucional es incompatible con la democracia. En los últimos 12 años murieron 1893 personas en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de las fuerzas de seguridad, y el 49 por ciento de estas personas murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio. Es necesario promover desde el Estado las políticas sociales que permitan la superación de las condiciones de exclusión que sufren los sectores más humildes, que son los más vulnerables a la violencia institucional y sobre quienes ésta impacta con más fuerza. Es fundamental en este proceso el control civil y el accionar de instituciones públicas conformadas tanto por profesionales relacionados con la temática del derecho y la seguridad, así como también la participación de universidades y redes conformadas por ciudadanos movidos por el interés de terminar con prácticas que lesionan los derechos humanos de las personas”.

- Pablo Ferreyra, hermano de Mariano Ferreyra: “La jornada demostró un abordaje muy plural, porque había miembros de pueblos originarios, gente relacionada con el problema de la vivienda y de la tierra, víctimas, familiares de víctimas, funcionarios políticos. Se dieron debates muy interesantes, intercambios con el público, compañeros de movimientos sociales, desocupados, movimientos políticos. Planteamos la problemática de que las provincias no respetan el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad, entendiendo que la política de no represión, que tan lejos llevó la gestión de Kirchner a partir de 2010, sufre algunos golpes, entre ellos, el asesinato de Mariano y los sucesos del Parque Indoamericano. Como contracara positiva, esto nos da expectativas de que el Ministerio de Seguridad pueda terminar con el autogobierno de las fuerzas de seguridad y que esta discusión se plasme en una ley que pueda recoger lo mejor de las políticas de no represión y así erradicar la violencia institucional”.

- Nilda Garré, ministra de Seguridad: “Es fundamental el compromiso de las autoridades políticas para controlar políticamente a las fuerzas policiales y de seguridad. Necesitamos terminar con la autonomía de las fuerzas y modificar estas instituciones. Tenemos que monitorear la gestión y desempeño de la Policía y controlar el uso y abuso de la fuerza. La formación, profesionalización, por un lado, y la modificación de los planes educativos de las academias de las fuerzas, por otro lado, permitirá luchar de manera eficiente ante formas sofisticadas del delito, como son la trata de personas y el narcotráfico. Ante cada caso de abuso hay que tomar una actitud clara para sancionar y separar a los responsables y así evitar la naturalización de la violencia”.

- Jorge Taiana, ex canciller. Director del Centro Internacional de Estudios Políticos de la Unsam: “La tortura es una práctica social, ya que no sólo es un medio para sacar información o justificarla sino que también constituye un elemento de disciplinamiento social. Se tortura al delincuente porque se entiende que se está autoexcluyendo del Estado de Derecho; pero (además) es una forma pedagógica de mantener disciplinado al conjunto de excluidos que hay en la sociedad. Es el miedo al levantamiento del conjunto de los excluidos lo que lleva a mantener la tortura como un instrumento de disciplinamiento social. Muchas de nuestras policías provinciales lo que hacen no es combatir, sino administrar el delito. En esta administración del delito la tortura es un elemento de convocatoria y disciplinamiento, sobre todo de los jóvenes. Es muy difícil probar la tortura en el sistema legal argentino, hay una actitud corporativa y la Justicia argentina no quiere enemistarse con personas que puedan serle útiles en el manejo de la ley”.

- Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación: “El sistema judicial no puede llenarse la boca con la defensa de los derechos humanos mientras se tortura en las cárceles y desaparecen jóvenes detenidos. La Justicia, para ser legítima, debe ser universal para toda la sociedad. Existe un discurso en los medios masivos de comunicación que criminaliza a la gente pobre. En los últimos años, solo nueve penitenciarios fueron acusados por torturas de un total de 415 denuncias, que motorizaron apenas una decena de ruedas de reconocimiento. Para lograr una Justicia legítima tenemos que trabajar todos: ciudadanos, organizaciones, funcionarios”.