Por Irina Hauser y Victoria Ginzberg

Gustavo Beliz no quiere parecer exultante, pero su gesto de satisfacción es evidente. Tanto que enseguida busca dejar en claro: con la renuncia de Julio Nazareno no se acabaron los problemas en la Corte Suprema. Después de él hay un próximo. El juez Eduardo Moliné O’Connor, enfatiza el ministro de Justicia, podría ser acusado “por traición a la patria” por haber hecho gestiones ante jueces norteamericanos para conseguir protección especial. Sobre el supremo Guillermo López, advierte, también pesan sospechas severas. Entre comentarios novedosos y otros que se le escuchan seguido, Beliz toma la merienda con un plato colmado de galletitas dulces rellenas. Los sábados, cuenta, son sus días preferidos para trabajar. Lo interrumpen poco, puede leer más y no tiene que usar corbata. “Yo me pregunto –provoca–, un juez de la Corte que está dos meses afuera del país, ¿en qué planeta vive?”
“La renuncia de Nazareno fue un primer paso de un cambio inmenso que hay que hacer en el Poder Judicial que, a pesar de tener algunos muy buenos jueces y fiscales, con malos ejemplos como el de Nazareno se desaniman muchísimo en la tarea de administrar justicia en el país”, evalúa el ministro. “Ahora estamos entusiasmados con la posibilidad de generar un recambio transparente en el tribunal. Esto no puede quedar simplemente en un cambio de nombres o de situaciones personales, sino que debe generarse una modificación cultural”, dijo.
–¿El Gobierno está esperando nuevas renuncias en la Corte?
–Uno no está en el interior de cada juez. Lo que se acaba de romper es la idea que tiene la sociedad de que nada se puede cambiar y de que la impunidad es invencible. Hay un plano de la actitud personal de cada juez y otro que tiene que ver con la prosecución de las causas de juicio político que hay en la Cámara de Diputados. Moliné O’Connor tiene como 60 causas, López tiene otras tantas.
–Moliné O’Connor está considerado como el verdadero cerebro de la mayoría automática menemista. ¿Cuáles son los principales temas por los que habría que juzgarlo?
–Puedo dar opiniones personales, como simple ciudadano. Me parece una vergüenza que un juez de la Corte Suprema pase más tiempo en el exterior viendo partidos de tenis que en el país administrando justicia. Es una auténtica vergüenza. Pero si es un mal o buen comportamiento lo tendrán que evaluar los legisladores. Las innumerables de salidas del país que acredita Moliné O’Connor en los últimos años, y no por temas judiciales, son un escándalo. Hay otro tema importante: todos los medios lo indican como responsable de haber hecho tratativas en Estados Unidos para conseguir algún tipo de protección para esta Corte Suprema. Es una actuación claramente abyecta desde el punto de vista de los intereses del país. Esto tipificaría una conducta de traición a la patria. Que un juez de la Corte vaya a pedir protección e impunidad a un Estado extranjero, si esto se verifica, me parece de una gravedad extrema.
–Lo dijo el propio secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, en una reunión durante su visita a la Argentina.
–Yo no participé en esas reuniones. No hablé de esto con el Presidente, pero el canciller Rafael Bielsa mencionó el tema. Algunos bribones identifican la seguridad jurídica con cuestiones como la violación de una licitación, hacer la vista gorda para el pago de un canon o generar un mecanismo de lobby económico que le cuesta millones de pesos al país. El concepto de seguridad jurídica que les va a dar confianza a los inversores desde el punto de vista internacional es que un juez de la Corte no robe en el ejercicio de sus funciones.
–En cuanto a los viajes de los supremos, Antonio Boggiano tiene los suyos, pero no parece tan cuestionado.
–Es otro ejemplo. Leí por ahí que estuvo dos meses en Roma y con condiciones que son inaceptables. En el ministerio no nos alcanzan las horas del día para trabajar. Yo me pregunto, un juez de la Corte que se toma dos meses para estar en otro país, ¿en qué planeta vive? Es una cuestión de mínimo compromiso con la sociedad. Un mínimo sentido de patriotismo.
–¿El Gobierno negocia la posible renuncia de López y Adolfo Vázquez?
–El caso de López es muy interesante porque a simple título estadístico muestra una primacía en el 15 por ciento de las causas en materia laboral que se ventilaban en la Corte. Hablo de juicios multimillonarios, situaciones que manejaban una enorme cantidad de recursos. Yo supongo que los legisladores estarán analizando eso. Es llamativo que hubiese una especie de división del trabajo en la Corte que llevaba todo lo laboral siempre al mismo juez.
–¿Concretamente qué hipótesis maneja?
–(Se ríe.)... es una hipótesis para analizar. Hay gente versada en el tema como el diputado Ricardo Falú. Hay cosas interesantes para revisar.
–¿Se refiere a la posibilidad de que López haya sacado rédito económico de los expedientes laborales?
–Eso es lo que tendrá que definir la Comisión de Juicio Político. Pero con simples estadísticas uno ve en ese juez “preocupación” por los temas laborales que “casualmente” involucran tantos recursos.
–En el caso de Moliné O’Connor, además de las situaciones que usted mencionaba, ¿no sería lógico también que se lo juzgara por fallos que firmó con Nazareno, por los que éste fue cuestionado?
–Lo que eran causales para uno seguramente serán causales para los otros que firmaron los mismos fallos. Están, además, surgiendo causas nuevas. Gustavo Gutiérrez está acreditando una muy bien fundada con el caso del juicio político al juez Luis Leiva (de cuyo jury de enjuiciamiento Moliné debió haberse excusado y no lo hizo) (ver página 14).
–Esta semana usted dijo que Nazareno debería responder penalmente. ¿Va a presentar una denuncia?
–Si percibimos o sospechamos la existencia de un delito, tenemos la obligación de denunciar. Hay temas, como el caso Meller, que son muy graves y que demuestran que la impunidad en la Argentina ha costado mucha plata. Los 400 millones de pesos involucrados en esa causa equivalen al presupuesto social de muchas provincias, a todo el Fondo de Incentivo Docente. La Oficina Anticorrupción lo está estudiando hace rato. En las causas que implican a Nazareno los legisladores tendrán que hacer un análisis para ver si alguna merece una denuncia penal. Ellos también pueden denunciar. Me parece importante que la tarea que hizo la Comisión de Juicio Político no se guarde en un cajón. También en el caso de Nazareno está el cobro de desarraigo, aunque vivía en Capital.
–¿Hubiese preferido la destitución de Nazareno a su renuncia?
–Lo importante es que no está más. Y que en el manejo interno de la Corte Suprema está en claro que no existen más los peajes, los sobres, los elementos abyectos desde el punto de vista de la administración de la Justicia que la Argentina conoció en todos estos años. Es un quiebre cultural lo que se está dando, y que tiene que impregnar al resto no solo de la Corte sino del manejo entre la política y la Justicia.
–¿Piensan impulsar una reforma administrativa en la Corte?
–La cuestión ética va de la mano con la administrativa. La Corte, por ejemplo, maneja muchos recursos económicos. Esperamos que el principal compromiso que asuma el futuro integrante de la Corte sea el de una reforma estructural del modo de funcionamiento del tribunal. Hay que ver criterios de manejo del dinero y de auditoría, temas que involucran la cantidad de autos y mansiones que la Corte tiene en su poder producto del decomiso en causas de narcotráfico, así como la cantidad de personal.
–¿Tienen algún informe elaborado sobre estas cuestiones?
–Recién estamos empezando a ver informes y hay mucho por hacer. Tiene que haber, además, reformas para que los jueces revelen su patrimonio, aunque tenemos que respetar la independencia de poderes. Pero no puede ser que el patrimonio de un juez sea algo oculto, oscuro, secreto.
–¿Y cómo se lograría eso, sin afectar la autonomía de la Corte?
–Por lo pronto, se va a dar un paso gigantesco, ya que se conocerá el patrimonio del futuro miembro de la Corte Suprema. Sueño con una primera reunión de acuerdo de la Corte en que ese juez se siente como el noveno integrante y plantee una serie de reformas estructurales.
–¿Ya están definidos el o los candidatos a ocupar la vacante?
–No hablé ni una letra con el Presidente sobre ese tema. Lo que él me encargó es poner en marcha el decreto 222 para diseñar un mecanismo y la única indicación que me dio es que no sea un traje a medida.
–¿Está de acuerdo con el modo en que fue designado, hace sólo seis meses, el ex senador Juan Carlos Maqueda en la Corte?
–Formó parte de una etapa que hay que superar, y es muy importante que eso ocurra. El decreto 222 de autolimitación del Ejecutivo en el nombramiento de jueces de la Corte vino de la sociedad civil. Al principio quizás había mucha irrazonable duda con las reuniones que tuvimos con las ONG (que elaboraron el proyecto “Una Corte para la Democracia”). Se creía que iba a ser una reunión como las de siempre, que no iba a llegar a ningún punto. Pasó lo contrario, y el sistema ahora será objetivo y exigente.
–¿A quién propondría usted?
–No lo he pensado, es una decisión privativa del Presidente, que someterá a la opinión de las ONG y todos los argentinos.
–¿Se van a tomar los 30 días de plazo establecidos para proponer candidatos, o quieren apurar el trámite?
–No lo sé, un mes tampoco es tanto tiempo.
–¿Podría ser una mujer?
–El decreto habla de establecer un equilibrio entre regiones, materias y género. Pero no puedo mencionar un tema que implicaría extralimitarme.
–El tiempo que demore el nombramiento no parece un dato menor en la medida en que la Corte está en una situación de virtual parálisis, provocada en parte por cómo está dada ahora la relación de fuerza entre sus miembros: cuatro a cuatro, empate. ¿Le preocupa esta situación?
–Lo que nos preocupa es que en la Corte no exista nunca más una mayoría automática, que ha sido nefasta. Debería haber audiencias públicas para las causas de la Corte. Otro tema especialmente grave es que hay muy pocas cortes del mundo donde un integrante dura de por vida. En Japón se elige por voto popular, en Brasil, España, Italia, Alemania, Chile, son cortes que duran diez o quince años, ocho en México. Van teniendo un control de calidad en el camino. Acá se empleaba el peor de los mecanismos.
–¿Le gustaría que los miembros de la Corte fueran elegidos por voto popular?
–La discusión es complicada. Japón es un caso muy excepcional.
–¿Argentina debería inspirarse en el modelo de Corte de otro país?
–Fíjense el caso de Estados Unidos. Moliné O’Connor fue a pedir seguridad jurídica ahí para que lo protegieran de sus casos de impunidad. Moliné no pasaría el filtro ni de media audiencia pública norteamericana.