–¿Va a ser intervenido el Poder Judicial de Santiago del Estero?
–Estamos siguiendo el tema de cerca. Hemos emplazado al gobierno para que desmantele esa Side provincial que es un ámbito muy negativo de funcionamiento del aparato de inteligencia, violatorio de derechos humanos. Nos parece que ahí hay muchas cosas por hacer.
–¿De qué depende que se concrete la intervención?
–Que se sigan bien las causas, que se avance en un funcionamiento adecuado del Consejo de la Magistratura sobre aquellos jueces que han actuado mal en Santiago, que no haya un nivel de indiferencia frente a estos temas que estamos denunciando, como el funcionamiento del aparato de (Antonio) Musa Azar que es una vergüenza. Otro punto muy importante es la existencia de un grupo económico en la provincia de Santiago encabezado por Carlos Ick, que ha recibido innumerables denuncias judiciales que no han avanzado. Ese grupo maneja medios de comunicación, cementerios privados, tarjetas de descuento para el personal del Estado, el banco, hoteles, la empresa de energía eléctrica.
–¿Pero acaso no hay responsabilidad del poder político?
–Eso tenemos que manejarlo con prudencia y no prestarnos a provocaciones. La anterior intervención en Santiago dejó un pésimo recuerdo en la memoria colectiva. Esa intervención generó que Carlos Juárez volviera al poder, después de que le quemaron la casa. Queremos crear un ámbito para estar cerca de las Madres del Dolor, porque hay otras causas tan graves como las de Patricia y Leyla. No está clara la muerte del obispo Gerardo Sueldo. Está todo el tema del movimiento campesino.