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Por Eduardo Gallo *

Las siguientes reflexiones pretenden encarar el tema de la democratización de la Justicia, no sólo desde un punto de vista jurídico, sino desde una comprensión despojada de tecnicismos porque estoy convencido de que es un tema que se debe instalar de manera directa y sin eufemismos en la sociedad.

Vivimos un momento histórico donde se debaten ideas y conceptos de manera amplia y participativa, de una manera muy distinta a los tiempos en que las voces eran silenciadas. Esos silencios fueron planificados en los albores de la organización nacional del país, orquestados por los grupos de poder victoriosos después de la Batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, que derivó en la estructuración conservadora y liberal de la República, que fue consagrada en la Constitución de 1853.

Por ello, salvo honrosas excepciones, como fue la Constitución de 1949 de Arturo Sampay, de la que ya nadie habla, la misma organización conservadora y liberal vuelve y se perfecciona a partir de la dictadura militar iniciada con el golpe de Estado de 1976. En ese período se asentó una idea de comunidad, de justicia, de libertad, de igualdad, contraria a los intereses de las mayorías, conformando jueces, legisladores, académicos, profesores y demás cuadros políticos y técnicos con una visión diametralmente opuesta al modelo nacional y popular que lleva adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para todos los argentinos.

Esos sectores conservadores siempre ocultaron sus proyectos bajo el manto de un derecho impoluto, sin credo, sin doctrina, sin valores, o mejor dicho, con antivalores. Formaron una escuela de derecho económico donde la razón de la existencia es ganar dinero, distribuirlo entre pocos, encubriendo a quienes mejor logren estos objetivos.

Usan para la difusión de sus ideas al diario Clarín, mintiendo sistemáticamente, con criterios falsos de justicia. Asimismo, han escrito los libros con los que estudiamos, han inspirado las leyes que nos rigen e imparten una justicia restringida.

Hoy, en el marco del estado de derecho y de la más absoluta legalidad, se está democratizando la Justicia, con el aporte de leyes que son sancionadas por el Congreso de la Nación, tal lo anunciado por la Presidenta en la apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento.

Reflexionando se comprende la razón por la cual el Poder Judicial no se adecuó a los cambios, no sólo en comparación con los otros poderes del Estado, sino de la sociedad en su conjunto.

Se puede considerar así que el Poder Judicial es un “contrapoder” porque debido a su origen y conformación, en la mayoría de los casos no sirve al fin de justicia que la sociedad necesita... La impresión es que sólo sirve al poder concentrado, desdeñando al ciudadano común.

En estos años de democracia, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, a través del voto popular, han ido creciendo a partir de la legitimación que implica la elección de sus miembros. Esto no se da en el Poder Judicial pese a los intentos en tal sentido, como por ejemplo la nueva composición de la Corte Suprema de Justicia, entre otras modificaciones.

Los dos primeros poderes se legitiman periódicamente con las elecciones y el voto popular, pero en el Poder Judicial los cargos duran mientras dure la buena conducta (evaluada por los mismos magistrados) y no los alcanza la edad jubilatoria. Además, se integra por el ingreso de familiares y conocidos, lo que se llama “la familia judicial”. Esto cierra un círculo vicioso de dudosa legitimidad, con una visión de la sociedad sesgada e impregnada de una ideología conservadora, aunque pretende disfrazarse de una independencia e imparcialidad que no posee. Las nuevas propuestas y las leyes pretenden dar mayor transparencia y legitimidad a la Justicia, de cara a la sociedad.

La pretensión de los grupos conservadores de que la Justicia sea un contrapeso de los otros poderes legítimos del Estado es negativa. Y este debate es el que se debe trasladar a la militancia y a la sociedad para lograr el cambio del “sentido común” instalado para mantener un statu quo en detrimento del pueblo.

Si se puede debatir el rol de la Justicia de igual manera que se discute el rol del Estado en general, se podrán lograr instrumentos que le otorguen mayor legitimidad, un funcionamiento de cara a la sociedad, evitando y erradicando prácticas impropias de un Estado democrático.

Los lineamientos fijados por la Presidenta en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso nacional tienen la intención de democratizar el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la designación y remoción de jueces, entre otras funciones. Se debe diferenciar cuáles son los requisitos para ejercer la Magistratura, las formas y procedimientos. La designación de sus miembros mediante el voto popular garantizará esa legitimación, de la que hoy carece.

Por supuesto, la transparencia de los integrantes es fundamental a la hora de saber quién juzga a los ciudadanos, al igual que ocurre en los otros poderes. Así se sabe quién representa y gobierna al pueblo.

Como ciudadanos se tiene el derecho de saber quién imparte justicia, no sólo desde una órbita académica, sino también desde una perspectiva patrimonial, porque hay que conocer desde qué intereses se habla y se decide.

La sociedad se merece la Democratización de la Justicia, la legitimación popular de la Justicia, para tener una Democracia plena para la felicidad de nuestro pueblo.

* Frente de Abogados para la Victoria Unidos y Organizados (síndico general adjunto de la Nación).