Hubo una decisión importante en el juicio por el Plan Cóndor. El eje sobrevuela nuevamente la figura del dictador Jorge Rafael Videla. De las 106 víctimas incluidas en el proceso, 44 lo tenían como único acusado. Muerto Videla, se abrió la pregunta acerca de qué iba a pasar con esos hechos, porque podían quedar afuera del juicio. A partir de un pedido de la fiscalía y de las querellas, el juez Pablo Laufer del Tribunal Oral Federal 1 –a cargo durante esta semana de la presidencia del juicio– habilitó la declaración de los testigos que iban a hablar sobre esos casos. Laufer entendió que sus testimonios ya “forman parte de la prueba común” del debate y pueden ser necesarios para consolidar elementos en torno de la figura de la “asociación ilícita” con la que se imputa a los represores del Cóndor. La fiscalía y querellas plantearon además otro eje: el derecho a la verdad de las víctimas.

“Hay otros factores”, dijo el fiscal Pablo Ouviña. “Hace 36 años que se está esperando resolver este tipo de hechos, el derecho a la verdad también es fundamento suficiente aunque lo anterior (la asociación ilícita) alcance para que ciertos hechos deban ser investigados.” Enumeró en ese sentido posiciones que recogen ese criterio de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros antecedentes, para señalar que el Estado tiene una responsabilidad para avanzar. A la posición del “derecho a la verdad” adhirió la querella del CELS y de Alberto Pedroncino. Sin embargo, el Tribunal no se pronunció sobre este punto. Tomó como eje suficiente para incorporar a los testigos el argumento de la “asociación ilícita”.

“En este juicio se va a debatir la posibilidad de la contribución de más de veinte personas en relación con una asociación ilícita, entonces cualquiera de los hechos imputados son pertinentes si permiten comprobar esa asociación”, indicó la fiscalía. Se entiende que la figura de la asociación ilícita debe ser probada como tal, antes de dar cuenta de qué represor la integró. Así, cada “hecho” de la causa puede aportar pruebas para consolidar esa construcción. La querella del CELS, a cargo de Marcos Kotlik, agregó la dimensión del contexto de crimen de lesa humanidad: entendió que más allá de esta figura, los testimonios hacen a la prueba del ataque sistemático y generalizado contra la población. En ese sentido, quedó dicho algo importante: que una persona durante su testimonio no sólo aporta pruebas sobre un acusado, sino que pone en escena un contexto del cual pueden surgir otros datos y responsabilidades. El tribunal, como se dijo, tomó sólo el tipo de la asociación ilícita para habilitar los testimonios. Videla ya no puede ser acusado, pero los casos que estaban adjudicados a él ingresarán al debate para probar la organización. Esto sucedió con la primera testigo que habló en esa situación.

Del otro lado de una pantalla, desde Canadá, declaró Miryam Dolva Zeballos, compañera durante un tiempo de Eduardo Efraín Chizzola Cano, una de las víctimas de este juicio y parte de las 44 que apuntaban a la responsabilidad de Videla. Eduardo era un uruguayo refugiado en Argentina. Lo secuestraron el 17 de abril de 1976 y su cuerpo apareció días más tarde. Estaba con documentos falsos, tenía signos de tortura y un disparo en la nuca. En ese momento, le tomaron las huellas dactilares, pero lo enterraron como NN en el cementerio de Chacarita. A través de la Comisión por la Paz uruguaya, la familia logró finalmente identificarlo en 2000. “En las fotos del cadáver puede verse que es Eduardo”, dijo Miryam en la declaración. “Como no fue identificado (en 1976) estuvo enterrado diez años en una tumba anónima en la Chacarita hasta que diez años después quedó reducido a un osario común. Esa información se obtuvo en la Comisión de la Paz en Montevideo. Han sido años en que no había un lugar para expresar un duelo, y había incertidumbre, un período muy difícil para todos.” Miryam estaba separada de Eduardo, tenían una hija: Verónica Isabel. Ellas dejaron Argentina en junio de 1976. Vivieron dos años en Perú, refugiadas por el Acnur, y luego se fueron a Canadá. Cuando ayer se presentó a declarar vía videoconferencia, la defensa de los represores se opuso y eso dio lugar al debate.

En Uruguay, Eduardo militó en la Resistencia Obrero Estudiantil. “Estaba viviendo clandestinamente y había sido requerido por las fuerzas conjuntas uruguayas. Decidió irse a Argentina. Había muchos compañeros de él que habían sido detenidos y por lo tanto su seguridad corría peligro.” En marzo de 1973 viajó a Argentina. Un mes después, viajó Miryam. Vivieron juntos hasta que se separaron, en septiembre de 1974. Los datos de su hija, como la fecha de nacimiento, empezaron a ser importantes en la sala, como si fueran puntos fijos en una sucesión de hechos atravesados por la persecución y la clandestinidad.

“Tratábamos de vernos cada una o dos semanas para que no perdiera contacto con su hija, pero a veces era difícil. Al principio nos encontrábamos en un bar y otras veces en una placita infantil que no recuerdo dónde estaba.” En ocasiones, era el Café de los Angelitos. Cierta vez, Miryam viajó a Montevideo y perdieron contacto. Eduardo escribió una carta a una casilla de correo para fijar nuevo encuentro. Miryam no se acuerda de qué día lo vio por última vez, pero supone que fue alrededor del 5 de abril de 1976. “Después no supe más nada, pero el 19 de abril apareció el cuerpo de su compañera Telba Juárez en una calle de Barracas, con balazos. Un compañero me contactó para decirme que Eduardo estaba desaparecido desde el 17 de abril y que por favor me pusiera en contacto con sus padres para pedirles que vinieran a buscarlo.”

Eduardo tenía 25 años. Era parte del Partido para la Victoria del Pueblo. Miryam contactó a sus padres. “Fueron a Coordinación Federal, por supuesto no los trataron muy bien, estuvieron uno o tres días y se volvieron a Montevideo sin respuesta de nada.”

El testimonio de Miryam también se volvió importante porque describió a dos represores que originalmente no estaban incluidos en el “caso” de Eduardo: Manuel Cordero y José Gavazzo, coroneles uruguayos que intervinieron en el Plan Cóndor. Cordero fue extraditado desde Brasil a pedido de la Justicia argentina y es uno de los acusados del juicio.

Miryam escuchó sus nombres cuando estaba por irse a Perú. La madre de Eduardo había viajado para despedirla. “Me contó que el 30 de abril o 1° de mayo de 1976 había ido Cordero y otra gente a su casa, y le mostró unos documentos, cédula de identidad y libreta de conducir, y le dijo: esto lo encontramos al lado de un muerto argentino. La mamá de Eduardo, que era muy detallista, me hizo una descripción completa, era Manuel Cordero el que había estado allí. Me dijo que reconoció que la foto era de Eduardo y que la letra de la firma era la de él.”

En la sala, defensores y jueces volvieron a preguntarle por Cordero. Ella explicó que Cordero era una persona conocida: “Vivía en el mismo barrio de la mamá de Eduardo, de manera que ella lo encontraba en la feria a la que iba todas las semanas. Una vez yo fui a la feria y ella me lo mostró, pero realmente no quise mirarlo”.