La estrategia del represor Ricardo Miguel Cavallo para intentar eludir, o al menos manchar, el juicio en su contra por genocidio y terrorismo en España, será la que insinuó en la audiencia con el juez Baltasar Garzón: procurará involucrar al gobierno argentino en el proceso que se le sigue en Madrid. Su abogado anticipó que pedirá “instrucciones” sobre “en qué forma” y “sobre qué puntos” declarar. Investigadores del caso interpretaron el anuncio como un intento de chantaje. Mientras Garzón avanza con este caso, la Audiencia Nacional cerró el sumario sobre el ex marino Adolfo Scilingo y comenzó los trámites para la realización del juicio oral en su contra.
Julio Antonio Ferrer Sama, abogado español que representa junto con el argentino Jorge Laspiur a Cavallo, aseguró al diario mexicano El Universal que el represor “se siente militar” y que “quiere que su gobierno le dé instrucciones para actuar en consecuencia”. Sin embargo, Garzón fue muy claro cuando lo llamó a su despacho el domingo, en presencia de los abogados querellantes Manuel Ollé y Antonio Segura. El juez y el acusado se sostuvieron las miradas un buen rato hasta que el marino bajó la vista. Cavallo se negó a declarar usando como argumento su condición de integrante de la Armada. “Me veo en la obligación de recordarle que usted no está acá como representante de las Fuerzas Armadas argentinas sino como presunto autor de un genocidio”, lo corrigió el juez.
Ayer el ministro de Defensa, José Pampuro, se reunió con la plana mayor del Ejército en el edificio Libertador y allí se analizó la situación de Cavallo. Los militares expresaron su “preocupación” por la eventual derogación del decreto 1581/01, que rechaza in limine las extradiciones de quienes violaron los derechos humanos durante la última dictadura militar. La materialización de esta medida parece cobrar cada vez más fuerza en el Gobierno. “El decreto sólo puede ser derogado por otro decreto del Poder Ejecutivo o una ley del Congreso. En la Cancillería se inclinan por la derogación del decreto, pero en otras áreas gubernamentales no opinan lo mismo. Kirchner aún no dijo lo suyo”, puntualizó un funcionario.
La Sección Tercera de la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid decidió ayer abrir el proceso del juicio oral contra Scilingo, quien confesó haber participado en los “vuelos de la muerte”. En la resolución, los magistrados no admitieron el argumento de que los delitos por los que está acusado el ex marino ya fueron juzgados porque, afirmaron, las leyes argentinas de Obediencia Debida y Punto Final “vinieron a significar la más absoluta impunidad de las personas presuntamente responsables de los gravísimos hechos enjuiciados”. Señalaron también que si se produjera una persecución “efectiva y constatable” de estos crímenes por la Justicia argentina, los tribunales del país “serían los primeros y los exclusiva y excluyentemente competentes para el enjuiciamiento de los mismos y de sus partícipes”.
La fiscalía anunció que impugnará la decisión de abrir el juicio oral contra Scilingo porque cree que este trámite debería paralizarse hasta que se resuelva la situación de Cavallo. De cualquier manera, la fiscalía se opuso sistemáticamente a todos los pasos que significaran un avance en la investigación de Garzón. Los abogados querellantes creen que los juicios contra ambos represores podrán concretarse a principios del año próximo y que Cavallo podría ser condenado a más de cinco mil años de prisión, aunque formalmente sólo estaría encerrado treinta.