El viernes a la nochecita María Laura Garrigós de Rébori se fue del encuentro de “Justicia legítima” en el Teatro Argentino de La Plata con una emoción extraña y una lista de 250 personas. Eran las primeras que quisieron dejar por escrito su voluntad de ser parte, socias, del movimiento judicial que en poco tiempo tendrá forma de asociación. Garrigós, que es la presidenta de la Cámara Criminal y Correccional, también será la titular de “Justicia legítima”. Sin embargo, asegura que es todo una formalidad para facilitar ciertas acciones y trámites, y que la intención de la agrupación es seguir funcionando de manera asamblearia. En diálogo con Página/12 explica la relación con la tradicional Asociación de Magistrados, a la que cuestiona por frenar la nueva Ley de Consejo de la Magistratura. “Lo que han hecho es directamente forum shopping”, advierte, en alusión a la práctica de elegir el juez más conveniente. Avala la reforma en marcha y explica por qué ella cree que ayuda a democratizar.

–¿En qué ve ese conocimiento del común de la gente?

–Nunca antes nos habíamos insertado en el conocimiento del hombre de a pie. Hoy mi vecina sabe qué es “Justicia legítima”. Pero también lo veo en la gente que asiste a nuestras reuniones. Gente de la facultad, de otros gremios y gente común a la que le da curiosidad. Dentro del Poder Judicial siempre hubo diferencias. Las viví desde pinche. Todavía hay una jueza de mi fuero que exige que los empleados se pongan de pie cuando ella entra.

–¿Qué cree que está cambiando?

–Hoy hay una apertura que está dada por el desarrollo de la militancia, de la mano del Poder Ejecutivo, impensable diez años atrás. Además, los juicios de lesa humanidad no sólo sirvieron para que nunca más ocurran los crímenes dictatoriales, sino para valorizar la actividad de los militantes y organismos de derechos humanos. Antes, los del Poder Judicial hablábamos de ropa y de las próximas vacaciones, pero no se hablaba de política. Hoy es tema ineludible en cualquier reunión.

–¿Usted tiene o tuvo alguna militancia política?

–Nunca estuve afiliada a ningún partido. Mi final de adolescencia y juventud transcurrieron en la dictadura. Provengo de la escuela y la universidad pública, y mi marido, que es hijo de un desaparecido, también.

–¿Se va a postular para consejera?

–No lo tengo pensado, ni lo hemos hablado entre nosotros. Como está redactada la nueva ley, tampoco podemos presentar, como asociación, candidatos.

Politizados

–¿Le parece bien que los jueces se postulen a través de partidos políticos?

–Al comienzo no me cerraba que los jueces se presenten por listas partidarias, lo admito. Después entendí que las elecciones populares no pueden ser de otro modo. Pero basta mirar quiénes están hoy sentados en el Consejo. Está (Ricardo) Recondo y ¿quién es Recondo? ¿Es apolítico? (Recondo fue secretario de Justicia de Alfonsín e hizo campaña para consejero presentándose como antikirchnerista). Como siempre, además, siempre hay que hacer campaña, y cuesta plata, yo prefiero la de los partidos políticos, que es la única que tiene algún tipo de control.

–La Asociación de Magistrados dice que esto va a traer una “politización partidaria” del Consejo.

–Insisto, ya existe, y por eso está trabado hoy el Consejo. Prefiero que sea evidente, como en el Congreso. El Consejo es el órgano de gobierno del Poder Judicial, el que debería controlar si los jueces trabajan o no, si dictan las sentencias, si se paga la luz, evalúa la conducta y toma los exámenes y propone ternas de jueces. En eso siempre hay un aspecto político, porque los nombramientos los propone el Poder Ejecutivo. La diferencia es que antes de que existiera el Consejo, no había que concursar. Cuando yo llegué a la Cámara, en 2004, había un juez, Bonorino Peró, que tenía treinta años de camarista. Recién se había ido Guillermo Rivarola. Eran jueces de la dictadura. Después habían venido los nombrados por el menemismo. Y después empezamos a entrar los de la primera camada que entró por concurso.

–¿Qué le parece que haya jueces que pidan frenar la aplicación de la reforma del Consejo y que otros hagan lugar y frenen las elecciones?

–Lo que han hecho es directamente fórum shopping. Presentan amparos y cautelares en todos lados, van probando, hasta que enganchan uno y consiguen lo que quieren: parar la ley. Me parece una barbaridad que la Asociación de Magistrados se presente así, por derecho propio, diciendo: somos jueces, no queremos esta ley de esta manera. La última vez que la Asociación no quiso que se aplicara una ley vigente fue en 1996, cuando se estableció que los fiscales debían investigar los sumarios “NN”, es decir, causas que no tienen imputados, antes de que pasaran al juez. Eso permitía un mapa del delito, pero los fiscales decían no tener estructura. La Asociación le pidió a la Corte que sacara una acordada para no cumplir, pero la Corte se negó.

–Es lo mismo que ahora, la Asociación no quiere que se aplique la ley.

–Claro, no quieren y dicen que es inconstitucional, y buscan a un juez que les dé la razón. Elegir el juzgado no es delito, pero es una mala práctica. Ellos dicen que es inconstitucional porque hay que elegir “representantes” de los jueces, y por lo tanto ellos mismos deben elegirlos, no la ciudadanía. También dicen que no se respeta el equilibro entre los estamentos del Consejo. Son cosas discutibles, pero no inconstitucionales.

La ley y la “gente”

–¿Está de acuerdo con la elección popular de consejeros?

–La propia Asociación de Magistrados, en sus presentaciones judiciales, recordó un debate ilustrativo de la asamblea constituyente. Allí Raúl Zaffaroni dijo que, tal como quedaba redactado el artículo 114 de la Constitución, no estaba claro que sean los jueces los que eligen a sus representantes, ni que el representante tenga que ser un juez. Entonces ese punto quedaba librado a la ley reglamentaria, que se podría modificar el día de mañana. Enrique Paixao, que era la voz de Raúl Alfonsín, interpretaba que el representante de los jueces debía ser un juez elegido por los jueces, y que ése era el espíritu constituyente. Finalmente asumieron el riesgo de dejar librado el texto a interpretaciones. Se pensaba en un consejo corporativo, consecuencia del Pacto de Olivos. Hasta hoy, los jueces que eligen consejeros no llegan ser 900. Hoy, a casi veinte años, el Poder Judicial pretende no ser corporativo y los legisladores que interpretan la voluntad popular dicen que los que van a gobernar a los jueces deben ser elegidos por voto popular.

–¿Usted cree que el voto popular de consejeros y el aumento de representantes académicos y científicos democratizan?

–Sí, democratizan, si la sociedad se siente responsable de los consejeros que elige. El aumento del número conspira contra el secreto o “prudente discreción” y la publicidad permite el control de gestión.

–Otro motivo de impugnación de la ley es que sustituye la mayoría de dos tercios de los presentes para elegir jueces o acusarlos ante el jury, por una mayoría de la mitad más uno del cuerpo.

–Hoy, con trece consejeros, tiene que haber siete personas sentadas y en el peor de los casos te pueden elegir o denunciar con cinco votos. En el consejo reformado, de 19 miembros, hacen falta 10 votos, el doble. Seguramente serán adictos al partido gobernante, pero entre ellos habrá académicos. En el Consejo no podrán estar Maradona ni Mirtha Legrand. Imaginemos que los académicos son de Carta Abierta, ¿se van a jugar su prestigio por recibir una orden de mandar a un juez a jury? Suena más difícil que se pongan de acuerdo diez que cinco. La Corte nunca logra juntar siete votos.

–Muchos juristas dicen que el único aspecto claramente inconstitucional que tenía la reforma es el que se negoció y quedó excluido: que el manejo de fondos pasara de la Corte al Consejo.

–Como sea, la Corte venía manejando ya el presupuesto del Poder judicial y nadie dijo nada. El artículo 114 decía lo mismo que ahora: no es la Corte la que debe manejar el presupuesto. Pero suponiendo que esa administración pasara al Consejo, la Corte incidiría igual. Es un diseño complicado.

–¿Y por qué usted no firmó la carta de presidentes de Cámara que precisamente dio pie a esa negociación?

–Porque creo que se equivocan en lo del dinero, de eso se tiene que ocupar el Consejo. También se quejaban de que no podía nombrar personal. Pienso que los empleados tienen que ser idóneos, no de confianza. La lealtad tiene que ser en el trabajo, no la personal.

–¿Cree que la reforma cambió o se puede reflejar en la vida del común de la gente?

–Sí, cambia. Contra lo que dicen algunos, pienso que las cámaras de casación no van a entorpecer sino que pueden ayudar mucho a resolver más rápido los planteos de arbitrariedad de las sentencias, que demoran en la Corte. El hecho de que, además, se publiciten las sentencias no cambiará tanto, pero sí que se publiquen las listas de causas que tiene cada tribunal. Es mostrar la verdad total. Si una causa no se movió en seis meses, estará a la vista que no cumplió los términos. El Consejo, en eso, tiene la posibilidad de marcar una política judicial.

–¿Y la ley de medidas cautelares?

–Tal como quedó está bien y no tiene inconvenientes. Una cautelar no puede durar más de seis meses. Si presentás un amparo por ejemplo de salud, tiene que ser resuelto rápido. Los jueces van a tener que tramitar los amparos con otra lógica en esos casos, es un remedio urgente. De igual modo, es lógico partir de que el Estado es solvente, siempre va a pagar (en reclamos del poder económico).

Actualidad

–Estos días, en medio de las causas penales que tocan al empresario de la obra pública Lázaro Báez, se mezclaron denuncias contra la procuradora Gils Carbó por el nombramiento de fiscales subrogantes y ad hoc. ¿Qué piensa al respecto?

–No parece casual que todos los fiscales cuestionados son los que investigan narcotráfico, trata, tráfico de armas y lavado en unidades especializadas. El fallo de la Sala I, que cuestiona al juez Sebastián Casanello por avalar esos nombramientos, es un ejemplo de arbitrariedad. Dicen que están de acuerdo con él, pero que debería juntar pruebas. Es la típica práctica peligrosa de mantener una causa abierta, latente. Al fiscal Guillermo Marijuán (quien impulsó aquella imputación contra Gils Carbó) nunca lo había visto trabajar con tanto ahínco. Le pegan a ella porque sale con una línea clara a cumplir un viejo objetivo de cualquier sistema acusatorio, con unidades especializadas. Hasta en la Ciudad tienen fiscalías especializadas y nadie lo cuestiona.

–¿Realmente cree que la reforma va a democratizar o acercar la Justicia a la ciudadanía?

–Hoy está claro que la gente no percibe a la Justicia como justa. Pero soy optimista. Hace más de treinta años que estoy en tribunales y no me han colonizado. Soy de la familia judicial, pero soy parienta política. Puedo pararme frente a mis colegas y decir lo que me parece mal. El ingreso irrestricto al sistema de Justicia creo que también ayudará a cambiar la lógica. No estoy convencida de que se solucione todo, pero vamos en camino a mejorar.

–¿Cuál es el próximo objetivo de “Justicia legítima”?

–Queremos trabajar en un método de ingreso que procure una composición diversa de los trabajadores judiciales. Y desarrollar un perfil de juez acorde con el sistema democrático.