El suspendido juez marplatense Pedro Hooft debe presentarse mañana ante el juez Martín Bava para ser interrogado como sospechoso de haber colaborado con el terrorismo de Estado. Es la cuarta oportunidad en que es citado para una declaración indagatoria. Las tres veces anteriores logró eludir el trámite, recusando magistrados y denunciando confabulaciones en su contra. Su última acusación fue contra Claudio Kishimoto, quien estaba subrogando en la causa como fiscal. Federico Hooft, hijo del juez, fue a su casa, lo increpó y lo grabó a escondidas mientras conversaban. “Yo le dije que le garantizaba la imparcialidad”, dice Kishimoto. Asegura que (“para sacármelo de encima”) se respaldó en la existencia de la Unidad de Coordinación de los juicios contra el terrorismo de Estado de la Procuración. Hooft, en cambio, denunció que Kishimoto dijo que el caso estaba “armado” y que “no había pruebas”. “El estaba muy ofendido, ofuscado, casi como un energúmeno. Y terminó diciendo: ‘No sé qué vamos a hacer con vos... no sé si no te vamos a llevar puesto’”, explica Kishimoto en diálogo con Página/12. A raíz de estos episodios, Kishimoto no está en este momento a cargo del expediente, pero asegura que lo que más llama la atención es que el juez suspendido se niegue a declarar, ya que la indagatoria es el momento para presentar su descargo y defenderse.

“Hace veinte años que vivo y trabajo en Mar del Plata. Estaba subrogando la Fiscalía Federal 1 y me tocó hacer la petición del requerimiento de instrucción en la causa Hooft. El doctor Hooft es un personaje bastante importante en la ciudad de Mar del Plata porque algunos lo toman como un referente, porque tiene una gran trayectoria judicial. La gente confunde un poco la situación porque no toma en cuenta lo que pasó en determinado período, en concreto con la cuestión que se denominó la Noche de las Corbatas (el secuestro de un grupo de abogados durante la última dictadura). Cuando nos toca hacer la imputación contra el doctor Hooft, muchas de las personas de Mar del Plata se ofenden, pero no saben lo que le estamos imputando a Hooft”, dice Kishimoto, que volvió a la secretaría de la fiscalía donde se desempeñaba con anterioridad.

–¿Uno de los hijos de Hooft grabó una conversación con usted?

–Uno de los hijos, con quien yo tenía trato funcional, porque trabajaba en el juzgado federal. En la actualidad es secretario, a cargo de la Secretaría 6 y también es defensor del padre. Hace dos o tres meses me vino a encarar a mi casa muy ofendido, ofuscado, casi como un energúmeno. Tocó timbre y mi esposa le dijo que no estaba. Cuando llego, era de noche, él estaba parado con su coche esperándome. Y cuando estoy por entrar a mi casa, me increpa, me dice: “¿Qué es lo que le están haciendo a mi papá?”. Yo me quedé sorprendido, pero lo atendí, y ése fue mi error. Le dije: “La imputación está, la firmé yo”. El dijo que era una injusticia y le contesté: “Que venga tu papá a declarar y ahí vamos a separar todas las imputaciones que hay, que son un montón, y vamos a ver qué es lo que queda y qué es lo que no queda”. Lo único que le dije es: “Te garantizo que voy a ser objetivo”. El dice que no, que la causa está armada...

–El dice que usted afirmó que no había pruebas o que le habían armado la causa...

–La Procuración tiene una unidad que trabaja en Mar del Plata y una unidad que trabaja en Buenos Aires. Estamos todos entrelazados. Federico Hooft viene a mi casa, mi hija escuchó sus gritos, a tal punto que le dijo a mi esposa: “¿Quién es esta persona que está apretando a papá?”. Yo tuve un sentimiento piadoso que me jugó en contra. Desconocía que me estaba grabando. Le dije que le garantizaba la objetividad. El después hace un circunloquio. En la Procuración, cuando hay algo que nos está atorando o molestando, (Jorge) Auat (el titular de la Unidad de Coordinación de los juicios sobre el terrorismo de Estado) siempre dice “háganme responsable a mí”, “nosotros nos hacemos cargo”: es para descomprimir nuestra situación, porque somos la cara visible. En función de eso yo me lo quise sacar de encima. El terminó la conversación diciendo: “No sé qué vamos a hacer con vos... no sé si no te vamos a llevar puesto”. “Hacé lo que quieras”, le dije y ahí terminó la comunicación. Yo debí darme cuenta, por cómo fue ese comentario, de que algo estaba pergeñando.

–¿Alguna vez Hooft presentó un descargo o dio una explicación sobre los hechos por los que se lo acusa?

–Nunca. No hay ninguna explicación. (El ex fiscal) Julio Strassera dice que Hooft le brindó colaboración en la entrega de material para la causa 13. Pero una cosa no quita lo otro. Hay defensas parcializadas.

–¿Y qué es lo más importante de la imputación?

–Hay un montón de cosas. La tramitación de los hábeas corpus. En algunos casos hubo llamados al GADA (Grupo de Artillería de Defensa Aérea de Mar del Plata), ha salvado algún abogado, pero a los otros no. El testimonio de Martha García es importante. Hay trámites irregulares.

El principal caso por el que está acusado Hooft es la llamada Noche de las Corbatas, como se conoce a la desaparición de un grupo de abogados marplatenses.

Camilo Ricci y Raúl Alais, que compartían el estudio jurídico, fueron secuestrados el 6 de julio de 1977. Por ambos profesionales se interpusieron recursos de hábeas corpus en el juzgado de Hooft. El abogado Rodolfo Díaz hizo el de Ricci y el padre de Alais, el de su hijo. Díaz pudo entrevistarse con Hooft, quien le aseguró que se encargaría personalmente del caso de Ricci, por quien también se había preocupado el Colegio de Abogados local. Ricci apareció con vida al día siguiente: fue arrojado de un automóvil en el camino viejo a Miramar. Cuando declaró hace algunos años en el Juicio por la Verdad de Mar del Plata, Díaz aseguró que, luego de su liberación, Ricci (que ya falleció) fue a hablar con Hooft, que le dijo que había ido personalmente al GADA a preguntar por él.

Para los denunciantes –los organismos y la Secretaría de Derechos Humanos–, este hecho demuestra que Hooft tenía acceso y diálogo con las autoridades militares –aunque la liberación de Ricci no hubiera dependido de su gestión–, sabía dónde estaban los desaparecidos y, a pesar de ello, rechazaba sistemáticamente los hábeas corpus.

Martha García y Jorge Candeloro fueron secuestrados en junio de 1977 en Neuquén. Al padre de Candeloro le informaron que ambos estaban detenidos en la policía y, una semana después, también le dijeron que se los habían llevado a Mar del Plata, donde estaban a disposición del Ejército. Allí, y con esos datos, hizo un hábeas corpus en el juzgado de Hooft. El 15 de julio, el coronel Alberto Pedro Barda, jefe de la Subzona Militar 15, le informó al juez que el requerimiento había sido elevado al Primer Cuerpo de Ejército. Pero antes de obtener una respuesta formal, positiva o negativa, Hooft rechazó el hábeas corpus (“no surge que estuviera privado de libertad en esta jurisdicción”) y estableció que la familia debía pagar las costas del trámite.

El 3 de octubre, Hooft recibió en su juzgado el informe pendiente del Ejército, que aseguraba que Jorge Candeloro había fallecido el 28 de junio de 1977. El comunicado firmado por Barda expresa “que mientras se realizaba un operativo contra la banda de delincuentes subversivos PRT-ERP, el 28 de junio de 1977 en esta ciudad fue abatido el Dr. Roberto Jorge Candeloro (a) José (a) Manolo, en circunstancias en que, aprovechando un desperfecto del vehículo que lo conducía y la oscuridad reinante, trató de huir sin respetar las voces de alto dadas por el personal de custodia”. Candeloro efectivamente murió el 28 de junio de 1977, pero mientras era sometido a una sesión de tortura en el centro clandestino de detención “La Cueva”. Los denunciantes señalan que con esta información, en la que el Ejército había reconocido su participación en la muerte del abogado, Hooft debería haber indagado sobre el destino de Martha García de Candeloro, que seguía desaparecida. Pero el juez no hizo nada por la mujer. Es más: ni siquiera agregó el informe militar al expediente en ese momento. Lo hizo en 1980, cuando Martha García pidió la causa con el objetivo de recibir una pensión. Allí, la mujer supo que el Ejército admitía que había asesinado a su esposo (aunque falseando las circunstancias del hecho) y que el juez nunca había solicitado información acerca del destino de su cuerpo, que sigue desaparecido.

Martha García declaró que reconoció la voz de Hooft mientras estaba secuestrada en la seccional 4ª de Mar del Plata. Un policía le contó que venía “el juez” y ella, después de escuchar una conversación, le dijo: “Soy la esposa del doctor Candeloro”. El hombre no le contestó. “Sentí los pasos de la Justicia que se alejaban”, señaló ella.