El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sostuvo que los planteos de inconstitucionalidad que intentan frenar la reforma del Consejo de la Magistratura y la elección popular de sus integrantes constituyen un “ejercicio abusivo” del derecho de peticionar ante las autoridades de parte de entidades de jueces y abogados. A su entender, la estrategia que han desplegado, de “diseminar” una “catarata de amparos” en múltiples juzgados, está “emparentada con el fórum shopping”, en este caso como “excursión de pesca en busca” de algún juzgado que admita “esta irregular pretensión” que, a su entender, busca “limitar” el derecho de la ciudadanía a elegir a sus representantes. En estos términos, Ramos Padilla rechazó in límine (de plano) el pedido de medida cautelar del Colegio de Abogados local e incluso advirtió que todas las presentaciones deberían tramitarse en el juzgado electoral porteño.

La resolución de Ramos Padilla está en el extremo opuesto a las que dictaron la semana pasada el juez de Mar del Plata, Alfredo López, y el de San Nicolás, Martín Alberto Martínez. Ambos le ordenaron al Poder Ejecutivo frenar las elecciones de consejeros por evaluar que la reforma del mecanismo de votación de sus integrantes podría llegar a considerarse inconstitucional. Las dos demandas habían sido promovidas por colegios de abogados, como parte del plan de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) de abrir causas en la mayor cantidad de juzgados posibles. Estaban en sintonía con los reclamos de la Asociación de Magistrados, camaristas, particulares y fuerzas políticas. Todos cuestionan el voto popular de los consejeros abogados y jueces, alegando que sólo su corporación puede elegirlos como sus representantes, y dicen que no se respeta el equilibrio entre los estamentos del Consejo.

Según Ramos Padilla, el mecanismo para elegir consejeros debe “provenir de una discusión racional” en los “ámbitos de mayor representación democrática del país”. “Los jueces y abogados –sostuvo en su resolución– no podemos colocar por encima de los intereses del pueblo nuestros reclamos corporativos y mucho menos presentar una lluvia de amparos y medidas cautelares para lograr que algún juez de cualquier lugar del país dicte un pronunciamiento suspendiendo las elecciones y cercenando en definitiva derechos del pueblo.” Eso sería, alertó, “un precedente nefasto” porque “institucionalizaría un proceder contrario a los más elementales principios que hacen a nuestro sistema”.

Ramos Padilla consideró que esa práctica, que equiparó al fórum shopping (elegir o conseguir un juez que falle a favor), es un “hecho de gravedad institucional, de la que los magistrados sorteados no podemos ser cómplices”. “Es tan ilícita la conducta de quien busca de este modo irregular la intervención de aquel magistrado como la de aquel magistrado que sabiendo que está frente a una maniobra como la descripta se presta a resolver la cuestión”, advirtió. Además, sostuvo que una declaración de inconstitucionalidad debería ser un recurso de última instancia.

Otro punto sobre el cual alertó el juez de Dolores se refiere a la multiplicidad de criterios que pueden surgir de diferentes fallos. “No podemos poner en riesgo la autoridad del propio Poder Judicial dictando cada uno de los jueces distintas resoluciones contradictorias.” También sostuvo, a diferencia de algunos jueces, que es “obligatoria” la intervención del fiscal. Postuló, por último, que todas las causas deberían tramitarse ante la Justicia Electoral porteña, por lo pronto ante la jueza María Servini de Cubría, quien ya recibió más de una decena de planteos de entidades y partidos políticos. A diferencia de otros magistrados, ella sostuvo que por el momento no haría lugar a ninguna medida cautelar y le dio hasta este viernes al Estado para que explique su postura. Servini le pidió al fiscal Jorge Di Lello que dictamine en todos los amparos, menos en la presentación de la Asociación de Magistrados –a la que pertenece–, en la que le aceptó la excusación.

En el Gobierno analizan los pasos a seguir: en las causas de Mar del Plata y San Nicolás podrían apelar ante las cámaras de la jurisdicción o directamente plantear un per saltum ante la Corte Suprema.