Luego de rechazar la demanda que el Colegio de Abogados de Dolores presentó a la reforma del Consejo de la Magistratura, el juez federal de ese partido, Alejo Ramos Padilla, remarcó que las medidas cautelares que dieron curso a la suspensión de la elección popular de los miembros de ese organismo “atenta contra las bases del sistema representativo basado en la voluntad popular” y considera que tanto las corporaciones que las exigen como los magistrados que las otorgan “creen tener una prerrogativa superior a la del resto de los ciudadanos de elegir a los representantes”.

–En su fallo remarca que para el Colegio de Abogados de Dolores, la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura “destruye” la “representación estamental”. ¿Qué revela esta postura?

–Insisto en subrayar la manera en que presentaron el pedido para evidenciar lo errados que están quienes creen tener una prerrogativa especial o superior a la que tiene el resto de los ciudadanos de elegir a los representantes del Consejo. En su demanda, hablan de los representantes como suyos, lo cual es un error importante. Cualquiera que empiece a ejercer una función pública debe entender que no representa a una corporación, sino al pueblo.

–Es un error conceptual...

–Es un error conceptual que atenta contra las bases mismas del sistema de gobierno. Nuestra Constitución establece el sistema representativo basado en la voluntad popular, el de los intereses del pueblo. No hay mayor legitimidad para la conformación de un órgano de gobierno que aquel que surja del voto del pueblo. El Consejo de la Magistratura es un órgano de gobierno relativamente nuevo que, aunque la gente no lo tenga bien incorporado como tal, cumple funciones públicas para toda la sociedad, no para un grupo o sector.

–También asegura que las medidas cautelares son el reflejo de los intereses corporativos que circulan en la Justicia...

–Esta situación revela fuertemente que desde hace un tiempo se están utilizando las medidas cautelares para dañar las instituciones más importantes de la República. Ocurrió en su momento con la ley de medios, pero en este caso la gravedad institucional es aún mayor. Que se suspenda la convocatoria a elecciones y la posibilidad de votar de los ciudadanos a través de una medida cautelar dictada por un juez en la soledad de su despacho sin haber escuchado al principal perjudicado, el pueblo, pone en riesgo la institución más importante que tenemos, el sistema representativo y democrático de gobierno.

–Pero ya existen cautelares en curso. ¿Es inconstitucional que la Justicia frene de esta manera normas surgidas del Poder Legislativo?

–No, no lo planteo así, pero me niego a participar de esta situación que habilita a que cualquier juez pueda impedir una elección nacional. El precedente jurisdiccional que se crea es nefasto. Que se den todas las discusiones que se tengan que dar dentro de los límites de la Justicia Electoral nacional o la Corte Suprema, incluso. Pero que no se busquen atajos como diseminar a lo largo y ancho del país pedidos de amparos para que algún juez en la intimidad de su despacho dicte una orden y cercene los derechos del pueblo. Los jueces fuera de ese ámbito, que no podemos ser parte de esta maniobra, no nos podemos prender a este juego. Ni siquiera los partidos políticos debieran estar pidiendo esto, no lo pueden sostener.

–¿Dice que los partidos que argumentaron su oposición a la reforma del Consejo de la Magistratura con los mismos fundamentos que plantean las cautelares presentadas por las corporaciones judiciales son hipócritas?

–No creo que haya ningún partido político, de centro, de izquierda o de derecha, oficialistas u opositores, que se atreva a sostener públicamente que la posibilidad de elegir a los representantes de un órgano de gobierno esté en un lugar distinto del del pueblo; que existe el voto calificado o que ciertas asociaciones o colegios tengan privilegios por encima de la voluntad popular. Todos los intereses corporativos siempre son subalternos de la soberanía del pueblo. El funcionario público, los magistrados en este caso, deben tener siempre presente que más allá de los intereses particulares que puede alegar una asociación o colegio, éstos están por debajo de los intereses de la ciudadanía en general. Y deberíamos ser especialmente cuidadosos, porque no siempre el Poder Judicial ha tomado decisiones correctas cuando sus intereses se vieron involucrados, un precedente que nos obliga a ser muy cautelosos al tomar una decisión que, en definitiva, busca que algunos tengan privilegios sobre otros. Muchas veces veo cómo los jueces se apresuran a dictar una medida cautelar y frenar una elección, mientras que no tuvieron el mismo comportamiento cuando en su momento se dictaron las leyes de obediencia debida y punto final. ¿Hay temas que nos interesan más a los jueces y hay otros que a lo largo de la historia hemos decidido relegar?