El juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari ordenó el procesamiento de dos ex magistrados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público durante la dictadura cívico militar. Uno de ellos participó del caso María Soledad.

Se trata de los ex jueces federales Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo, a los que también se los había acusado de los delitos de “privación ilegítima de la libertad y torturas”. El procesamiento a los ex magistrados surgió tras los juicios por delitos de lesa humanidad en los que varios represores fueron condenados a “prisión perpetua en cárcel común”, entre ellos Musa Azar, que se desempeñó como jefe de Inteligencia en gobiernos democráticos, en las décadas del ’80 y ’90.

Los ex jueces procesados, Roca y Olmedo, al igual que otros ex funcionarios judiciales, entre ellos Luis Eduardo López, Constantino Sogga y Lorna Hernández, fueron mencionados en forma reiterada en el juicio de la denominada “megacausa” de la provincia. Olmedo había integrado el tribunal que condenó a los autores del asesinato de la joven catamarqueña María Soledad Morales.

Durante el juicio oral y público que se realizó el año pasado en Santiago, varios fueron los testimonios que aportaron datos y nombraron a ex jueces, fiscales y militares. Los testigos afirmaron que en reiteradas oportunidades presentaron hábeas corpus ante los ex jueces denunciados, pero nunca recibieron una respuesta favorable. Asimismo, indicaron que fiscales y jueces de la dictadura militar “presenciaban los tormentos al que fueron sometidos con picana eléctrica y submarino” varios presos políticos, en su mayoría desaparecidos.

Estos magistrados no son los primeros en ser imputados por su actuación durante la dictadura, desde la condena al ex juez de Santa Fe, Hermes Brusa, otros miembros del Poder Judicial de distintas partes del país están teniendo que rendir cuentas en Tribunales. Hace pocos días la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de queja contra la sentencia del Tribunal Oral de Santa Fe y así quedó firme la condena a Brusa por apremios ilegales que le habían dictado en 2009.

En tanto, en Santiago del Estero medio centenar de causas por delitos de lesa humanidad espera sentencia. Además de juicio por la megacausa (grupo I, II y III) y del caso Cecilio Kamenetzky, existen cerca de 50 expedientes se encuentran trabados en distintas etapas del proceso judicial. Entre ellos se encuentran las víctimas y acusados del grupo IV, denominado “los residuales”, ex magistrados y funcionarios del fuero federal, además de personal eclesiástico. Según publicó Nuevo Diario de Santiago del Estero, grupo IV involucra 34 casos de personas que sufrieron persecusión y tormentos.

Entre los “derivados” está el caso del desaparecido Héctor Rubén Carabajal, en el que el año pasado un policía de apellido Luna contó detalles de cómo fue el secuestro y mencionó a Capella (policía exonerado y condenado) como uno de los que participó del secuestro de Carabajal. Ahora se espera que Capella vaya a juicio oral.