Dos juezas se pronunciaron ayer en favor de la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, mientras que otros dos magistrados se sumaron con sus amparos a la lista de los que ordenaron suspenderlas. La estrategia opositora de presentar pedidos de cautelares al por mayor, en todas las provincias y varios fueros, continuó dando sus frutos. Las cautelares que frenan la elección de los consejeros ya llegan a la docena. En uno de los fallos que ayer, en cambio, rechazaron pedidos en este sentido, la jueza federal Martina Forns observó que la nueva ley “reafirma y estimula la participación popular” en la organización de la Justicia, un tema “de indudable trascendencia para toda la sociedad”.

La magistrada observó además que el argumento de que con la reforma se va a “politizar” la elección de los jueces “es una afirmación dogmática”.

Forns es titular del Juzgado Federal Nº 2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín. Sus señalamientos son parte del escrito en el que rechazó el amparo presentado por el abogado Claudio Marcos Desimone.

“Cuando se afirma que la reforma del Consejo de la Magistratura es una ‘reforma política realizada por políticos, sin consulta a los sectores interesados...’”, apuntó, “no se tienen en cuenta las diversas consultas que el Congreso ha efectuado a doctrinarios de prestigio y diversas ONG que se vieron reflejadas en los debates parlamentarios correspondientes”.

También discrepó con el planteo de que la reforma del Consejo viola principios constitucionales y la separación de poderes. “Paradójicamente –dijo en su réplica– resulta de la simple lectura de dicha ley que se reafirma y estimula la participación popular.” En este sentido, la jueza recordó que en las elecciones nacionales están habilitados para votar 28 millones de argentinos, “que podrán decidir sobre los asuntos públicos referidos a la organización de la Justicia y a la forma de integración política y estamentaria del Consejo de la Magistratura. Notoria diferencia con el régimen anterior en donde tan sólo 700 magistrados, decenas de académicos o 20 mil abogados votaban en cuestiones de indudable trascendencia para toda la sociedad”.

Aunque no es posible saber la cantidad exacta de demandas presentadas, en la Justicia Electoral estiman que desde la promulgación de la ley se presentó un centenar. Los fallos dictados hasta ahora son de primera instancia. Entre las posibilidades que tiene el gobierno nacional de habilitar la elección está la de que un juzgado pida acumular todas las presentaciones. Un tribunal que podría hacerlo es el de María Romilda Servini de Cubría, ante el cual los abogados del Estado tienen plazo hasta hoy a las 9.30 para contestar los planteos de los amparistas y sentar posición.

El segundo de los fallos en rechazo de suspender las elecciones de los consejeros en las primarias abiertas fue dictado por la jueza en lo correccional de Campana Raquel Slotolow. En este caso, Slotolow indicó que un juez provincial no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley nacional. Aunque se trata de una cuestión de forma, marca un límite a la maniobra que inundó los juzgados del país con presentaciones contra la reforma judicial.

En cuanto a los nuevos amparos que se sumaron a los que ya frenaban la aplicación de la ley, ayer se agregó uno conseguido por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari –que el miércoles había dictado fallos similares– hizo lugar a la cautelar solicitada por el titular del Colegio, Jorge Rizzo, uno de los impulsores de la oposición a la reforma.

El Centro de Información Judicial (CIJ) también difundió la cautelar del juez de La Plata Alberto Recondo, que consideró que existen “elementos suficientes que en apariencia” marcan que la reforma del Consejo “no es ajustada a derecho”.