La Cámara Federal porteña revocó la falta de mérito dictada al empresario Mario Cirigliano y ordenó que sea juzgado por su presunta responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, de febrero de 2012. La resolución dictada por la sala II de ese tribunal hizo lugar a un pedido, entre otros, de la querella de la familia de Lucas Menghini, que objetó la decisión del juez Claudio Bonadío de exceptuar al apoderado de la firma Cometrans del juicio.

Cometrans es la controlante de Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa que tenía la concesión del servicio del ferrocarril Sarmiento, que le fue retirada por el Estado nacional luego de la tragedia que provocó 51 muertos y más de 700 heridos. Los camaristas Horacio Ca-ttani, Martín Irurzun y Eduardo Farah revocaron el beneficio y ordenaron al juez que envíe “de inmediato” el expediente al Tribunal Oral Federal Nº 2 sorteado para juzgar a los imputados. Entre éstos se encuentran el titular de TBA, Claudio Cirigliano, y los ex secretarios de Transportes Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, acusados por los presuntos delitos de descarrilamiento culposo y defraudación a la administración pública nacional, según la imputación confirmada por la Cámara de Casación Penal.

En igual situación se encuentra el ex presidente de TBA Carlo Michele Ferrari y los ex directivos de la empresa Alberto de los Reyes, Carlos Pont Verges, Marcelo Alberto Calderón, Carlos Lluch, Alejandro Rubén Lopardo y Alberto Gariboglio. También será juzgados por el TOF 2, que ahora debe fijar la fecha del inicio de las audiencias, los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro y el subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna, así como el motorman de la formación siniestrada, Marcos Antonio Córdoba.

A los directivos de Cometrans SA y TBA se les atribuyó responsabilidad por el manejo de fondos, ya que el Estado había puesto millones de pesos a su disposición para un mejor servicio de transporte público. La causa fue desdoblada y mientras el juez federal Claudio Bonadío investigó las causas del choque y a sus responsables, su par Sebastián Ramos instruyó el sumario por presuntos ilícitos con el uso de los subsidios que debieron ser aplicados al mantenimiento y mejora del servicio. A Schiavi, a Jaime y a Luna se les imputó falta de control de las condiciones de funcionamiento y utilización del material rodante, de la infraestructura, personal transferido y la aplicación de fondos públicos que el Estado nacional puso a disposición de TBA.