El nombre de Hitler tiene una densidad que convierte en monigote al que lo banaliza. No se le puede decir Hitler o hitleriano a cualquiera. Y eso fue lo que le pasó a Federico Sturzenegger, un hombre con más chapa que la Villa 1.11.14. El fantasma del feroz genocida ya había rondado los editoriales del diario La Nación. Para el presidente del Banco Ciudad y funcionario de Mauricio Macri, la equivalencia entre Alemania nazi y la Argentina actual estaba dada por la participación de movimientos juveniles (“juventudes hitlerianas”) de la política, de grupos religiosos y de los movimientos sociales en el control del acuerdo de precios que hizo el Gobierno. En realidad se refería a La Cámpora que, junto con Carta Abierta, se han convertido en los blancos preferidos de la oposición. Para La Nación, la referencia al Tercer Reich apuntaba a las actitudes “autoritarias del Gobierno”, pero el editorial se hacía sentir en el contexto del debate por la reforma judicial.

De la misma manera la izquierda ha usado hasta el abuso el término fascista como proyectil ideológico. Aunque casi podría decirse que en ese caso el término fascista aparece por lo menos un escalón del horror más bajo que Hitler. La Alemania nazi, Adolf Hitler, representan el exterminio, el límite mismo del espanto. Más allá no hay nada. Esta figura espectral ejerce una seducción especial sobre la derecha. La derecha no usa el término “fascista”, usa a Hitler porque la tranquiliza. Hitler les permite sentir que no son tan de derecha.

Un gobierno de derecha, conservador o de centroderecha puede reprimir, provocar despidos, excluir a importantes sectores de la sociedad. Y no es lo mismo que los campos de concentración y las duchas de gases de la “solución final”. Un gobierno de ese signo puede bajar los salarios, anular las jubilaciones para los más humildes y hasta apropiarse del ahorro de las capas medias con corralitos o flexibilizar el trabajo, pero no es lo mismo que el trabajo esclavo que el nazismo proveía a sus empresarios. Por supuesto, un caso aparte han sido las dictaduras militares, que en la Argentina han desarrollado siempre políticas económicas neoliberales. Julio Scherer García, un prestigioso periodista mexicano, fue secuestrado cuando viajó en los años ‘70 a Guatemala para investigar violaciones a los derechos humanos. Una gran campaña internacional logró que lo liberaran y contó que, en la sala de torturas, los militares guatemaltecos tenían una foto del dictador argentino Jorge Videla y otra de Hitler. La paradoja está en que el diario La Nación apoyó a Videla y nunca lo equiparó a Hitler como sí lo hizo ahora con este gobierno. El paradigma del horror en Argentina fue Videla, como lo es Hitler para el mundo y el mismo diario que apoyó a Videla equipara a este gobierno con Hitler.

“Lo único que yo dije –explicó Sturzenegger– fue que Hitler mandó a las juventudes hitlerianas a controlar los precios y que este gobierno hace lo mismo.” El hombre del MIT, el director de la escuela de negocios de la Di Tella, el supuesto economista brillante del neoliberalismo queda reducido así a sus prejuicios, los que nunca son inteligentes por más chapa intelectual que lleven sus portadores.

Más allá de los controles de precios, existen paralelismos que no son prejuiciosos y que ponen al neoliberalismo más cerca del nazismo que este gobierno. Porque la teoría del nacionalsocialismo se basó en la supremacía racial, los arios son los superiores según dijo Hitler, porque son los más fuertes, lo cual incluye fuerza física e inteligencia. La esencia de ese pensamiento casi darwiniano es la supremacía del más fuerte.

Esa “proximidad” teórica con el nacionalsocialismo estaría en que esa doctrina económica también plantea la supremacía del más fuerte. El neoliberalismo respeta la lógica de un mercado donde el que tiene más capital juega con ventaja sobre los demás y termina doblegándolos y subsumiéndolos. Una teoría que tiende a que los fuertes desde el punto de vista económico, lo sean cada vez más, y los más chicos tiendan a sucumbir o a ser engullidos. Una teoría que cuando se aplicó, destruyó a la clase media y condenó a la miseria a millones de personas a ser excluidas de la posibilidad de trabajar y de cualquier otro beneficio social.

Sturzenegger fue secretario de Políticas Económicas primero con Ricardo López Murphy y luego con Domingo Cavallo como ministros de Economía durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Acusarlo de nazi, ni siquiera usando el mismo eufemismo que La Nación: “salvando las enormes distancias”, sería caer en la misma banalidad política que cayó el titular del Banco Ciudad. De todos modos nunca estará de más recordar el tremendo daño que le causaron a tanta gente las políticas de las que Sturzenegger fue uno de los ejecutores.

El diario La Nación, que respaldó a la dictadura pero equipara a este gobierno con el Tercer Reich, lo hizo en el marco de su rechazo “republicano” a las leyes de la reforma judicial impulsadas por el Gobierno. Tiene que haber alguna trampa en esos sentidos que se cruzan. Los hermanos del nacionalsocialismo: el falangismo y el fascismo, son esencialmente corporativos. Y la esencia de la reforma judicial es anticorporativa. Tiende a abrir la participación ciudadana para romper el manejo cerrado de un poder de la República.

Para hacer efectivo un pedido de amparo ante una ley, la Justicia estima que lo debe presentar un damnificado. Prácticamente ninguno de las decenas de amparos presentados para impedir la elección popular de los consejeros de la Magistratura son ciudadanos comunes. Casi todos ellos son representantes de asociaciones de jueces y abogados. La contradicción está en que si realmente la que estuviera amenazada o resultara damnificada por esa ley fuera la “República”, cualquier ciudadano podría presentar el amparo. Sin embargo, la misma Justicia estaría considerando que las damnificadas en cuestión son las corporaciones de abogados y jueces. El mecanismo que están usando para rechazar esa norma termina por demostrar la necesidad de que esa ley se aplique para romper ese esquema corporativo.

Los pedidos de amparo se pueden describir de la siguiente manera: Son abogados y jueces que se presentan ante otros jueces para que los abogados y jueces elijan a los abogados y jueces que integrarán el Consejo de la Magistratura. Se confunde a este organismo con un sindicato de abogados y jueces. Por el contrario, la Magistratura no está para resolver los intereses de los abogados y jueces, ni tiene por qué representarlos. Sí tiene que haber abogados y jueces, pero para resolver los aspectos más políticos de los requerimientos de justicia de la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto es la sociedad, a través del voto popular, la que tiene que elegir a los abogados y jueces que mejor representen sus intereses en esa función.

La idea de que los abogados y jueces que van a estar en el Consejo de la Magistratura tengan que ser elegidos exclusivamente por las asociaciones de abogados y jueces, confunde a la Magistratura con un sindicato. Es una idea corporativa. Se trata de dos corporaciones, los colegios de abogados y la asociación de magistrados que, bien o mal, representan a los intereses de quienes las integran. Pero al avanzar sobre la Magistratura usurpan una institución que debe representar al interés común. En ese traspaso de funciones se trata de hacer prevalecer los intereses de un sector por sobre el interés común. Eso es corporativo.

La derecha, sea Sturzenegger o el diario La Nación, tiene que ser más cuidadosa para hablar de Hitler, porque el nazismo proviene de la derecha y en sus raíces ideológicas surgen lazos y parentescos que no tienen los movimientos que buscan ampliar derechos tanto de las mayorías como de las minorías. El nazismo discrimina a las minorías y a los más débiles. Puede haber derechas democráticas que no discriminen por raza o religión, pero desde el punto de vista económico siempre están con el más fuerte. Que en este país se consolide una derecha democrática es un verdadero desafío porque en Argentina todas las dictaduras han sido de derecha y neoliberales.