La Corte Suprema tiene siete integrantes, dos son mujeres. Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco fueron las primeras designadas por un gobierno democrático, el del presidente Néstor Kirchner. Margarita Argúas las precedió pero fue designada por el presidente de facto y dictador Roberto Marcelo Levingston.

Kirchner nombró a otros dos miembros del Tribunal, Eugenio Raúl Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti. Carlos Fayt y Enrique Petracchi llegaron a sus cargos nombrados en 1983 por el presidente Raúl Alfonsín. A Juan Carlos Maqueda lo propuso el ex presidente Eduardo Duhalde.

Jueces de “la familia”, consagrados toda su vida a la carrera judicial, hay dos: Petracchi y Highton de Nolasco. Zaffaroni y Argibay lo fueron en anteriores ocasiones pero no durante toda su trayectoria. Fayt, Lorenzetti y Maqueda ejercen la Magistratura por primera vez.

Una opinión muy extendida aunque no unánime (que este cronista comparte) les reconoce a todos un buen nivel jurídico, compatible con su investidura, poder y responsabilidad. Solo uno, Zaffaroni, es un jurista y académico de primer nivel nacional e internacional, con obras consideradas clásicas, versación inusual y formador de algo así como una escuela y una cantidad relevante de discípulos y émulos. Esa condición no es imprescindible para ser juez, cree el cronista, pero es un plus si se sabe hacer compatible con la función.

Fayt, Maqueda y Zaffaroni hicieron “carrera política”, incluidas definiciones partidarias e ideológicas precisas. El que llegó más alto en rango institucional fue Maqueda que supo ser presidente del Senado tras la caída del ex presidente Fernando de la Rúa. Incluso, por un día o dos quedó a cargo de la presidencia por algún viaje de Duhalde. El cronista recuerda el hecho por un avatar casual: esa vez lo vio entrar a la Casa Rosada y ser saludado en regla y con esa designación por los Granaderos.

Cinco de los supremos tienen más de setenta años; dos, más de 75; uno, 95. Maqueda y el presidente Lorenzetti son bastante más jóvenes.

Argibay, Fayt y Petracchi padecen significativos achaques de salud. Los dos varones, sinceran sus colegas, sólo van al Palacio los días de Acuerdo (menos de una vez por semana, en promedio) y en alguna ocasión muy especial. Para precaver potenciales contagios, Fayt rehúye reuniones nutridas, incluso los tradicionales brindis de la Corte, a los que el presidente dota de una liturgia cuidadosa y atribuye mucha importancia en el rubro relaciones públicas.

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Bloques e individualidades: Durante la era menemista, las sentencias de la Corte se caracterizaron por la existencia de una ajustada “mayoría automática” que apoyaba a libro cerrado las iniciativas del Ejecutivo, abarcando (o priorizando) las más atrabiliarias. Cuatro cortesanos solían oponerse, de modo tan consecuente cuan infructuoso. Ante otros asuntos, los dos bloques se mezclaban.

La composición ulterior no replica ese esquema. Siete individualidades la componen, los bloques no son estáticos. Hay un fuerte espíritu de cuerpo pero las resoluciones se plasman por siete personas, que tampoco arman camarillas o grupos (muy) estables. Es un avance, comparado con el precedente del tren fantasma menemista pero es también una lógica peculiar en un cuerpo colegiado en el que (mayormente) no hay grupos internos de pertenencia.

La dinámica interna –sobre la que poco se devela, se conoce y menos se escribe– es sugestiva. A diferencia de quienes componen los otros poderes del Estado, los jueces son vitalicios (con el tope constitucional de los 75 años). No están supeditados a ningún veredicto popular y su accionar colectivo está muy teñido de personalismo. Así lo pensaron los constituyentes, se supone... lo que no significa que sea ideal ni nefasto.

El estamento estatal más aristocrático, más alejado del escrutinio popular, más conservador tiene en su cima a siete individualidades que, en alguna medida, manejan premisas propias en cada caso.

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Bloques de ayer, internas de hoy: Julio Nazareno presidía la Corte noventista, a la que el gobierno de la Alianza no molestó ni cuestionó. Era coherente porque el hombre era un vasallo de Menem. La llegada de Ricardo Lorenzetti en la actual etapa fue relativamente sorprendente, por su condición de recién llegado, el último designado por Kirchner, lo que sugiere una (relativa y mínima) escala valorativa en relación con los otros tres “nuevos”. La explicación ulterior es sencilla: él es quien combina más muñeca y ambición de poder dentro del Tribunal.

Su posición es aceptada por el resto, con excepción de Petracchi: ambos se detestan amablemente, si se permite el oxímoron. Petracchi recusa el afán reeleccionista de su colega, entre otras críticas. No chocan en la labor cotidiana, cuentan sus pares, pero se hablan el mínimo indispensable, que es muuuy poco.

Ya que de internas hablamos: hay una vieja y asordinada tirria de Argibay contra Zaffaroni. Ambos comparten la misma especialidad: el Derecho Penal. Argibay rezonga contra lo que cree un afán excesivo de Zaffaroni por lucirse, acudiendo a citas de doctrina o jurisprudencia sofisticadas que, le parece a la jueza, constituyen un alarde y dificultan firmar en conjunto con él, si no se tiene el mismo saber. Ideológicamente son posiblemente los dos extremos de un cuerpo no tan polarizado. Argibay se volcó a una visión conservadora y hasta ritualista del derecho. Zaffaroni encarna dentro del elenco la visión más progresista e innovadora del derecho.

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El presidente inesperado: Lorenzetti es, como fue Kirchner, un presidente inesperado. Las comparaciones son tentadoras, aunque hay que evitar el riesgo de engolosinarse y llevarlas muy lejos. Esto asumido, hay parentescos entre sus dos modos de consolidar poder. Básicamente ayudó a mejorar el prestigio del cuerpo, su “caja” y acrecentó su peso relativo. Creció el volumen de la Corte, su presupuesto y se construyó un liderazgo.

Lorenzetti lo consolidó con recursos y manejos convencionales, hasta clásicos. Es defensor firme de los ingresos, privilegios y hasta prebendas (exenciones impositivas odiosas entre otros) de todos los jueces. En los hechos, funge como una suerte de secretario general de un gremio empinado. Como ya se comentó en esta columna, también acrecentó su poder con arbitrios típicos en la burocracia estatal. Uno de ellos es el espacio físico: el Tribunal amplió el territorio que ocupan sus oficinas en Tribunales. Otro son los nombramientos, que vienen creciendo desde el ’90 pero que se potenciaron en los últimos años. Hablamos de cargos, de una miríada de secretarios letrados que tienen rango altísimo (a menudo equiparable a jueces) y sueldos a la altura.

He ahí parte de la explicación de por qué un protagonista ajeno a la familia judicial llegó tan alto y goza de su aquiescencia.

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Acuerdos y debates: La Corte trata una cantidad exagerada de recursos extraordinarios. Muchos los mocha por cuestiones formales, a través del artículo 280 del Código Procesal. Estas decisiones no se fundan, apenas se expresa que el planteo no reúne los requisitos exigidos por la ley. En jerga, se apoda “plancha” a ese modo de terminar el proceso. “Plancha” es sinónimo de “sello” en el dialecto forense. En su libro La Corte Suprema en escena, la abogada e investigadora Leticia Barrera recoge cuestionamientos al método. Con toda razón, esgrime que es una sentencia sin fundamentos. Una violación del derecho de defensa en juicio, consagrada por la mala costumbre y justificada por el cúmulo de tareas, agrega el cronista. Argibay es quien más planchas ha firmado haciendo mayoría, según el blogger Gustavo Arballo. Entre las cuestiones formales, detalla Barrera, aunque a usted le cueste creerlo, está la extensión máxima de los escritos y el tipo de papel en que están presentados.

Todo modo, la actual Corte ha decidido importantes juicios, con notable desempeño en materia de derechos humanos, interesante en la apertura de audiencias públicas y bastante creatividad para ampliar la esfera de las cuestiones a abordar. La producción de diez años combina sentencias memorables, mediocres y deplorables, con un promedio más que aceptable en las causas más resonantes. En general se mostró más firme contra los otros poderes del Estado que contra las corporaciones económicas o las falencias chocantes del Poder Judicial.

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Entre memos y conversas: Las sentencias se van elaborando con distintos intercambios entre los Supremos. La primera lectura de los expedientes suele recaer en subordinados de buena calificación, que pueden resumirlos o señalarle los puntos más salientes. También hay intercambios de comentarios escritos relativamente formales, incluidos los llamados “memos” que son el background de los fallos y que luego se archivan.

Todos los votos valen uno, pero Lorenzetti se precia de ser el articulador de las tratativas y las búsquedas de arrimar posiciones. Esa tarea, comenta en confidencia, es ardua: suele jactarse de ser quien consigue a pulso “armar mayorías”. Al presidente le place, con buena lógica, que en los asuntos muy relevantes haya mayorías holgadas o unanimidad. Hace un rato largo que le cuesta cada vez más conseguir ese objetivo. Según su escrutinio, en las decisiones más duras contra el Grupo Clarín, coincidieron cuatro vocales: él mismo, Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni.

En este año fragoroso la Corte debe dictar sentencia definitiva en ese litigio, una cuestión de Estado de la que depende la posibilidad de cambiar virtuosamente la concentración de medios en la Argentina. Ganándole de mano, en la semana que empieza mañana seguramente se resolverá sobre la constitucionalidad de la ley que reforma al Consejo de la Magistratura creando la elección popular de parte de sus miembros.

Son dos cuestiones de Estado, sendas brasas ardientes, que enfrentan al Gobierno con sendas corporaciones, a las que se pliega la oposición.

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Acuerdos y tensiones:Se ahorran especulaciones sobre el contenido de las sentencias, que generan una tensión política llamativa. Lorenzetti ha tratado de mostrarse independiente, mundano y en varias ocasiones se ingenió para que coincidieran en el tiempo sentencias que complacían alternativamente a las dos trincheras.

En “la previa” hubo un acuerdo entre el Ejecutivo y la Corte. Fue devolverle al Tribunal el manejo del presupuesto del Consejo de la Magistratura, una violación flagrante del artículo 114 de la Constitución nacional. El oficialismo la justificó como “política constitucional”, esto es como un modo de interpretar la Carta Magna en función de consideraciones pragmáticas. La Corte nada dijo, porque su discurso no suele ser hospitalario con la lógica de la política. La parva de amparos y demandas interpuestos contra la ley tampoco se interesaron en el punto.

De modo menos estridente, el Tribunal falló en un reclamo de embargo contra la empresa Chevron, pedido por los Tribunales de Ecuador. El litigio tiene mucha relevancia para YPF, que se apresta a celebrar acuerdos con la mencionada multinacional. La decisión rechazó el pedido internacional de la cautelar, lo que objetivamente favorece al Estado nacional. Desde la Corte se habló poco sobre el punto, pero de modo informal se deslizó que la sentencia es ajustada a derecho pero también prueba que no hay un encono ciego ni ánimo de fallar contra legem contra el Gobierno.

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En la dulce espera: Es muy sencillo mejorar la sintaxis y la calidad argumental de la sentencia de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría que la Corte revisará a través del per saltum, con trámite acelerado. Pero las reacciones ante los fallos son determinadas por su parte resolutiva.

Servini barrió con la parte esencial de la ley tras hacer alarde de arrogancia corporativa y de escaso conocimiento (y respeto) por la representación política. A la hora de la verdad, la Corte enfrenta un dilema severo, que ha puesto en estado de asamblea al poder que conduce. No es un dato menor que las simpatías del presidente-conductor del cuerpo y de la mayoría de sus vocales se inclinan por el sector más reaccionario y más intransigente de la mal apodada “Justicia”. La incidencia de ese sesgo se medirá cuando se conozca la resolución.

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