Sin firma

El accidente de Castelar debería ser la gota que rebalse el vaso de una política ferroviaria agotada, con independencia de los resultados de la investigación sobre las causas y responsabilidades del último choque de trenes y de la avidez por su utilización política. Un secretario de redacción de mediados del siglo pasado azuzaba a sus periodistas con una consigna: “Escriba, no piense”. Las denominadas redes sociales deberían reconocerlo como precursor, porque su ideal se ha hecho realidad en los tweets disparados en momentos de conmoción, como los de Luis D’Elía asociando el accidente con Rubén Sobrero y Fernando Solanas o ¡¡¡¡con el bombardeo de 1955 a la Plaza de Mayo, aunque para ello deba imaginar un maquinista kamikaze!!!! Pero el mayor tiempo de reflexión no garantiza el resultado, como se advierte en la columna de Joaquín Morales Solá, “También se estrelló el relato”. Para llegar al núcleo del problema es necesario despejar el camino de estas caricaturas extremas y de todos los intentos de politizar la tragedia.

Décadas

Es irrefutable la afirmación de Florencio Randazzo de que no se puede realizar en un año lo que no se hizo en cincuenta, pero tampoco es discutible que dentro de esos cincuenta hay al menos nueve de la gestión iniciada en mayo de 2003. El núcleo duro conceptual es la difícil compatibilidad entre la política de subsidios y la gestión privada de los ferrocarriles. En su primer discurso posterior al choque de un tren contra los paragolpes de la estación Once, Cristina explicó el rol fundamental de los subsidios en la recuperación económica posterior a la crisis de fin de siglo, algo que los críticos liberales nunca reconocerán. Pero con sus beneficios asegurados por la chequera oficial, los operadores privados no hicieron las inversiones mínimas necesarias para prestar el servicio en condiciones aceptables. Según las constataciones de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, citadas en el lapidario informe aprobado en marzo de 2012 por unanimidad de los directores de la Auditoría General de la Nación, la cuenta personal de los Cirigliano creció al 70 por ciento de lo recibido y la de materiales disminuyó al 4 por ciento, sin contar lo que desviaron para convertirse en magnates del transporte en la Argentina, Perú y Estados Unidos. Los subsidios saltaron de representar un tercio a las tres cuartas partes de sus ingresos. Por esa vía se llegó a combinar lo peor del capitalismo privado con lo peor del estatismo y sin las virtudes de ninguno, de modo que el Estado paga las cuentas y carga con las responsabilidades, aunque sean los socios privados los que se alzan con los beneficios y carecen de estímulos para invertir. En lugar de evasivas y atribución de responsabilidades a los propios pasajeros, como ocurrió hace un año y medio, ahora Randazzo respondió todas las preguntas con datos precisos y bien documentados, sobre la reparación del material y la colocación de nuevos frenos, además del análisis de alcoholemia de los maquinistas y el diagrama de velocidad del tren obtenido por el sistema de posicionamiento global (GPS), que muestra que la máquina nunca disminuyó la marcha. Esta diferencia de actitud es estimable, pero insuficiente, y marca los límites del esquema implantado a fines del siglo pasado. Mantener el subsidio a los pasajeros y realizar en el menor lapso posible las inversiones imprescindibles para recuperar y modernizar el servicio, de modo de darle seguridad y confort, requiere de la movilización de todos los recursos del Estado. Desde fines de mayo el gobierno impulsa la participación del cuerpo de ingenieros del Ejército en el tendido de durmientes y rieles en reemplazo de los desmantelados en las décadas previas. La reestatización ferroviaria ha entrado así por la fuerza en la agenda de discusión oficial.

Actitud María Marta

El estrépito de los vagones destrozados y los gritos de las personas heridas taparon el clamor por el horrendo asesinato de la niña Angeles Rawson. También en este caso se intentó volcar el espanto contra el Gobierno, comenzando por el padre de la víctima, Franklin Rawson. “Hay que ser responsable y acordarnos de todo esto a la hora de votar. Hacer que los gobernantes estén a la altura de las circunstancias”, dijo. Rawson es uno de los integrantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, un organismo bautizado así en involuntario homenaje al CELS. Por Internet circuló una convocatoria para manifestarse en la Plaza de Mayo en repudio por el crimen, pero nadie acudió a la cita, acaso porque no hay forma de establecer algún vínculo creíble con el Gobierno. Los avisos fúnebres publicados en La Nación completan el perfil paterno. Entre los firmantes estuvieron el general Jorge Dansey Gascon, quien se atribuye haber sido el jefe del comando de Inteligencia del Ejército que secuestró el cadáver de Eva Perón de la CGT en 1955. Otro amigo doliente es Marcelo White Pueyrredón, miembro de una pintoresca asociación de Fundadores de la Patria. Descendiente de Cornelio Saavedra y de Juan Martín de Pueyerredón, White fue procesado hace dos años por vender un documento histórico firmado por Saavedra y Mariano Moreno que formaba parte del “patrimonio cultural del país”, según escribió el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El procesamiento fue revocado por la Cámara Federal, no por inexistencia del delito cuya prueba es inconmovible, sino por imposibilidad de cobrar la multa. La ley 15.930 fue sancionada en 1961, y fijó para el “ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos, una multa de diez mil a cien mil pesos moneda nacional”. Como ese monto nunca fue actualizado, en 2010 equivalía a 0,0000000000001 pesos, y en consecuencia era de cumplimiento imposible. Junto con el mercader del patrimonio cultural firmó también Pedro Pusineri, integrante de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el grupo de lobby de inspiración episcopal que reclama una amnistía y niega los principios del derecho internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Aparte de estos ribetes picarescos, se desató una avalancha de opiniones enconadas. En un editorial titulado “Masacre por goteo”, La Nación consideró el asesinato de Angeles Rawson como “una metáfora perversa del sentido que estamos dando a los derechos humanos de todos a vivir en libertad, seguros, sin miedos a desaparecer apenas traspasamos el umbral de nuestras casas”; instó a replantearse “qué está pasando con los derechos de todos, no sólo los de alguna parte o los de alguna época” e interpeló a las autoridades políticas para que enfrenten el problema. La expresión “masacre por goteo” está tomada de un artículo publicado en el mismo diario por Diana Cohen Agrest. Esta doctora en filosofía y madre de Ezequiel, asesinado en 2011 en un intento de robo sostiene que la reducción a 23 años de la condena a prisión perpetua al autor del disparo mortal, Sebastián Pantano, hijo de un policía, sigue un itinerario de impunidad que siempre favorece al delincuente. La columnista de La Nación denuncia a los jueces con “prodigalidad asesina” que dejan libres a convictos de altísimo riesgo, y la exageración de un “garantismo penal que está destruyendo el entramado social”. El editorial del mismo diario afirma que “la vía pública está hoy abandonada a su suerte”. Lejos de esta fantasía aterrorizante de que debido a una Justicia garantista nadie puede estar seguro fuera del sacrosanto recinto del hogar, la investigación judicial logró establecer que la criatura volvió a su casa luego de la clase de gimnasia, cosa que la familia ocultó. Hasta ahora no hay registro de que haya vuelto a salir sobre sus pies de allí. Y el primer detenido fue el portero. También aquí parece que el problema estaba adentro.

Prensa del corazón

El miércoles venció el plazo para la inscripción de alianzas con vistas a las elecciones de octubre, y su escala previa en las primarias de agosto. El gobierno y la izquierda trotskysta fueron los únicos capaces de mantener la unidad con propuestas coherentes. En cambio, tanto la oposición de derecha como la de izquierda liberal se fragmentaron en segmentos difíciles hasta de describir, que seguirán negociando hasta el último plazo la inclusión de candidatos de uno en las listas de otro. Sus movimientos, registrados con algún detalle con los recursos propios de la prensa del corazón se asemejan a un juego de imanes, que se repelen cuanto más se parecen. Lo más simpático fue la reaparición de Domingo Cavallo, aliado una vez más a José de la Sota, quien lo introdujo en la política electoral hace 25 años. No se informó cuánto costará esta vez la hipotética banca de Ojos Azules. Desde hace cuatro años, el primo inteligente del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macrì, trata de convencerlo de que busque en forma activa el voto del peornismo opositor, mientras Maurizio entiende que ese apoyo llegará por descarte, cuando los náufragos constaten que no tienen otro bote a mano para salvarse. Una vez más, el hijo de Tonino fracasó en el intento. Una de las escasas certidumbres del proceso de cierre de alianzas es que el intendente de Tigre, Sergio Massa, no participará en las primarias del Frente para la Victoria, porque inscribió su propio Frente Renovador. Resta saber si presentará su candidatura o la de su mujer o preferirá no romper lanzas con el gobierno nacional dos eternos años antes de las elecciones ejecutivas de 2015. Con un núcleo duro de adhesiones consolidado en el 30 por ciento, CFK está menos preocupada de lo que la prensa del corazón político quisiera por la decisión que tome su ex jefe de gabinete. El gobierno nacional tiene preparadas las consiguientes respuestas para cualquiera de las opciones de Massa, y sólo ve 2013 como una escala hacia el decisivo 2015. La inquietud mayor se observa en La Plata, porque Massa ha desarrollado el trabajo territorial que el gobernador Daniel Scioli no supo, no pudo o no quiso desde que heredó el sillón de Manuel Fresco. Parafraseando a Randazzo, no le pidan que haga en dos meses lo que no hizo en seis años. Para Massa y para Scioli, una cosa es diferenciarse de Cristina y otra muy distinta enfrentarla.

Volver de Madrid

Con el propósito de nacionalizar y polarizar las distintas elecciones provinciales, el gobierno impulsó la elección simultánea de jueces, abogados y académicos para el Consejo de la Magistratura. Esto permitiría colgar las candidaturas de diputados, senadores, legisladores y concejales de una lista nacional de consejeros. El primer reflejo de los distintos partidos de la oposición fue impugnar la ley, en vez de prepararse para la batalla electoral que, en caso de victoria, les permitiría obtener una superioridad de 13 a 12 en el Consejo de la Magistratura. También reaccionaron alegando su presunta inconstitucionalidad las organizaciones de jueces, que presentaron recursos en distintos lugares del país, como el cazador que dispara perdigones con su escopeta confiado en que algún pato cruzará por delante de ese ángulo obtuso. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, recibió una nota de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales que cuestionaba la elección de los consejeros por voto popular, la modificación de la mayoría necesaria para acusar a un juez y la administración por el Consejo de los recursos de la justicia. Luego, Lorenzetti le pidió al titular de esa Junta, Gustavo Hornos, que redactara otro texto, limitado a las efectividades conducentes y lo hizo llegar a CFK, con la explícita amenaza de paralización del servicio de justicia si no era atendido. Así, la presidente aceptó retirar del proyecto el único punto que no admite discusión constitucional, ya que esas atribuciones fueron conferidas al Consejo por el artículo 114.3 de la Constitución. Cada cual entendió algo distinto:

- el gobierno, que si reservaba a la Corte el manejo presupuestario el tribunal validaría el resto de la ley;

- los jueces, que por resignarse a la mutilación de su reclamo pedida por Lorenzetti, serían recompensados con un fallo de la Corte que mantuviera el método de elección y las mayorías para acusar en el Consejo.

El precario equilibrio entre expectativas excluyentes fue la habilidad que le permitió a Perón conducir un movimiento heterogéneo desde su exilio español. Cuando volvió a la Argentina, ya no pudo compatibilizar reclamos e intereses tan opuestos. Ese es el dilema que hoy conoce Lorenzetti y que, según él mismo anticipó, se resolverá antes de la fecha prevista para la inscripción de candidatos, es decir el sábado próximo. Hasta el domingo, entonces.