“A través de la Marina y la embajada argentinas me solicitaron que me encargara de la defensa de Ricardo Miguel Cavallo en España”, dijo en Madrid Jorge Laspiur, abogado argentino del represor preso por orden del juez Baltasar Garzón. No dio más datos, pero la frase que recogió el corresponsal del diario mexicano Reforma alcanzó para despertar sospechas. Abel Posse, embajador argentino en España, y un vocero de la Armada desmintieron a Página/12 esa información y negaron cualquier vínculo con los representantes legales del marino. Sea o no cierto, los dichos del abogado se suman a la estrategia del reo: involucrar al gobierno argentino en su defensa.
“La Armada no tiene ninguna relación con los abogados de Cavallo. Lo que dice Laspiur es mentira”, dijeron a este diario voceros de la Marina.
–¿Por qué, entonces, involucra a la Armada?
–No sabemos cuál es el fin ulterior de este tipo.
El embajador argentino en Madrid también rechazó tener relación con los abogados del represor de la Escuela de Mecánica de la Armada. “O hubo una mala interpretación del periodista o se trata de una maniobra”, afirmó Abel Posse (ver aparte). Página/12 habló con Luis Méndez, corresponsal de Reforma, y constató que no se trató de un malentendido. “La Marina y la embajada argentinas me solicitaron que me encargara de la defensa de Cavallo. Mi planteamiento desde el primer día fue que no se debía entrar en el fondo del asunto ya que la Justicia española no es competente para perseguir este tipo de delitos”, le dijo Laspiur a Méndez.
El contacto que menciona el abogado podría haber ocurrido durante la gestión del anterior embajador, Ricardo Laferrière. El también desmintió haber hecho gestiones para ayudar al marino (ver aparte).
Si es cierto que nadie ayudó al represor, los dichos de su abogado se enmarcan en la estrategia defensiva: tratar de buscar respaldo institucional, o al menos intentar chantajear al Gobierno. Cavallo dice que como miembro de las Fuerzas Armadas en retiro debe ser informado acerca de qué es lo que puede declarar. Sus abogados ya presentaron un escrito en la embajada para que Cancillería “certifique” su condición de militar. Más allá de la funcionalidad que tienen los dichos de Laspiur para su cliente, a quienes impulsan la causa no se les escapa que también existen “cajas negras” que provienen de los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas con los que se podría costear –o ayudar a– la defensa del marino sin necesidad de presentar facturas. “Sería bueno que esto se esclarezca”, afirmó el abogado de la acusación popular Carlos Slepoy.
Un generalista y
un catedrático
La primera vez que Jorge Laspiur se presentó como abogado de Cavallo en Madrid fue a fines de 2001, mientras el acusado aún peleaba en México un recurso de amparo contra la decisión del juez Jesús Luna Altamirano, quien había ordenado que debía ir a España. El hombre llegó con un poder del represor firmado en México. Garzón lo rechazó. “Si usted se apersona como su abogado tiene veinte días para traerlo”, le dijo el juez. Es que la ley no admitía que, mientras el reo estuviera afuera, tuviera un abogado en la causa. En ese momento, quienes impulsan el expediente vincularon a Laspiur con la Marina. La hipótesis se basaba, entre otras cosas, en que se trataba de un abogado “generalista” que no entendía nada de derecho penal. Era de mucha confianza o estaba muy bien recomendado, pensaban. Lo que era seguro es que tenía buenos contactos comerciales. En Internet figura como gerente de la Cámara Argentina de Comercio en España.
El abogado volvió a entrar en escena el viernes de la semana pasada, cuando el marino ya estaba con un pie en el avión de la Fuerza Aérea de España que lo llevó ante Garzón. Ante la inminencia de la extradición, algunos periodistas memoriosos intentaron ubicarlo. No estaba en Madrid yen su estudio no lo esperaban hasta el lunes. El sábado por la noche el juzgado logró contactarlo para avisarle que el represor estaba en camino. El domingo por la mañana, apenas pisó suelo español, Cavallo fue llevado a la Audiencia Nacional. El juez le preguntó si quería nombrar un abogado.
–Quiero que me defiendan los abogados, que no me acuerdo los nombres, pero que ya intentaron defenderme en España y no los dejaron –fue la respuesta textual del acusado.
Ese mismo día se hizo presente el otro abogado de Cavallo, Julio Ferrer Sama. Esta vez sí se trataba de un especialista en la materia, además de un catedrático español muy reconocido.
–Soy Julio Ferrer Sama, vengo en nombre de los abogados que usted designó porque ellos no tienen mucha experiencia en estas cosas –le dijo, franco, el hombre a Cavallo cuando el domingo estrechó su mano por primera vez. Allí, sentado entre su nuevo representante y el abogado de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Manuel Ollé, el marino se negó a declarar y comenzó a dejar en evidencia su intención de buscar respaldo institucional en la Argentina. Ahora, Cavallo espera en el módulo de aislamiento de la prisión de Soto Real que sus abogados consigan un certificado donde diga que el represor de la ESMA es efectivamente un marino.
A pesar de su prestigio, Ferrer Sama, recién aterrizó –y de emergencia– en un expediente que tiene más de cien mil folios. “Me lleváis mucha ventaja”, le dijo a uno de los abogados querellantes que se cruzó en los pasillos de la Audiencia Nacional. El catedrático tampoco sabe mucho sobre lo que ocurrió en la Argentina durante el terrorismo de Estado: “No me haga usted mucho caso tampoco, porque he tomado contacto con estos asuntos hace una fecha muy reciente pero parece ser que todo el Ejército se encargó de hacer una depuración de los elementos terroristas, porque me consta que había un movimiento terrorista, un movimiento de Montoneros y de la Triple A” (sic), dijo ayer por Radio Mitre. Lo que sí parece tener es una confianza ciega en su cliente. “El me ha jurado por su honor militar y por su mujer que murió el año pasado que no son ciertas todas estas atrocidades que se le imputan”, afirmó. Cavallo está procesado por 248 desapariciones y 128 secuestros y fue identificado por más de veinte testigos.