Era una asignatura pendiente. En las próximas elecciones, algunas de las personas que fueron desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar figurarán como tales en el padrón electoral. Esto se produce como consecuencia de la última reforma y en el marco del “estreno” del nuevo modelo de padrón. Una alta fuente judicial explicó a Página/12 que no estará la totalidad de desaparecidos sino sólo aquellos por quienes sus familiares hayan realizado algún tipo de gestión ante el Estado y exista constancia de la misma, ya sea administrativa o judicial. En tanto, la Justicia desmintió ayer una cadena de correos electrónicos que denunciaban que Patricia Julia Roisinblit, desaparecida desde octubre de 1978, está viva y figura como elector en el padrón para los próximos comicios.

Fuentes judiciales explicaron que “efectivamente Roisinblit figura en el padrón electoral y se trata de la misma persona desaparecida, pero aparece ‘grisada’, es decir un sombreado con color gris sobre su nombre como el resto de las personas desaparecidas” incorporadas en ese listado. En el nuevo padrón, incluso, en la última columna a la derecha dice “desaparición forzada”, y esa situación se repite en cada caso de víctimas del terrorismo de Estado. Los voceros precisaron que “el registro de estas personas en los actuales padrones obedece a la inexistencia de partida de defunción inscripta en el Registro de las Personas, la cual eventualmente se labra en el caso de hallazgo de los restos del hasta ese momento desaparecido”.

La cadena de mails que viene girando desde la semana pasada en Internet se titula “Milagro Argentino”, se presenta como “la otra cara de la moneda que oculta el gobierno”, y lamenta que el brigadier Omar Graffigna haya sido detenido por la “supuesta desaparición” de Roisinblit. El texto del correo electrónico agrega que, “curiosamente, buscando en el padrón electoral encontramos la siguiente información: Patricia Julia Roisinblit, fecha de nacimiento 08/12/52, D.N.I. 10.703.149, domicilio San Juan 3383, edad 60 años”. La hija de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, tendría esa edad si no la hubieran secuestrado y hecho desaparecer a pocos meses del golpe de Estado. Pero, además, el acceso a los padrones actualizados recién estará habilitado a partir del 12 de julio, tal como precisó días atrás la Dirección Nacional Electoral, a cargo de Alejandro Tullio.

Año tras año resultaba irritante encontrar los nombres de los desa-parecidos como si estuvieran vivos y en condiciones de presentarse ante la mesa para votar, en un listado donde figuraba su último domicilio electoral, que a veces coincidía con el lugar donde los habían secuestrado. Y no sólo fue un reclamo de las organizaciones de derechos humanos sino también de los vecinos que, tras emitir su voto, aclaraban a las autoridades de mesa que tal o cual persona “está muerta” o “desaparecida”. Esa escena ya no tendrá lugar en las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), al menos con respecto a un grupo de desa-parecidos. Su inclusión como tales en el padrón electoral es producto de la modificación del Código Electoral a partir de la ley 24.321 sancionada en 2009 y reglamentada por decreto presidencial (935/10) unos meses después. Siete años antes, dos hijas de desaparecidos habían solicitado a la Justicia que los nombres de sus padres figuraran, pero dejando constancia de que eran “ausentes por desaparición forzada”. Habían argumentado que el Estado tiene “deber de verdad” y como “no pudo dilucidar la suerte de cada desaparecido, por lo menos no debería continuar mintiendo”.

Si bien la fuente consultada no quiso dar una cifra, afirmó que el número de desaparecidos consignados en el padrón es “muy inferior” al total que figura en los listados de los organismos de derechos humanos. Y explicó que para incluirlos en el padrón la Justicia electoral tiene que recibir la comunicación de la Secretaría de Derechos Humanos, no puede hacerlo sin algún tipo de constancia del Estado que reconozca esta situación. En ese universo figurarán aquellos por quienes se haya realizado el reclamo administrativo, y también los desaparecidos cuyos familiares hayan iniciado acciones civiles por indemnización y tengan sentencia.