Por Nora Veiras
y Victoria Ginzberg

“Argentina tiene la oportunidad histórica de dejar de ser el último aguantadero para los genocidas”, dice el abogado argentino Carlos Slepoy, uno de los incansables sustentos del juicio contra las dictaduras argentinas y chilenas, que instruye el juez español Baltasar Garzón. Esa “oportunidad” se basa en la posibilidad de que el presidente Néstor Kirchner derogue los decretos que impiden la extradición de los represores y de que se anulen definitivamente las leyes de impunidad. Slepoy vino a Buenos Aires para festejar el aniversario de cincuenta años de casados de sus padres y casi se cruzó en el aire con el marino Ricardo Miguel Cavallo, que viajaba extraditado por México a España. “Hay que preguntarse sobre la racionalidad que tiene para las actuales Fuerzas Armadas seguir insistiendo en esta línea de defensa corporativa que los hace encubridores o cómplices del genocidio. Una medida inteligente sería que se resignen a ser juzgados, porque si no, esto volverá una y otra vez”, repite. Ya sea en un departamento de Belgrano colmado de fotos familiares o en Madrid, el abogado de la Asociación Argentina pro Derechos Humanos no para de pergeñar los mejores argumentos para completar la acusación contra Cavallo, quien el año que viene deberá enfrentar un juicio público.
–Cavallo ya está preso en España, ¿cabe la posibilidad de que sea dejado en libertad?
–Garzón ya decidió que el tiempo de espera hasta el juicio lo pase detenido, lo cual era absolutamente previsible por la gravedad de los delitos y porque el riesgo de fuga es altísimo. Del mismo modo, la prisión de (el ex marino) Adolfo Scilingo fue ratificada hace un mes y medio. Respecto a Scilingo, se ha producido la apertura del juicio oral, que podría realizarse en el primer o segundo trimestre del año próximo.
–¿Se podrían unificar ambas causas?
–Se podría pensar que en septiembre –salvo que ocurran novedades como que Cavallo quiera declarar– podría cerrarse el sumario contra Cavallo y pasaría a la etapa de juzgamiento. Entonces, cabría la posibilidad de que estuvieran en condiciones de ser juzgados al mismo tiempo. Nosotros vamos a solicitar que el juicio público sea simultáneo, entre otras cosas porque los dos fueron integrantes del mismo centro clandestino de detención, porque mucha de la prueba que se produzca será común y por un problema de economía procesal. Mientras tanto, las órdenes internacionales de detención siguen vigentes y cualquier responsable de estos delitos en el exterior podría ser detenido en cualquier lugar del mundo. Por otro lado, está la reiteración del pedido de las extradiciones, que esperamos que sean libradas rápidamente por Garzón.
–En su testimonio, ¿Scilingo reconoció a Cavallo?
–Scilingo aportó una lista muy extensa de militares que habían revistado en la ESMA, a los que él acusaba de ser partícipes de la represión, entre los cuales estaba Cavallo. Luego se dispusieron las fotos que había sacado Víctor Basterra mientras estaba prisionero (N. de R.: lo obligaban a elaborar documentos falsos para los grupos de tareas) y él reconoció a Cavallo como integrante del Grupo de Tareas. En el caso de que Cavallo quisiera declarar, podría producirse un careo.
–La defensa de Cavallo está empeñada en demostrar que actuó como militar y que, por lo tanto, tiene que pedir autorización al gobierno. ¿Cómo interpreta esta estrategia?
–Hay algo que si no fuera trágico resultaría gracioso. Cuando fue detenido, Cavallo dijo que la única relación que había tenido con los militares fue haber hecho el servicio militar. Después dijo que creía que había sido guardiamarina. Ahora argumenta que recibió órdenes y que no es responsable de todos los delitos de los que se lo acusan. Esta pretensión de ser reconocido como militar de la Nación parece ser un tiro por elevación, un intento desesperado para ver qué puede declarar. Parecería ser como un intento de decirle a la Armada, fundamentalmente, que él está a disposición de hablar, con todo lo que ello implica. Pensemos que Cavallo estuvo en el corazón de la ESMA, en todas las tareas represivas, en todos los expolios económicos. Ha creado a partir de aquella época, con (el represor Jorge) Rádice y otros, diversos negocios, entre otros los que lo llevaron a México. Las revelaciones que podría hacer aclararían muchísimas cosas, entre las cuales pueden estar los ficheros sobre desaparecidos, el destino que han tenido los bienes, la coordinación que se hizo en Centroamérica en relación con la represión. Me parece que cuando él hace eso...
–Está extorsionando.
–Está diciendo “sáquenme de aquí” porque ve que está absolutamente perdido. En todo caso, es una buena oportunidad para que el Gobierno le diga que lo que tiene que hacer es declarar todo lo que sabe.
–¿Está contemplada alguna consideración especial en caso de que Cavallo colabore con la Justicia?
–La ley española establece un atenuante para el caso de que se preste colaboración con la Justicia y se ayude a descubrir a los autores o los efectos del delito. Con respecto al terrorismo, establece la posibilidad de bajar la pena. Podría tener algún tipo de beneficio si prestara una colaboración amplia y verdadera que sirviera para esclarecer los hechos. Tengamos en cuenta que puede ser condenado a miles de años de prisión. El cumplimiento de la pena es de 30 años y eso se podría tener en cuenta para la ejecución de la pena.
–Durante el tiempo que Cavallo estuvo en México, ¿parecía tener apoyo institucional?
–Lo que nosotros conocimos fueron rumores de que fue visitado en diversas ocasiones por gente ligada a la Armada. Poco antes de que se resolviera su extradición, cuando ya se sabía que la Corte iba a pronunciarse, fue visitado por dos abogados de la Marina argentina.
–Trascendió que el Gobierno anularía los decretos que rechazan los pedidos de extradición de los represores, ¿cómo impactará esto en el proceso?, ¿y qué pasaría si la Corte declarara la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad?
–Con grandes dificultades pero con logros muy importantes se ha venido imponiendo la idea de la jurisdicción universal en la persecución de los crímenes de lesa humanidad. Esto implica que no hay jurisdicción privilegiada respecto de otra; es la naturaleza del crimen que se comete contra la humanidad toda lo que determina el carácter de la jurisdicción. Es decir que España no tendría que inhibirse porque haya procesos en Argentina, sólo lo haría si hubiera cosa juzgada. Pero desde luego el hecho de que se anulen las leyes de Punto Final y Obediencia Debida haría cambiar drásticamente la situación porque, sin perjuicio de esta concepción teórica o estrictamente jurídica, hay una realidad: estos juicios se desarrollaron porque no podían impulsarse en la Argentina y en la medida en que no haya ningún fraude en la realización del juicio, si efectivamente se realizaran, dejaría de tener un sentido práctico el hecho de que se sigan desarrollando en el exterior.
–¿Qué pasaría con Scilingo y Cavallo?
–A mi entender aun cuando se anularan las leyes antes de que fueran juzgado, tendrían que seguir en el proceso español. Podría ocurrir que se les abra una causa acá por los mismos delitos y que entonces el tribunal considerara si Argentina pide la extradición si los juzgará o no.
–Ustedes ya pidieron ante Garzón que insista con los pedidos de extradición. ¿Qué sería más conveniente, esperar la derogación del decreto o reenviarlos de todas maneras?
–Es una decisión del juez. Nosotros pedimos esto por dos motivos: uno porque la detención de Cavallo ha vuelto a poner en la palestra la efectividad del procedimiento en España, la necesidad de que estos crímenes sean juzgados, el reclamo universal para que así sea. Dos, porque hemos visto que había un gobierno que no va a ser impermeable a esta situación. Por el contrario, en esta promesa de regeneración de la sociedad argentina, este es un tema, a nuestro entender, vital. Además de hacer justicia, diseña un proyecto de sociedad futura. Tanto durante el gobierno de (Carlos) Menem como en el de (Fernando) De la Rúa, la decisión había sido que la Argentina continuara siendo refugio para los responsables de estos crímenes. La figura que representa Cavallo intentando escapar de México para la Argentina muestra que el único refugio que tienen es la Argentina. Pensamos que éste es un gobierno que se propone por lo menos tratar de encontrar los caminos para que la Argentina deje de ser el último aguantadero de genocidas.
–Con la Alianza también parecía que se iba a tener una actitud más permeable...
–La Alianza llegó al gobierno con un apoyo muy amplio de la población en cuanto a votos y expectativas y lo dilapidó en muy poco tiempo. El proceso que tuvieron los pedidos hechos por Garzón es paralelo al proceso de degradación del gobierno de la Alianza. Ahora está ocurriendo lo contrario: es un gobierno que subió con muy escasos votos y, sin embargo, las medidas que adopta y los mensajes que lanza le van granjeando la simpatía de la población. En la medida en que el Gobierno siga respondiendo a esas expectativas creemos que se va a fortalecer y, por ende, tenemos expectativas fundadas de que siga este camino ya sea por convicción como por conveniencia.
–Usted hacía referencia al mensaje simbólico de un discurso regenerador por parte del Gobierno, en términos simbólicos ¿cuáles son los personajes emblemáticos que podrían ser extraditados hoy?
–El máximo es Antonio Domingo Bussi. No olvidemos que él sufrió un gran golpe en el marco de este proceso cuando fueron descubiertas sus cuentas en el exterior. Bussi está en esta lista como el general Luciano Benjamín Menéndez y Alfredo Astiz. Los que están en el pedido de extradición son los principales responsables del genocidio en la Argentina: los miembros de las juntas militares, los primeros y segundos jefes del Primer, Segundo y Tercer Cuerpo de Ejército, represores de la ESMA y de la provincia de Tucumán.
–¿Cree que el aceleramiento de este proceso puede provocar alguna reacción por parte de las Fuerzas Armadas o de los militares retirados?
–Hay que preguntarse sobre la racionalidad que tiene para las actuales Fuerzas Armadas seguir insistiendo en esta línea de defensa corporativa que los hace encubridores o cómplices del genocidio. Una medida inteligente por parte de las Fuerzas Armadas sería resignarse a que no pueden seguir sosteniendo esta situación porque una y otra vez esto vuelve, la presión internacional va a ser cada vez más formidable, el éxito de la persecución universal es incuestionable. Tendrían que pensar que podrían conseguir dos beneficios: ser juzgados aquí y no tener que cumplir sus penas fuera del país y, después, que podrían generar unas Fuerzas Armadas distintas a aquellas que hundieron a este país en el marasmo en que se encuentra hasta hoy. Los militares argentinos tendrían que tomar conciencia de que son de los más desprestigiados del mundo y que en pocas sociedades las Fuerzas Armadas merecen tanto repudio de la población como en la Argentina.
–¿Qué posibilidad real existe de que avance el proceso de la Corte Penal Internacional teniendo en cuenta la presión que está ejerciendo Estados Unidos para garantizar la inmunidad de sus fuerzas en el mundo?
–Esto hay que verlo como un proceso histórico, es una criatura que acaba de nacer con forceps, que nace con la oposición de algunos de los países más importantes del mundo, entre ellos Estados Unidos. Es necesario modificar el estatuto de la Corte porque se presta absolutamente a la manipulación política. La primera definición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es decir que los soldados norteamericanos gozan de inmunidad respecto de la jurisdicción de la Corte. Es algo absolutamente vergonzoso. Está predeterminado que aunque cometan los delitos previstos en el Estatuto y los cometan en territorios de países que lo respetan, estos soldados gozan de la más absoluta impunidad. El Consejo de Seguridad puede paralizar un procedimiento o impedir su inicio, cosa que ya se ha hecho, y, además, solamente el fiscal tiene la posibilidad de impulsar la acción. Esto es grave porque si así hubiera sido en España, no hubiera habido juicio. El estatuto debe ser modificado en el sentido de que también los organismos de derechos humanos, las víctimas, las asociaciones que las representan tengan derecho a ejercer la acción penal. Por otra parte, el tribunal se define como complementario de las jurisdicciones nacionales. Es decir que para perseguir los crímenes contra la humanidad son imprescindibles las jurisdicciones nacionales. El hecho de que se haya podido cerrar con Cavallo todo el recorrido de la justicia universal demuestra que en muchos lugares del mundo se pueden encontrar los mecanismos para que estos crímenes no queden impunes.
–Se refirió antes a la posibilidad de que se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final pero, al menos por ahora, esta Corte, que está en un proceso de transición, no parece dispuesta a hacerlo...
–Toda ley y decreto que se adoptó en relación con los crímenes cometidos por la dictadura han sido con el objeto de impedir el juzgamiento de esos crímenes. Es una constante: las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y luego los decretos de Menem y De la Rúa. Permanentemente se dictaron normas en contra de la legislación penal argentina, en contra de la Constitución y de las convenciones internacionales pactadas. Estamos ante la oportunidad histórica de revertir ese proceso y que toda la legislación que se dicte o que se anule sea para aplicar la ley penal, la Constitución y los tratados internacionales. Del mismo modo que intervinieron los tres poderes del Estado para hacer posible esto, creemos que es hora de que intervengan para lo contrario. La resolución de la Corte anulando las leyes es lo que correspondería estrictamente. No es función del Parlamento anular leyes. Sin embargo, hay antecedentes en el propio Parlamento: no olvidemos que anuló la autoamnistía dictada por los militares. Se alega que lo hizo porque era un gobierno de facto, nosotros sostenemos que la situación es asimilable: el Parlamento actuó bajo la evidente presión de las armas, con su voluntad viciada. Sería entonces legítimo que anule un acto viciado de origen. Son leyes que han vulnerado la tarea de otro poder como el Judicial. El Parlamento, al anular las leyes, haría una reparación. Por otra parte, del mismo modo que un gobierno promovió esas leyes, este gobierno podría ser el gran promotor de anularlas. Sabemos que en 1998 se derogaron las leyes en un acto simbólico pero tramposo. En ese momento, el diputado Alfredo Bravo advirtió que el tema volvería una y otra vez. Para lanzar el mensaje que está lanzando el Gobierno, de crear una sociedad posdictadura, sería importante que tuviera la iniciativa política de enviar al Parlamento una ley de este tipo. Que sea una decisión del Poder Ejecutivo, que el Parlamento la ponga en práctica y que la Corte la complemente con un fallo.