Nilda Garré es la nueva embajadora argentina ante la Organización de Estados Americanos. El pliego de la ex ministra de Seguridad fue aprobado ayer en el Senado, luego de que la semana pasada la oposición se levantara de sus bancas y dejara sin quórum la sesión. Con 40 votos a favor y 25 en contra, Garré pasará ahora a ocupar el lugar en el organismo internacional que se encontraba vacante desde hace dos años. Desde la UCR, el senador jujeño Gerardo Morales denunció que la ex ministra debía devolver dos millones de pesos al Estado y reveló que realizaron una presentación judicial por supuesta “defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa y enriquecimiento ilícito”. Garré, que no había sufrido estos cuestionamientos durante la reunión de la Comisión de Acuerdos realizada semanas atrás, respondió con una detallada carta enviada al titular de la Comisión, Marcelo Guinle, quien la leyó en el recinto antes de la votación. “Este es el Senado nacional o es el show de Lanata”, retrucó el kirchnerista Marcelo Fuentes, que acusó a la oposición de utilizar el tema electoralmente.

Con la sesión abortada por la oposición la semana pasada, el oficialismo pidió pasar directamente a la votación del pliego apenas iniciada la sesión. Pero la propuesta del jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, no fue acompañada por los radicales, que pidieron la palabra para ampliar los motivos de su rechazo a la designación de Garré. “Es una vergüenza que la República Argentina tenga como representante ante la OEA a Nilda Garré, no tiene calidad moral ni idoneidad para el cargo”, le espetó Morales que junto al jefe de su bloque, José Cano, realizó una denuncia en la Justicia penal porque supuestamente “se detectaron inconsistencias entre su currículum y las declaraciones juradas patrimoniales de los años 2005 a 2011”.

Puntualmente, los senadores de la UCR le atribuyeron “duplicidad de funciones” ya que mientras se desempeñaba como ministra de Defensa, mantenía un cargo como encargada de un registro automotor de Capital Federal, el cual ejercía desde 1989. Además, según la UCR, esa situación “no figura en las declaraciones juradas” lo que consideraron como una “violación a la Ley de Ministerios, la de ética en la función pública”. Calculadora en mano, los radicales sumaron los montos anuales supuestamente percibidos por Garré por la titularidad de ese registro automotor y sentenciaron que debería devolver al Estado un millón 925 mil pesos.

En su descargo, Garré replicó punto por punto las acusaciones. Entre otras cuestiones, señaló que solicitó licencia como encargada del Registro Automotor al momento de asumir los respectivos cargos de diputada, embajadora y ministra y le explicó a los radicales que acorde a la normativa específica de esa actividad pidió la designación de una encargada suplente, la cual fue aceptada por la Dirección Nacional del Registro Automotor. Según la misma reglamentación, está previsto que durante ese período de licencia la titular del registro conserve para sí los saldos que queden a favor del Registro Seccional, luego de deducir de lo recaudado en concepto de aranceles lo que corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “En caso de ser favorables, cumplen la función de un emolumento asignado al encargado titular del Registro Seccional, no constituyen un ‘haber’ o ‘remuneración’ abonado por la administración o a cargo de ésta. Es por ello que la OA no ha objetado este ingreso en mis declaraciones juradas”, desgrana Garré en la carta enviada al Senado. Garré consignó que no percibió ningún beneficio previsional de orden nacional, provincial ni municipal y explicó que eso puede cotejarse mediante la consulta de la base de datos de la Anses. “No he incurrido, por tanto, en la situación de incompatibilidad establecida por el decreto N° 894/01, sobre acumulación de un haber previsional y un cargo remunerado en la Administración Pública Nacional”, detalló.

Más allá de la cuestión específica, el senador Fuentes encendió una réplica política: “¿Todo vale en campaña electoral?”, se preguntó el neuquino, quien sostuvo que a la idoneidad y compromiso con los derechos humanos de la ex ministra “se responde con un intento de arqueo de almacén” y el uso de potenciales. “Nuestra representante arranca con un debate de tamaña pijotería”, remató el senador oficialista. De todas maneras, el oficialismo consiguió superar entre propios y aliados el número de senadores necesarios para aprobar el pliego, luego de que la semana pasada se frustrara la votación.

La denuncia penal de los radicales ingresó al Tribunal en lo Criminal y Correccional Número 2 a cargo de Sebastián Ramos, con la intervención del fiscal Carlos Rívolo, quien en un primer momento tuvo una de las causas que investigaban al vicepresidente Amado Boudou.