EL PAíS › TRES CONDENAS POR LAS TORTURAS SUFRIDAS POR HIPóLITO SOLARI YRIGOYEN Y MARIO AMAYA
Los dirigentes radicales y defensores de presos políticos fueron torturados en la cárcel de Rawson. Amaya murió como consecuencia de los malos tratos. El ex director del penal, un ex guardiacárcel y un médico fueron condenados.
El tribunal oral federal de Comodoro Rivadavia condenó a tres represores por las torturas aplicadas durante la última dictadura, en el penal de Rawson, a los dirigentes radicales Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya, quien murió a causa de los tormentos.
Los jueces Nora María Teresa Cabrera de Monella, Luis Alberto Giménez y Ana María D’Alessio impusieron 23 años de prisión a Osvaldo Jorge Fano, ex director de la cárcel de Rawson, como coautor de tormentos doblemente agravados, por ser las víctimas perseguidos políticos y porque el primero murió como consecuencia de las torturas. El ex guardiacárcel Jorge Osvaldo Steding fue condenado a 17 años de prisión y el médico Luis Eduardo García recibió, como encubridor, dos años de prisión de cumplimiento efectivo.
Según dieron por acreditados los jueces, el 11 de septiembre de 1976, durante las primeras horas de la tarde, Amaya y Solari Yrigoyen y otros presos políticos llegaron a la Base Aeronaval Almirante Zar, de la ciudad de Trelew, desde Bahía Blanca, donde estaban secuestrados. Los bajaron del avión –tenían las manos atadas a sus espaldas y los ojos vendados– a golpes y patadas y fueron subidos, también a los golpes, a un camión que los llevó a la cárcel de Rawson. Al llegar allí, también fueron sometidos a una violenta y prolongada golpiza por parte del personal de requisa.
Mientras estuvieron en la cárcel fueron constantemente amenazados de muerte, hostigados y sometidos a tormentos. Mientras recibía los castigos, Amaya, que sufría de asma, suplicaba que se le suministraran sus medicamentos y el inhalador. En una oportunidad, esta petición fue respondida por un agente penitenciario, quien le habría dicho que “el mayor le iba a dar el inhalador”, en supuesta referencia al mayor Carlos Alberto Barbot, entonces jefe del Area Militar 536. Algunos compañeros que pudieron verlo, en las escasas oportunidades en que era sacado de la celda, relataron que tenía un tajo muy grande y profundo en la cabeza “y toda la cabeza como partida”. Juan Rodolfo Acuña narró que oyó los golpes que le daban y que vio a Amaya “agonizar” en el pabellón 8, donde le echaban agua en la celda para que tuviera que dormir mojado. El 28 de septiembre de 1976, Amaya fue trasladado en muy grave estado de salud al Hospital Penitenciario Central de Villa Devoto. Allí falleció, el 19 de octubre.
Antes de llegar a Rawson, Amaya y Solari Yrigoyen –que habían sido diputado y senador por la UCR y habían defendido a presos políticos– habían sido secuestrados en sus domicilios de Trelew y Puerto Madryn y llevados al centro clandestino de detención de Bahía Blanca La Escuelita. “Allí fui atado a los fierros de una cama de pies y manos, no había colchón y estuve varios días. A una chica la vejaba continuamente un oficial del Ejército y le preguntaba si le gustaba lo que le hacía y la chica lloraba. Otro episodio fue que encontraron hablando a un detenido y le dispararon un tiro y el oficial dijo ‘Este no va a molestar más’. Yo estaba encapuchado”, contó Solari Yrigoyen durante su declaración. También relató la última vez que vio a Amaya: “Nos sacaban para ir al baño y ahí lo vi, con una herida muy seria en la cabeza. Le dije: ‘¿Qué tal, Petiso, cómo estás?’. Y él me contestó: ‘Mal, muy mal’ y también me dijo: ‘Vos estás todo negro”, ya que estaba negro de los golpes que había recibido”.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia consideró que “los malos tratos descriptos fueron realizados en cumplimiento de órdenes emanadas del gobierno de facto encabezado por Jorge Rafael Videla que el director de la cárcel Jorge Osvaldo Fano, entre otros más, como el oficial Steding, transmitió a sus subordinados a los efectos de su cumplimiento, dentro de un plan sistemático y general de represión contra la población civil llevado a cabo en centros de detención”. Respecto de García, señaló que “como médico y funcionario del Servicio Penitenciario Federal tuvo conocimiento de las condiciones en que se desarrolló la estadía de estas dos víctimas en la unidad carcelaria y no lo comunicó como era su deber”.
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