“Esto es el Chaco, los porteños salen con los huesos rotos, acá no hay derechos humanos.” Así le dieron los agentes penitenciarios la bienvenida a la Unidad 7, en territorio chaqueño, a un detenido que había sido enviado desde otro penal en Buenos Aires, para hacerlo sufrir el destierro y la lejanía de su familia. La advertencia era tan solo el postre, ya que apenas llegó lo obligaron a desnudarse y hacer flexiones de brazos mientras lo filmaban. Luego le pusieron esposas y lo molieron a golpes de puño con patadas en las costillas y los riñones. Es uno de decenas de testimonios similares que recogió la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) en sus dos inspecciones en esa cárcel. La segunda se hizo la semana pasada, junto con el juez de Ejecución Penal porteño Marcelo Peluzzi, quien después de ver con sus propios ojos el estado de extremo deterioro del penal, encontrar varios presos golpeados y con fracturas de las requisas y presenciar episodios de violencia, ordenó cerrar dos pabellones para que sean reparados y habitables.

En una resolución anterior, el juez Peluzzi había prohibido que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) siguiera trasladando al Chaco a detenidos que están a su disposición en Buenos Aires. La Unidad 7 es una cárcel de máxima seguridad, donde se supone que se aloja a acusados de delitos graves, pero se convirtió en un sitio donde detenidos de otras ciudades son enviados a modo de castigo, aunque el SPF suele argumentar que lo hace por falta de lugar en otras dependencias. Pero ésa es sólo una arista del diagnóstico que la Procuvin –a cargo de Abel Córdoba– y Peluzzi hicieron de la prisión chaqueña. En la resolución que ordena cerrar, para repararlos, los pabellones 5 y 6, a más tardar en diez días, “por las pésimas condiciones de higiene, salubridad y habitabilidad”, el juez enumera tres casos graves recientes de presos que terminaron hospitalizados con heridas severas producto de situaciones de violencia, uno de los cuales falleció.

Los 15 pabellones de la Unidad 7, donde hay cerca de 400 presos, apenas tienen algo de luz natural. Las paredes están descascaradas, carcomidas, el olor es nauseabundo en todas partes. Los presos orinan en botellas de plástico y defecan en bolsas, que a veces quedan por ahí. Con suerte comparten una ducha entre treinta. Las actas de la Procuvin describen una “suciedad extrema”, “presencia de insectos”, “roedores”, basura”, “grifos rotos”, “pérdidas de agua”.

Las requisas a las que son sometidos suelen incluir golpizas feroces, lo que explica que en la inspección el juez Peluzzi y el coordinador del área de Encierro de la Procuvin, Roberto Cipriano, hayan encontrado a seis jóvenes con golpes en todo el cuerpo y algunos de ellos con los huesos rotos. “Especialmente con fracturas en las manos, porque se cubren de los golpes”, explica Cipriano a Página/12. “Como hay tantos presos de Buenos Aires y la dificultad de comunicación, se pelean por el teléfono, que es uno solo. Los agentes los dejan que terminen de pelear y después entran a reprimir, con bastones, escudos y gas pimienta que les tiran en la boca”, describe. Otras situaciones de castigo corporal, dice, están dirigidas a los reclusos que reclaman traslados o que denuncian a los penitenciarios.

Cuando allanan o inspeccionan un penal, los funcionarios de la Procuvin entrevistan a los presos, sin obligación de que den su nombre. Así fue que se encontraron con el relato de un detenido con el hombro desgarrado por el esfuerzo que tiene que hacer para alcanzar la comida que le dejan lejos, tras la reja de su celda. Algunos cuentan cómo les rompen las fotos familiares como escarmiento o sus pertenencias. Otros, que durante el mes sólo los dejan salir media hora al patio a ver la luz. Incluso, hubo presos que denunciaron que les han llegado a aplicar submarino seco con una bolsa negra. “Nada de esto tiene que ver con el espíritu resocializador de la pena. Los presos piden irse de ahí, entonces tampoco quieren hacer trabajos o estudiar para no anclarse, y caen en mala conducta. Es perverso el sistema”, advierte Cipriano.

Uno de los primeros episodios que llevaron a la Procuvin a actuar en Chaco fue la denuncia sobre torturas aplicadas a dos hermanos y la violación de uno de ellos. Pasaron diez días de burocracia del SPF y la Justicia hasta que los sacaron de ahí. El fiscal de Resistencia, Carlos Amad, pidió la detención de siete penitenciarios a fin de junio, pero no hubo resolución judicial aún. En otro caso, un preso avisó que le habían dado un cuchillo para matar a otro. Quince días le costó a la Procuraduría que lo llevaran a otro penal. A un detenido que denunció la golpiza que le propinaron el día que llegó a la Unidad 7, el juez Carlos Skidelsky le tomó declaración y no hizo más nada. El Tribunal Oral 6 porteño dijo que trasladarlo, más allá de la gravedad, era decisión del SPF.

El titular de la Procuvin, Abel Córdoba, considera que “todo espacio que los jueces dejen en manos de los ejecutores penitenciarios serán focos de violencia, torturas y muerte”. Por eso, ponderó la resolución del juez Peluzzi, ya que “marca un cambio en la práctica judicial de dejar hacer a costa de la integridad de las personas, muchas de las cuales son encarceladas sin más prueba que un acta policial”. “Los jueces tienen facultades y deben modificar esta situación”, agrega.

En el SPF dicen que acatarán las resoluciones de Peluzzi y asumen que la cárcel chaqueña es una de las más problemáticas y con más altos niveles de violencia. “Queremos cambiar esta situación”, dijo Víctor Hortel, titular del SPF, consultado por este diario. “Pero no es algo que se pueda hacer repentinamente, si no corremos el riesgo de convertir a los presos en rehenes del servicio. Adherimos a la Campaña contra la Tortura, tenemos acciones en ese sentido y tratamos de apoyar a la Procuvin”, sostuvo.