El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a diez años de prisión al ex subcomisario de la Policía Bonaerense Domingo Luis Madrid y a su esposa, María Mercedes Elichalt, por la apropiación ilegal de una niña nacida en cautiverio en 1976. Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus condenaron también a la médica Silvia Marta Kirilosky, que firmó el certificado de nacimiento falso, a la pena de cinco años y medio de prisión. La víctima es Elena Gallinari Abinet, hija de dos militantes montoneros secuestrados y asesinados durante la última dictadura. Elena fue en 1987 la primera nieta nacida en un centro clandestino (aún no identificado) que recuperó su identidad y pudo criarse con su verdadera familia.

María Leonor Abinet era maestra, militó en los inicios de Ctera, desde 1972 en las FAR, y tras la fusión con Montoneros en la rama gremial de la JTP. Fue secuestrada el 16 de septiembre de 1976 con un embarazo de siete meses en la pensión de Caseros donde vivía con dos hijas de 7 y 9 años de su primer matrimonio. Horas antes había sido secuestrada su madre, Leonor Alonso. Luego de tres días de cautiverio, los represores le dieron a la madre un rosario y una cruz hechos por su hija y la liberaron. “Suavemente me avisaron que si decía algo me matarían”, relató en Botín de Guerra.

El compañero de Mara, como le decía su familia, era Miguel Angel Gallinari, Bocha para sus amigos. Era obrero metalúrgico y delegado en los Talleres Electromecánicos Norte S.A. (Tensa). Militaban en Zona Norte y Oeste y sus compañeros los conocían como Pedro y Mafalda. Gallinari fue secuestrado por el Ejército en junio y trasladado a un centro clandestino que podría ser Campo de Mayo. A los tres días logró escaparse del baúl de un auto y volvió con su mujer a Los Polvorines, pero poco después volvió a caer. El 21 de julio su cuerpo apareció en un baldío de San Antonio de Padua y fue enterrado en un cementerio de Merlo.

Tras un breve exilio, Leonor volvió al país, se acercó a Madres y Abuelas e intensificó la búsqueda de su hija y del niño/niña a quien sus padres decidieron llamar Elena o Silvano. En 1986, el año en que dejó su muestra en el Banco Nacional de Datos Genéticos, Abuelas pudo confirmar que la niña que criaba Madrid, investigado desde 1981, era hija de desaparecidos. El 21 de abril de 1987 la Justicia le notificó la identificación, y Elena, con diez años, conoció a su familia.

“Sí, soy de ustedes”, dijo la niña con su delantal café con leche en el despacho del juez luego de mirar uno por uno a abuelos, tíos y primos. La frase la recordó el martes su tía María Magdalena Abinet. “A mi hermana le quitaron la posibilidad de ver crecer a sus hijas, de criarlas. Y le quitaron la vida cruelmente con un tiro en la nuca, porque no la pudieron mirar a la cara”, explicó. Los restos de Leonor, enterrada en el cementerio de San Martín, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2009. En los registros figuraba como NN, “muerte violenta” como causa, ocurrida en Ciudadela el 2 de febrero de 1977.

Los apropiadores le decían a la niña que la habían “encontrado abandonada en un baldío”, contó Elena el lunes. “Viviendo con los Madrid tenía muchas pesadillas, soñaba con manos que me agarraban”, relató. “Tengo el recuerdo de haberme dicho que yo había nacido en la comisaría 5ª de La Plata. Siendo niña encontré un portafolio con fotos de mujeres tiradas en el piso y todo eso me lleva a sospechar que él sabe dónde nací”, dijo en referencia a Madrid, y le pidió “un gesto de humanidad”.

Ayer, al hacer uso de sus últimas palabras, Madrid insistió en que un compañero de la Brigada de Investigaciones de La Plata le entregó a la beba y no dio ningún dato sobre el lugar donde estuvo secuestrada Leonor ni dónde nació Elena. Un indicio clave es que su hermano, a quien eligió como padrino de la niña, es el comisario José Félix Madrid, un represor procesado por el juez Daniel Rafecas por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Protobanco o Puente 12. Abuelas registra varios casos de entregadores distinguidos como “padrinos” de sus trofeos de guerra. Madrid usó las últimas palabras para pedir disculpas a la familia biológica por los obstáculos que generó durante el proceso de identificación. “Pensábamos que los estudios estaban mal hechos, no fue con ánimo de perjudicar a nadie. Sólo queríamos saber si estaba con su familia biológica”, dijo.

La sentencia se leyó poco antes de las once de la noche. Antes de enumerar los delitos, los jueces destacaron que las condenas eran primero “por complicidad en el genocidio perpetrado en la última dictadura militar”. Apuntaron que diez años de prisión es la pena máxima prevista en la legislación de la época para la sustracción, retención y ocultamiento de un menor, la supresión de identidad y la falsedad ideológica de instrumento público.