En sintonía con el discurso del presidente Néstor Kirchner en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, el juez español Baltasar Garzón reiteró ayer el pedido de detención contra 46 represores argentinos procesados en Madrid por genocidio, terrorismo y torturas. Si el reclamo prospera, Alfredo Astiz, Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros, podrían ser extraditados, a menos que sean juzgados en la Argentina. El magistrado, además, impuso a los acusados un embargo preventivo por más de dos mil quinientos millones de euros. Para que la demanda se materialice, el Gobierno aún debe derogar, y se supone que lo hará, el decreto 1581/01 con el que Fernando de la Rúa decidió que se rechazaran todos los pedidos de extradición, aun antes de examinarse.
El proyecto para anular el decreto antiextradición está a la firma de Kirchner. Una vez que los nombres del titular del Poder Ejecutivo y sus ministros figuren al pie de ese escrito, varios militares estarían en condiciones de viajar a Madrid, pero antes atravesarían por un largo proceso judicial.
El pedido que hizo Garzón a través de Interpol quedaría a cargo de la Justicia federal. Los pasos que debería seguir el trámite son: un magistrado estimaría si las extradiciones deben o no efectuarse. Si la Justicia –puede llegar a la Corte Suprema– niega la demanda, el proceso se termina; si la acepta, el Poder Ejecutivo debe ratificarla o rechazarla.
“El tema está bajo análisis. El Presidente lo está evaluando y será él quien tome una decisión, pero lo hará en el momento que considere más oportuno”, dijeron ayer voceros de la Casa Rosada. Lo que transmiten estas palabras es un cierto disgusto oficial porque consideran que Garzón se apuró a enviar los pedidos de detenciones, justo cuando Kirchner está a punto de viajar a España. En Madrid, periodistas y analistas adjudicaban la rapidez del magistrado al discurso que dio Kirchner el lunes en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas. “El reencuentro (de los militares y la sociedad) no debe venir del silencio y la complicidad”, dijo el Presidente y no muchos uniformados aplaudieron.
El desagrado del Gobierno provenía de que se esperaba que el reclamo de Garzón llegara luego de que se fijara oficialmente la posición sobre el tema y, en particular, que se pudiera modificar la Ley de Cooperación en Materia Penal para permitir que los represores tuvieran la oportunidad de estar en libertad mientras se sustancie el juicio de extradición, que puede ser muy largo.
El proyecto del nuevo decreto que anulará el 1581 incluye una iniciativa para que el Congreso reforme esa norma. Esa ley, que rige las extradiciones, establece que los acusados no pueden ser excarcelados mientras dure el proceso. Sin embargo, esta corrección no es del todo necesaria. El tratado de extradición entre la Argentina y España señala que el magistrado puede conceder la libertad del requerido mientras se lleve a cabo el juicio. Un especialista en este tema aclaró a Página/12 que, además, la norma que impide las excarcelaciones ya fue declarada inconstitucional por distintos tribunales del país, incluida la Corte. De hecho, en 2001, el juez Gabriel Cavallo concedió la libertad provisoria de varios represores pedidos por Garzón –cuya extradición luego se trabó con el decreto 1581/01– pero ordenó el arresto del ex juez Víctor Brusa porque se fugó.
Algo que podría complicar la libertad provisoria de los militares es el embargo preventivo dictado por Garzón. Cuando un juez concede la excarcelación, se hace a cambio de una fianza. Ahora ese monto podría quedar en manos de la Justicia para siempre.
“No hay que dramatizar, hay que dejar actuar a la Justicia. Eso es lo que ha dicho el Gobierno que va a hacer y eso es lo que corresponde. Estos pedidos de detención llegarán a través de Interpol y por lo tanto irán al juez de guardia. El Gobierno sólo debería intervenir cuando lleguen lospedidos de extradición. Para nosotros es importante que sean arrestados, por los delitos horrendos por los que están acusados, pero eso lo decidirá un juez argentino y se lo comunicará a Garzón”, aseguró Carlos Slepoy, abogado de la Acusación Popular en el juicio español contra los militares que violaron los derechos humanos durante la última dictadura.
El escrito que firmó ayer el magistrado español, y que llegará al país en pocos días, es una reiteración del que el magistrado envió a la Argentina el 30 de diciembre de 1999. Ese pedido estuvo a cargo del entonces juez Gustavo Literas, quien lo demoró y fue funcional al deseo del gobierno de la Alianza, que lo terminó trabando. Ese reclamo incluía al dictador Leopoldo Galtieri y al marino Francis William Whamond, quienes fueron quitados de la lista porque fallecieron. Ayer Garzón añadió un embargo preventivo a los procesados (es para los 98 represores en esa condición) por 2.648.305.000 euros. La cifra está basada en el fallo de la Corte Suprema en el caso Tarnopolsky, con el que se indemnizó a un sobreviviente de una familia de desaparecidos. Esta medida implica que no debería ser el Estado sino los responsables y autores de los crímenes quienes reparen económicamente a las víctimas.
Varios represores incluidos en la solicitud del juez español están siendo juzgados acá, lo que sería un impedimento para su traslado. Ese es el caso, por ejemplo, de Jorge Rafael Videla, Carlos Guillermo Suárez Mason, Emilio Eduardo Massera y Héctor Antonio Febres, quienes están procesados por su responsabilidad en el plan sistemático para apropiarse de los hijos de desaparecidos. Pero los acusados que están libres deberían ser llevados ante Garzón a menos que en la Argentina se anulen definitivamente las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.