Los represores Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, condenados en San Juan, se fugaron el jueves del Hospital Militar Central.
Imagen: DyN.

El gobierno nacional dispuso una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero de los militares retirados Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, que sonrieron hace tres semanas al escuchar su condena por delitos de lesa humanidad y se fugaron el jueves del Hospital Militar Central Cosme Argerich. La causa está a cargo del juez federal Claudio Bonadío y quien aparece con un rol protagónico en el proceso que derivó en la fuga es la esposa de Olivera, la psicóloga Marta Ravasi, empleada hasta ayer del área de salud mental del Argerich y quien gestionó en San Juan una insólita autorización para justificar un traslado de mil kilómetros por problemas psiquiátricos y dermatológicos. Distintas carteras del Ejecutivo denunciaron a los jueces que ordenaron el traslado, a los agentes del Servicio Penitenciario Federal responsables de custodiar a los presos y a militares del Argerich. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, decidió el pase a retiro y relevo de siete militares que ocupaban cargos de conducción en el hospital (ver recuadro). El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, pasó a disponibilidad a siete penitenciarios, ordenó que el SPF no traslade a ningún represor a ningún centro de salud militar y le solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, una acordada para que ningún juez envíe a represores procesados o condenados a unidades médicas de las Fuerzas Armadas.

El trasfondo de la fuga incluye actores del Poder Judicial, militares, médicos y penitenciarios. La señora de Olivera, militante católica que despotrica contra los “zurdos” y “el marxismo” y está sospechada de haber sido informante del Ejército durante la dictadura (ver recuadro), habría iniciado la gestión del traslado ante el juez federal sanjuanino Leopoldo Rago Gallo, un encumbrado miembro de la familia judicial cuyana que supo encabezar su amigo personal Otilio Romano (el ex camarista que se fugó a Chile para no ser detenido por su rol en la dictadura) y uno de los primeros jueces en pronunciarse contra la aplicación de la ley de medios. Una alta fuente oficial contó que Rago Gallo recibió de manos de Ravasi los certificados del Hospital Militar pidiendo la derivación de los represores, armó los expedientes y antes de iniciar la feria judicial dejó redactadas las resoluciones con las órdenes de traslado, que firmó finalmente el juez que lo subrogó, Miguel Angel Gálvez. En el caso de Olivera se invocaron problemas dermatológicos, y psiquiátricos en el de De Marchi, patologías que no implicaban riesgo de vida y no justificaban ningún traslado, destacó ayer en un comunicado el Ministerio de Justicia.

Olivera y De Marchi, condenados el 4 de julio último a prisión perpetua y 25 años de cárcel respectivamente, fueron trasladados más de mil kilómetros hasta el penal bonaerense de Marcos Paz. Desde allí, el jueves a primera hora salieron rumbo al Hospital Militar bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. Según la denuncia que presentó ayer el director del SPF, Víctor Hortel, “personal de Seguridad y Traslados” entregó a los represores “al personal del hospital en la sala de atención que ese nosocomio dispone en el tercer piso para detenidos por delitos de lesa humanidad”. “Luego de ser llevados a los consultorios correspondientes, se advirtió que los internos nombrados no se encontraban en la sala donde debían estar”, agrega. “No obstante procederse a una búsqueda exhaustiva por las instalaciones del citado hospital, la misma fue infructuosa, constatándose la evasión de ambos internos”, concluye el relato de los hechos. Además de la investigación de los penitenciarios y de los jueces sanjuaninos, Hortel pidió que se investigue “al personal del Hospital Militar, ya que el mismo no colabora operativamente ni en la adopción de recaudos de seguridad”, apuntó, y enfatizó que “no es posible descartar que personal del mencionado hospital haya incluso prestado colaboración, toda vez que un familiar de Olivera cumple funciones en el referido nosocomio”, en referencia a la psicóloga Ravasi.La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) dispuso el congelamiento de los bienes de los prófugos.

Por la tarde, en otro comunicado, Alak informó sobre la firma de la resolución por la cual el Ejecutivo dispuso ofrecer una recompensa de dos millones de pesos a quienes brinden “información determinante para la detención” de Olivera o De Marchi. El ministro le solicitó a la Corte Suprema, en tanto, que instruya a todos los tribunales inferiores para que no dispongan traslados a ningún hospital dependiente de las Fuerzas Armadas de civiles o militares procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad. “Se ha advertido que gran parte de esos traslados ordenados judicialmente no revisten criterios médicos suficientes que justifiquen la atención en dichos nosocomios y el correspondiente operativo de seguridad y traslado”, escribió Alak, y pidió que sean derivados al Hospital Penitenciario Central del Complejo Federal I de Ezeiza, que “está dotado de las especialidades médicas de mediana y alta complejidad, junto con una adecuada infraestructura de seguridad penitenciaria”. “Ante la eventualidad de que un detenido requiera la asistencia de un especialista que no revistiera en la planta del Hospital Penitenciario de Ezeiza, sugerimos que sea el profesional médico quien se traslade hasta la unidad penitenciaria”, solicitó.

El Ministerio de Justicia explicó ayer que “para no incurrir en los delitos de desobediencia o violación de los deberes de funcionario público”, el SPF cumplió con la orden del traslado “a pesar de que se presentaba como injustificada, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad”. Consumada la fuga, ayer instruyó a esa fuerza para que no vuelva a trasladar a ningún represor detenido al Cosme Argerich y ordenó que se apelen las decisiones en ese sentido. Los ministerios de Justicia, Defensa y Salud anunciaron además que firmarán el lunes un convenio de creación de una comisión médica para que evalúe el estado de todos los detenidos por crímenes de lesa humanidad internados en centros hospitalarios de las Fuerzas Armadas, para luego determinar si deben permanecer allí o pueden ser trasladados al hospital de Ezeiza o a cárceles comunes

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