El miércoles comienza en Formosa el segundo juicio oral por crímenes de lesa humanidad. Serán juzgados nueve represores por el secuestro de 74 víctimas. Pero entre los acusados no estará el imputado principal: Angel Spada, ex jefe de Inteligencia del Regimiento de Infantería de Monte 29, donde funcionó la Jefatura del Ejército y uno de los principales centros clandestinos de la provincia. Spada había sido detenido en septiembre de 2012 por un pedido de la Justicia italiana. No fue extraditado porque tenía causas pendientes en Chaco y Formosa. Pese a la oposición de las querellas y fiscales, la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria. Cuando finalmente ordenaron la detención de todos los acusados porque estaba por comenzar este juicio –en junio de este año– a él no pudieron encontrarlo. El hombre sobre el que pesa una captura nacional e internacional, fiel a la tradición de los espías, aparece vinculado en su actividad privada con una empresa de seguridad en Chaco. Los fiscales ayer esperaban que el Ministerio de Justicia disponga el monto de la recompensa que puede ofrecer el Estado para quien dé información, convencidos de que aún puede estar escondido muy cerca.

Pese al mal trago, para los organismos de derechos humanos de Formosa el comienzo de este juicio es importante en varios sentidos. Por primera vez será juzgado en debate oral un número representativo de represores, dado que el primer juicio, de 2009, sólo se hizo por un único imputado, el ex interventor del gobierno militar, general Juan Carlos Colombo, que fue condenado a 25 años de prisión como jefe de una asociación ilícita, secuestros y tormentos agravados seguido de muerte y desaparición forzada. Colombo, que “no estuvo ni un solo día en una cárcel común”, como dicen los integrantes de las organizaciones, murió en prisión domiciliaria este año, el mismo día que su amigo y el hombre que lo designó en el cargo: el dictador Jorge Rafael Videla. El juicio es importante además porque puede abrir una vía para avanzar sobre responsabilidades aún pendientes, como las de los integrantes de la Justicia federal, dado que muchas de las víctimas eran delegados de la asociación de abogados e integrantes del Poder Judicial.

En términos de cargos, los acusados llegan a juicio por privación ilegal de la libertad, tormentos y en cuatro casos por la figura de privación ilegal de la libertad agravada en función de la desaparición forzada. Otro dato importante es la representatividad, porque los acusados pertenecen a todas las fuerzas del esquema represivo. Son los oficiales del Ejército Hugo Kishimoto y Faustino Blanco Cabrera; el suboficial Juan Carlos Camicha; el comandante de Gendarmería Nacional, Mario Osvaldo Sosa; y los que integraron la Policía provincial: comisario Anselmo Alvarez, ex jefe de la institución, y los suboficiales Sergio Gil, Luis González, Félix Oscar Romero y José Medina, miembros de la guardia del Destacamento de Colonia San Antonio, conocido como La Escuelita, ubicado en la capital de Formosa.

En Formosa existieron dos centros clandestinos principales: el RIM 29, con tres centros de detención, y el Destacamento de Colonia de San Antonio, que recibió el nombre de La Escuelita porque estaba cerca a una escuela, de la que los cautivos escuchaban las campanas. Hubo otros lugares, según explica Alejandra Carrizo, de la querella de la APDH: la Comisaría 2ª y el Escuadrón 15 de Gendarmería Nacional. Las víctimas pasaron por estos lugares, que aparentemente se habían especializado en las distintas agrupaciones políticas.